La comisión informa al procurador que el Protocolo de Estambul sólo detecta el flagelo
La tortura no desaparece por decreto, responde la CNDH a Cabeza de Vaca
Se investiga a PGR, AFI y PFP por 150 denuncias de tratos crueles y degradantes
La tortura es una práctica común en el país, pese a lo dicho por funcionarios, quienes creen que el flagelo puede erradicarse por decreto, sostuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en respuesta tanto al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, como al vocero presidencial, Rubén Aguilar, quienes manifestaron que "el gobierno combate la práctica de la tortura con el Protocolo de Estambul".
La tortura, sostiene la CNDH, es una práctica que se resiste a desaparecer y hay funcionarios del gobierno federal que "subestiman la gravedad de las violaciones denunciadas, y confunden el uso de un manual internacional de procedimientos para detectar -no para prevenir- los casos de tormento, el denominado Protocolo de Estambul, con las necesarias medidas preventivas y de reparación del daño, frente a esa práctica atroz".
Por otro lado, en entrevista, el primer visitador de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, aseveró que "la práctica de la tortura es una realidad, tanto que este año estamos investigando 150 casos en los que las quejas refieren tratos crueles y degradantes, y que implican tanto a elementos de la Procuraduría General de la República como a miembros del Ejército Mexicano".
En todo el país, apuntó Plascencia Villanueva, "hemos encontramos numerosas denuncias en las que el modus operandi del servidor público se identifica. Afecta a inocentes, a quienes cometieron una falta administrativa y a quienes han incidido en un delito; esto lo podemos demostrar con dos informes especiales que emitió este órgano nacional de defensa de los derechos humanos.
"Uno, es el caso de los hechos de violencia en Guadalajara, Jalisco, con los altermundistas. Algunos de ellos cometieron faltas administrativas y otros sí realizaron delitos, pero se les detuvo a decenas y a todos se les dio el mismo trato; encontramos 19 casos de tortura, y la mayor parte de los detenidos fueron dejados en libertad porque no se logró acreditar que habían cometido algún ilícito.
"Otro es el caso de las mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde encontramos que a la mayor parte de los detenidos manifestaban haber sido objeto de tortura, incluso logramos demostrar, y ahí están los casos, que hubo arrestados que fueron sometidos a quemaduras, incluso en los testículos, y después se demostró que su detención había sido arbitraria."
Plascencia Villanueva abundó en la entrevista que hay una cifra negra de tortura y un subregistro. Las estadísticas son indicadores de los estados o lugares donde esa práctica es recurrente, pero en el caso de Yucatán, que de acuerdo con las cifras disponibles ocupa el último lugar en el delito de tortura, "ahí hay que tener cuidado, no es un indicativo real porque en ese estado no había ley para prevenir y sancionar la tortura, sino hasta febrero del año pasado, cuando se aprobó; entonces ese delito no se podía tipificar porque no existía en su legislación estatal ni es su código penal".
Plascencia Villanueva insistió en que "la tortura está presente en todo el país. Hay quejas, denuncias, recomendaciones en todos los estados, y si la CNDH investiga 150 casos, es sólo un ejemplo. ¿Quiénes son los acusados?, los que siempre se señalan, en este caso, como es del ámbito federal, militares y agentes de la Agencia Federal de Investigación, de la Policía Federal Preventiva y otros".
El primer visitador de la CNDH, que tuvo a su cargo las investigaciones de las desapariciones de la denominada guerra sucia, y los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, así como el informe especial de los hechos de violencia de Guadalajara, Jalisco, señala: "es indudable que se han hecho esfuerzos para combatir la tortura, pero también es cierto que no han sido suficientes para garantizar que esta práctica se abata completamente y desaparezca en el país".
El funcionario recordó que fue la propia CNDH, en 1991, la que propuso una reforma legal para crear la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, y "a 14 años de distancia nos damos cuenta que hay que seguir avanzado sobre la base de un marco jurídico que ha demostrado su ineficacia y, por otra parte, ante un fenómeno que continúa. La tortura es una realidad social".
Plascencia Villanueva sostiene: "las leyes por sí mismas no resuelven el problema; en este caso concreto de la tortura, la reforma legal hará su parte, pero la modificación de prácticas administrativas internas hará lo suyo, todo esto vinculado con una capacitación y una formación adecuada de los servidores públicos, sobre todo los que se desempeñan en el ámbito de la seguridad pública".
Para combatir realmente la tortura en el país "nos encontramos con la necesidad a escala nacional de pasar a una definición que sea la misma para todo el país, y también su sanción, y eso requiere una reforma a toda la legislación nacional".