Bolivia: las amenazas de Washington
El probable arribo a la presidencia de Bolivia el próximo 18 de diciembre del líder cocalero indígena Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), no sería el resultado de una campaña mercadotécnica ausente de propuestas como las que están en boga. De producirse, este hecho trascendental obedecería a la intensa lucha de los indígenas y los sectores populares bolivianos por el rescate de sus recursos naturales y en rechazo al sistema tradicional de dominación del imperialismo estadunidense y la oligarquía sobre el país andino. Todo indica que Evo superará ampliamente en votos a Jorge Quiroga, candidato de Washington. Pero la singular ley electoral boliviana obliga a que se decida en el Congreso, donde el MAS casi seguramente no tendrá mayoría, quién ocupará la jefatura del Estado en caso que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los sufragios. Aun así es difícil que los partidos de la oligarquía se atrevan a bloquear a Morales, porque hacerlo llevaría a una gran sublevación de masas. Las movilizaciones populares en Bolivia han derribado ya a los presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Losada, en 2003, y Carlos Mesa, en junio de este año, y han conseguido otras importantes victorias, como en la guerra del agua, de 2000. A la salida de Mesa, el movimiento popular aceptó la designación por el Congreso de Eduardo Rodríguez como presidente transitorio, con la condición de que convocara a elecciones generales anticipadas en un plazo de seis meses. La oligarquía ha recurrido posteriormente a argucias legales, con la complicidad de la Corte Constitucional, para cancelar o diferir las elecciones, pero éstas han sido frustradas por la presión popular. Con un decreto presidencial de Rodríguez el camino quedó despejado para que los comicios puedan celebrarse.
El miedo de la elite boliviana y del gobierno de George W. Bush a una presidencia de Morales no es gratuito. Se basa en el cambio político que podría operar tanto dentro de Bolivia como en un cuadro regional ya desfavorable para Estados Unidos, como se vio en la reciente cumbre de Mar del Plata. El MAS ha tejido una amplia red de alianzas de fuerzas populares disímiles en torno a la candidatura de Morales, asentada en tres puntos fundamentales: rechazo a las políticas neoliberales y al libre comercio, nacionalización e industrialización de los hidrocarburos como detonante del desarrollo económico y social, y convocatoria a una Asamblea Constituyente que otorgaría una mayor influencia en el Estado a los sectores tradicionalmente marginados. Pero la eventual elección de Morales a la presidencia no aseguraría por sí sola el cumplimiento de este programa. Para torpedearlo, Washington se empleará a fondo y utilizará el apreciable poder que conservará la clase dominante local en las ramas legislativa y judicial. Es elocuente que el Pentágono haya forzado la entrega de los cohetes tierra-aire del ejército boliviano.
Bolivia está al borde de la bancarrota porque el capital internacional se apodera de gran parte de las riquezas que produce y corre el riesgo de ser desmembrada por los intentos separatistas de la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra, que se intensificarán ante la eventual victoria de Morales. Bajo el ala de la oligarquía cruceña se ha cobijado un gran sector de la clase dominante tradicional del occidente del país, que ha perdido gran parte de su ascendencia política. La elite de Santa Cruz no se ha visto sometida a un desgaste igual al de sus congéneres occidentales en virtud del origen migratorio de buena parte de la población de la zona oriental, lo que no ha propiciado hasta ahora el desarrollo de grandes movimientos de rebeldía en esa parte del país. En suma, el polo oligárquico nucleado en Santa Cruz es el instrumento de los reiterados intentos de Washington por impedir el ascenso de los movimientos sociales al gobierno en la persona de Evo Morales. El separatismo cruceño está motivado por la intención de llevarse consigo los ricos yacimientos de gas de Tarija, donde el apoyo a Morales es mínimo. Ello privaría al pueblo boliviano del recurso más importante para llevar a cabo un programa de redistribución de la riqueza en el país cuya población sufre más pobreza en América del Sur. Por eso, acaso el mayor desafío que enfrentaría una victoria popular en las elecciones bolivianas es el de una guerra civil para justificar una intervención militar promovida por Washington.