Es practicada por corporaciones policiacas y funcionarios del sistema penitenciario

Persiste la tortura al amparo de servidores públicos: Soberanes

Presenta la CNDH la recomendación 10 dirigida a procuradores y directores de seguridad pública

VICTOR BALLINAS

En México la tortura persiste a lo largo y ancho del país; es una práctica que utilizan corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, así como funcionarios del sistema penitenciario y agentes del Ministerio Público, ''bajo las directrices o con la tolerancia de servidores públicos'', aseguró ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, al presentar ante la opinión pública la recomendación general número 10, sobre la práctica de la tortura.

Con esta recomendación, dirigida a los procuradores General de la República, de Justicia Militar y de Justicia de todas las entidades federativas; a los secretarios, subsecretarios y directores de Seguridad Pública federal y de los estados, el ombudsman nacional contradice lo dicho por el presidente Vicente Fox Quesada de que ''la tortura en el país ya no existe''.

Soberanes precisa: ''La tortura es un delito de lesa humanidad y en México ni es cosa del pasado ni se ha erradicado. Su práctica no se puede acabar por decreto, al contrario, se ha hecho más sofisticada y por ello es difícil de detectar. Ultimamente se recurre con más frecuencia a la tortura sicológica''.

Durante la presentación de esa recomendación general detalló que de junio de 1990 -fecha en que se creó la CNDH- a la fecha, se han radicado 2 mil 166 quejas por tortura en ese organismo nacional de defensa de los derechos humanos, y en las comisiones estatales se han presentado 5 mil 235. En total, el número de quejas por ese delito suman 7 mil 422 en el país, y se han emitido 651 recomendaciones.

La tortura, sostuvo el titular de la CNDH, ''se presenta como una de las más crueles expresiones de violación a los derechos humanos, y resulta indudable que se continúa utilizando bajo las directrices o la tolerancia de servidores públicos, lo cual afecta a toda la sociedad. Es un método que refleja el grado extremo del abuso del poder y la tentación de algunos servidores públicos por aplicar, motu proprio, sufrimientos a las personas con el fin de obtener al probable responsable de un delito, una confesión, información, o para castigar, intimidar o coaccionar''.

Un buen principio para lograr su erradicación, abundó Soberanes, parte de la base de una concepción unívoca de la tortura, así como propiciar la aplicación de aquellos instrumentos legales que otorgan la mayor protección a las personas ante ese delito, definirla y tipificarla de acuerdo con los ordenamientos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los métodos de tortura que han sido denunciados ante la CNDH, destacan los traumatismos producidos por golpes con las manos, pies u objetos contundentes; golpes con tablas en glúteos y orejas; asfixia o ahogamiento con aplicación de agua simple o gaseosa en nariz, boca y orejas, e inmersiones en ríos, pozos, piletas o cubetas, así como la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, refirió el ombudsman nacional.

También han sido denunciados ante la CNDH ''las descargas eléctricas en testículos, recto, pies, piernas, tórax; quemaduras con cigarrillos, con fierros calientes o escapes de motor; lesiones, como heridas de arma de fuego; violencia sexual; tortura a partir de posiciones o posturas que afectan tendones, articulaciones y muslos, y un largo etcétera'', destacó Soberanes.

Dicha recomendación comprende: ''Que se logre la homologación del tipo penal de tortura que incorpore los elementos que derivan de la descripción prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de evitar la impunidad y garantizar la aplicación de la ley; que se defina una estrategia con ejes y acciones para la adecuada prevención de la tortura que involucre a los tres niveles de gobierno; que se giren instrucciones a los servidores públicos encargados de la seguridad pública, prevención del delito y ejecución de la pena para evitar cualquier forma de incomunicación, detención o maltrato que pueda propiciar la práctica de la tortura tanto física como sicológica''.

Sostuvo que ante la práctica de la tortura ''existe un alto índice de impunidad'', por lo que llamó al Estado a actuar con más celo en su deber de investigar, perseguir y castigar con todo el peso de la ley a los autores de estos actos.