Exigen familiares de víctimas que además sea castigado por sus miles de crímenes
Ordena juez el arresto domiciliario de Pinochet por sus cuentas secretas
El magistrado le otorgó el beneficio de la libertad provisional con una fianza de 23 mil dólares
Lo hunden los cargos de evasión tributaria por 2.4 mdd y uso de cuatro pasaportes falsificados
Ampliar la imagen Familiares de v�imas de la dictadura celebran frente a la Corte Suprema el fallo contra Pinochet, ayer en Santiago FOTO Ap Foto: Ap
Santiago, 23 de noviembre. El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue sometido este miércoles a proceso y arresto domiciliario por el juez Carlos Cerda, bajo cuatro cargos relacionados con sus millonarias cuentas bancarias que durante años mantuvo en secreto en el estadunidense banco Riggs y otras instituciones europeas y paraísos fiscales del Caribe.
No obstante, el magistrado le otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo fianza por el equivalente a alrededor de 23 mil dólares al considerar que el inculpado "no es un peligro para la sociedad", de acuerdo con una decisión que aún debe ser revisada y en su caso autorizada, quizá este jueves, por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Cerda procedió después de someter al ex dictador a tres interrogatorios en las últimas dos semanas, al investigarlo por los cargos de evasión tributaria entre 1980 y 2004 por un monto de 2.4 millones de dólares, uso malicioso de instrumento público, utilización de cuatro pasaportes falsificados y omisión de información en una declaración jurada.
El abogado defensor, Pablo Rodríguez Grez, calificó de "vergüenza" la resolución y anunció que apelarán el monto de la fianza fijada al argumentar que Pinochet no posee esa suma de dinero.
El también ex líder del movimiento fascista Patria y Libertad anunció que apelará el procesamiento al insistir en que su cliente no está en facultades mentales para afrontar a la justicia.
Otro de los integrantes de la defensa, el abogado Ambrosio Rodríguez, dijo que ambos están pidiendo el sobreseimiento definitivo de la causa por razones de salud, en lo que constituye la cuarta vez que el ex gobernante de facto (1973-1990) enfrenta un arresto domiciliario en los últimos siete años y en vísperas de que cumpla 90 años este viernes.
Su primera detención ocurrió en Londres en octubre de 1998, pero fue liberado 17 meses después debido a razones humanitarias por el gobierno del primer ministro Tony Blair, cuando el juez español Baltasar Garzón lo había hecho arrestar y buscó entonces sin éxito su extradición a España para someterlo a juicio por crímenes de lesa humanidad.
Tras su regreso a Chile, el juez Juan Guzmán Tapia lo hizo detener en dos ocasiones, la primera durante seis semanas entre febrero y marzo de 2001 por los crímenes de la llamada caravana de la muerte, y después otros nueve días en enero pasado por los asesinatos de la Operación Cóndor.
En ambos casos el ex dictador fue liberado por la justicia chilena por razones de salud.
Al conocerse el nuevo proceso, los cuatro candidatos presidenciales para las elecciones del 11 de diciembre próximo dieron su respaldo a la decisión del juez, al considerar que "nadie está por encima de la ley.
Se trata de los candidatos de derecha Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, la oficialista y favorita Michelle Bachelet y el izquierdista Tomás Hirsch, abanderado de la coalición integrada por los partidos Humanista y Comunista.
El gobierno del presidente Ricardo Lagos también expresó su satisfacción por conducto de su vocero, Osvaldo Puccio, al señalar que los chilenos deben sentirse orgullosos de que sus instituciones funcionan bien, con un Poder Judicial independiente, y que se ha demostrado que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
En tanto, la parte querellante dijo que no apelará la decisión de la libertad provisional. Con todo, la abogada de los familiares de las víctimas de la dictadura, Carmen Hertz, declaró que la resolución del juez de procesar a Pinochet era inevitable pues los méritos del proceso eran "demoledores" con relación a los cuatro ilícitos.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, declaró que el procesamiento "esta vez ha sido por delitos económicos, pero esperamos que también lo sea pronto por los crímenes y genocidio cometidos durante los 17 años de dictadura; es la única manera de garantizar un nunca más. Estamos emocionados y, sin duda, esperando a que Chile recobre su conciencia y su dignidad".
Por su parte, el diputado Juan Bustos comentó que con "esto Pinochet queda frente a todo el mundo no sólo como el dictador que ordenó torturas, asesinatos y el desaparecimiento forzado de personas, sino que, al igual que todos los dictadores de Latinoamérica, como un ladrón".
El también penalista agregó que la decisión judicial es "un gran hito para la justicia en Chile justamente por el hecho de que queda claro que él se apropió de dineros de todos los chilenos y malversó fondos públicos, y además hay que señalar que esperamos que en los próximos días también sea procesado por la Operación Colombo".
Fortuna multimillonaria
La investigación por el caso Riggs se inició en julio de 2004 y estuvo a cargo del juez Sergio Muñoz, quien sustanció el proceso hasta octubre de este año, cuando asumió el cargo de ministro de la Corte Suprema, ocasión en que el sumario pasó a manos del magistrado Carlos Cerda.
El caso evidenció que Pinochet amasó una fortuna de 27 millones de dólares, que ocultó en unas 130 cuentas bancarias.
En la causa, además, están procesados como presuntos cómplices la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart; su hijo Marco Antonio Pinochet, su secretaria privada, Mónica Ananías, y su ex albacea Oscar Aitken. Todos permanecen en libertad bajo fianza.
Más aún, el juez Cerda todavía trata de establecer si Pinochet se enriqueció con dineros procedentes del comercio ilegal de armas, pues en su momento el Consejo de Defensa del Estado denunció haber detectado movimientos bancarios referidos a la compra de cazabombarderos a Bélgica, además de depósitos de una sociedad holandesa y de una empresa de Gran Bretaña.
La investigación se relaciona también con el asesinato años atrás de un coronel del ejército, en relación al cual dos ex generales han implicado a Pinochet en el tráfico de armas de Chile a Croacia, en 1991, cuando éste fungía como comandante en jefe del ejército chileno, y en momentos en que existía un embargo de Naciones Unidas
El juez especial, además, busca evidencias sobre posibles beneficios económicos de Pinochet en la venta de municiones de Chile a Ecuador en 1995, en víspera de un conflicto armado de ese país con Perú, mientras aún está pendiente un procesamiento del ex dictador por su responsabilidad en la Operación Colombo, otro esquema criminal contra opositores políticos de izquierda durante la dictadura militar.