De 588 recomendaciones de la CNDH, 69% de las quejas corresponden a ese sector

Policías judiciales, responsables de la mayoría de los casos de tortura

Demandan a secretarios de Seguridad y procuradores de Justicia sancionar esas prácticas

VICTOR BALLINAS

Ricardo Hernández Forcada, investigador del Centro Nacional de Estudios de Derechos Humanos de la CNDH, realizó un análisis de 588 recomendaciones por tortura emitidas tanto por el organismo como por las 32 comisiones estatales de derechos humanos, el cual revela que en 69 por ciento de las quejas que procedieron los torturadores fueron policías judiciales federales y estatales; en 7 por ciento los responsables fueron militares y en otro 7 por ciento "elementos de otras corporaciones policíacas".

Hernández Forcada es también director del Programa de VIH-Sida de la CNDH y autor del libro Algunas notas sobre la tortura en México. En entrevista sostiene:

"La tortura es una realidad en el país. En todas las comisiones estatales encontramos quejas por ese delito y también recomendaciones. Advertimos que en 95 por ciento de los casos analizados la tortura se utilizó como factor procesal."

Los fines que se han perseguido al torturar a las personas, apunta el investigador, son los siguientes: en 83 por ciento de los casos para que se confesaran culpables de un delito; en 14 por ciento para coaccionarlas y obtener información, intimidarlas, extorsionarlas, obligarles a declarar falsamente e incriminar a otras, y en 3 por ciento como castigo.

Hernández Forcada insiste: "Es un hecho que la tortura persiste. Si bien es cierto que han disminuido los casos, esa práctica sigue vigente. No porque haya disminuido, o porque se documenten pocos casos, debemos dejar de insistir en ese tema, porque aún se presentan quejas y se deben atender y luchar por que ese delito se erradique".

Todavía se sigue recurriendo a la tortura para resolver en forma expedita asuntos penales, para arrancar confesiones, para que se incriminen los detenidos en delitos o lo hagan con un tercero, o para obtener información, sostiene.

Con esta recomendación general se hace un llamado general a todos los secretarios de Seguridad Pública del país, a los procuradores generales de Justicia, incluidos el militar y el general de la República, para que observen con cuidado la actuación de los policías y corrijan de una vez lo que está mal e investiguen y sancionen a los responsables.

En el análisis de las 588 recomendaciones por tortura emitidas tanto por la CNDH como por las comisiones estatales "encontramos que en siete casos las personas que eran torturadas murieron -fueron asesinadas-. Se trata de casos ocurrido entre 1990 y 1996. Uno fue estrangulado, dos murieron en inmersión y otro asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza; uno por lesión abdominal al brincarle sobre el estómago; otro por una herida de arma de fuego que le perforó el corazón, y otro caso del que no se tuvo descripción", aseveró el investigador.

Hernández Forcada detalla que en la recomendación 177/92 "la víctima, al no soportar más el dolor o sufrimiento que le era causado, trató de cortarse las venas y, al no lograrlo, se arrojó de un primer piso y se golpeó en la cabeza".

Resalta que al analizar las recomendaciones emitidas se tomó nota de los lugares donde se comete la tortura: en las 143 recomendaciones que emitió la CNDH, se destaca que en 53 por ciento de los casos ocurrió en las oficinas de las corporaciones policiacas; en lugares diversos 23 por ciento; en el domicilio del agraviado, 10 por ciento; 7 por ciento en los vehículos en que era transportado; 4 por ciento en instalaciones militares, y 2 por ciento en los centros de reclusión.

Abundó el investigador que del análisis detallado de las 143 recomendaciones por tortura que ha emitió la CNDH hasta 2003 se pudo hacer un desglose de los delitos en que se incriminó a los torturados: robo, homicidio, secuestro, asociación delictuosa, portación de arma de fuego, asalto, fraude, lesiones, rebelión, terrorismo, conspiración y delitos contra la salud -estos últimos tienen el porcentaje más alto, con 71 casos.

También se pudo detectar que la tortura ocurrió "cuando el agraviado se encontraba bajo la custodia del agente aprehensor, en 86 por ciento de los casos; en segundo lugar, al estar a disposición de los agentes del Ministerio Público; en 3 por ciento cuando el agraviado se encontraba ya en un centro de reclusión, y en 2 por ciento cuando se encontraba ante otras autoridades.

La brutalidad que se utilizaba para torturar en la décadas de los años setenta y principios de los ochenta se ha modificado a raíz de la entrada en vigor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura (1988).

Ahora se siguen propinando golpes, pero de tal forma que no dejen huellas visibles; también se desnuda a las víctimas, se les colocan armas de fuego en la cabeza y para asfixiarlos se emplean bolsas de plástico y líquidos gasificados, método que ya está en el orden de 5 y 8 por ciento, aseveró Hernández Forcada.