Formaliza Fidel Castro paquete de medidas en la nueva política económica y social
Incremento sin precedente a tarifas de luz en Cuba; aumento a salarios y pensiones
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Trabajadores reparan l�as de electricidad en La Habana, ayer, tras el anuncio del paquete de medidas econ�as que incluye un fuerte incremento a las tarifas de luz en Cuba FOTO Ap
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La Habana, 23 de noviembre. El gobierno de Cuba decretó hoy un aumento de tarifas de electricidad sin precedente en cuatro décadas y elevó salarios, pensiones y bonos de ayuda a la población más pobre, en el arranque de un drástico plan dirigido a restructurar el modelo económico surgido de la crisis de la década pasada.
La cascada de decisiones, formalizada hoy en paquete, era esperada desde que el presidente Fidel Castro anunció un nuevo enfoque de la política económica y social, en sendos discursos del 28 de octubre y el 17 de noviembre últimos.
En esencia, Castro ofreció entonces a los cubanos que en el futuro podrán vivir de sus salarios y pensiones, pero exigió erradicar la corrupción y el mercado negro y advirtió que, en el caso de la energía eléctrica, tendrán que hacerse fuertes ahorros y deberán pagar más los mayores consumidores.
"Este momento es decisivo para la revolución", dijo Castro esta noche a la televisión, al comentar el paquete de medidas.
Las tarifas anunciadas hoy tienen al menos estas implicaciones: a) desalientan el gasto elevado de electricidad, favoreciendo el ahorro de energía, una de las claves de la nueva política económica de Castro; b) son un factor de corrección social, al cobrar más a los sectores de mayores ingresos; c) son una nueva fuente recaudatoria para las finanzas públicas; d) incluyen la reducción de subsidios más significativa en un servicio público desde el triunfo de la revolución de 1959 y e) inician la creación de herramientas para un nuevo pacto social, al que aspira el lider cubano, contrario a la "sociedad de consumo".
La nueva tabla de tarifas residenciales radicaliza la vigente política de cobros escalonados, de forma que mantiene congelado el precio del consumo más bajo, el de menos de 100 kilowatts/hora (kwh) y castiga a la demanda en proporción creciente.
La escala de cobros en seis niveles prevé aumentos que impactarán el recibo mensual desde un 26 por ciento (entre 100 y 150 kilowatts/hora) hasta un 433 por ciento (más de 300 kwh).
El servicio seguirá subsidiado en cualquier caso, pues según informes oficiales la producción de un kwh cuesta en Cuba 15 centavos de dólar, mientras que la tarifa más alta en la nueva tabla será de 5 centavos de dólar.
Sin embargo, el impacto es fuerte y masivo, si se le mira en las dimensiones de la economía local y al cabo de casi medio siglo en el cual el gobierno alentó la idea de que el Estado debe garantizar los servicios públicos a bajo precio.
Según reportes oficiales, más de la mitad de la población consume más de 100 kwh al mes y el 48 por ciento del total está en la franja de los 101-300 kwh, donde hay aumentos hasta de más del doble de la tarifa actual.
Más de 45 mil familias están en el sector que consume entre 500 y mil kwh mensuales. Otras 9 mil 104, concentradas en su mayor parte en esta capital, son las máximas gastadoras, con más de mil kwh.
El gobierno también anunció aumentos salariales y de otros ingresos de la población, que se unen a incrementos similares de mayo y julio pasados, en un esfuerzo por aliviar el rezago en el que está el bolsillo del cubano común frente al disparo de precios que emergió de la crisis de los 90.
En este caso, la tendencia de la nueva política es la de mejorar el valor material y social del trabajo, que se desplomó en la década anterior, distorsionado por la irrupción de un circuito mercantil en moneda dura y el hundimiento de la producción nacional.
La política salarial ratifica el criterio, que ya se aplica en forma limitada, de retribuir mejor a las labores más exigentes y a los empleados de mayores rendimientos individuales.
Entre las nuevas decisiones están la revisión de perfiles de puestos y los sobre-salarios a los trabajadores con posgrados.
Por primera vez desde 1982 aumentarán los salarios de los empleados de los gobiernos central y regionales y por segunda ocasión en el año subirá la pensión mínima y el bono de ayuda a las 476 mil 512 personas más pobres del país.