Editorial
Tláhuac: a un año de los linchamientos
Ayer se cumplió un año de los sucesos ocurridos en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, en los que dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron linchados por una turba y otro más resultó herido de gravedad. Esos hechos y sus secuelas pusieron de manifiesto la catastrófica descoordinación e ineptitud de las corporaciones policiales capitalinas y federales, la alarmante falta de transparencia con que opera la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, de la que depende la PFP, y la catástrofe institucional y moral de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por principio de cuentas, no se ha informado de manera clara y creíble sobre la misión en esa localidad de Tláhuac de los oficiales Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla (muertos), y Edgar Moreno Nolasco (herido de gravedad), pertenecientes al grupo antiterrorismo de la PFP. Al igual que el fallecido Ramón Martín Huerta, a la sazón secretario de Seguridad Pública, su sucesor, Eduardo Medina Mora, se ha aferrado a la versión de que los policías agredidos realizaban investigación sobre narcomenudeo.
Sin embargo, diversas informaciones entre ellas la investigación realizada por una comisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que se afirma que las víctimas del linchamiento investigaban a los hermanos Cerezo Contreras, a quienes se acusó de pertenecer a una organización guerrillera apuntan a que en realidad efectuaban tareas de espionaje relacionadas con grupos armados.
Queda, además, el dato exasperante de que tanto la Secretaría de Seguridad Pública capitalina como su similar federal fueron informadas sobre la agresión contra los agentes y ambas tuvieron tiempo para rescatarlos de la turba, pero no lo hicieron. 18 funcionarios locales y nacionales fueron indiciados por sus presuntas omisiones, pero ninguno ha sido consignado penalmente. En cambio, decenas de habitantes de San Juan Ixtayopan fueron llevados a prisión con base en declaraciones de testigos menores de edad, obtenidas bajo presión, expedientes armados y "pruebas" risibles. Hasta el momento, cuatro recuperaron su libertad y más de 30 se encuentran en prisión. Hay nueve órdenes de captura contra otros tantos sospechosos que no han sido ejecutadas. En suma, y de acuerdo con el impresentable método de "hacer justicia" impuesto en la PGR por Rafael Macedo de la Concha, la fábrica de culpables sigue trabajando sin novedad.
Pocos días después de la tragedia, el presidente Vicente Fox separó de sus cargos al entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y al comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, y prometió que habría castigo para los culpables materiales y para los funcionarios responsables de omisión. Pero a la fecha, nueve de los primeros siguen prófugos, decenas de ciudadanos enfrentan en prisión acusaciones insostenibles, en tanto que ningún servidor público ha sido sancionado.
Por lo que hace a San Juan Ixtayopan, desde los momentos posteriores al crimen, sus habitantes han vivido en una situación de infierno. Inicialmente padecieron allanamientos, arrestos y abusos indiscriminados de efectivos de la PFP enviados al lugar en una movilización que pareció más una represalia contra la población que un operativo policial legítimo y orientado a detener a los culpables de los linchamientos. Desde entonces, los lugareños enfrentan la incertidumbre, la desarticulación del tejido social y discriminación generalizada.
Para colmo, el episodio dio lugar a un enfrentamiento adicional entre el Gobierno del Distrito Federal y la Presidencia de la República. Es difícil, en suma, imaginar un manejo gubernamental más torpe y más turbio que el que efectuaron las autoridades locales y federales desde el momento en que los tres policías fueron capturados por quienes luego habrían de ser sus verdugos. A un año de la tragedia, es claro que las promesas de seguridad pública, transparencia, espíritu federalista y consolidación del estado de derecho, formuladas por el foxismo en sus inicios, fueron sólo eso, promesas; que en el caso de San Juan Ixtayopan, la justicia aún no ha llegado, y que más bien parece haber sido remplazada por la arbitrariedad, la confusión y la incoherencia.