En más de 47 mil fojas judiciales, muy pocas coincidencias sobre lo que ocurrió

Inciertas aún, las causas del linchamiento en Ixtayopan

A un año de distancia no ha habido consignación de responsables ni sentencia a detenidos

MIRNA SERVIN Y RAUL LLANOS / I

La historia de aquella fatídica tarde del 23 de noviembre de 2004, cuando fueron quemados vivos dos agentes federales y uno más quedó agonizante, está consignada en 47 mil fojas, en las cuales también se concentran cientos de nombres y de pruebas, cantidad de testimonios -algunos ciertos, otros confusos-, hipótesis del linchamiento, suposiciones, presuntas responsabilidades, pero pocas, muy pocas coincidencias de lo que realmente ocurrió en San Juan Ixtayopan.

"Cuatro horas de horror", como los mismos habitantes de aquel poblado las recuerdan, están reseñadas en ese voluminoso expediente judicial, resguardado en el juzgado 17 federal, y que a un año de distancia no se ha traducido en consignaciones para autoridades policiacas que pudieran haber sido responsables, ni para definir la situación jurídica de las personas que aún siguen presas.

A un año de lo ocurrido, pocos hechos quedaron como ciertos. Cada policía tiene una versión, cada testigo, cada dependencia y hasta en la del propio sobreviviente, el suboficial de la Policía Federal Preventiva Edgar Moreno Nolasco, quien rindió su declaración al día siguiente del linchamiento cuando su estado de salud lo tenía al borde de la muerte, existen contradicciones cuando ésta se confronta con otras.

El móvil del linchamiento del subinspector Víctor Mireles Barrera, experto del área contra el terrorismo, y del suboficial Cristóbal Bonilla Martín, de la Coordinación de Inteligencia de la PFP, aquel 23 de noviembre, se remite a días previos de acoso por varios agentes de esa corporación hacia los pobladores y la vigilancia de algunos domicilios, que junto con la negativa de esos elementos a identificarse y a hablar de la misión que cumplían, levantó sospechas y resquemores entre los vecinos.

El supuesto detonador de la agresión fue un supuesto robo de infantes que nunca se comprobó, el cual se mezcló con versiones a medias sobre la supuesta investigación de narcomenudeo que hacían los agentes en la zona cuando fueron sorprendidos por padres de familia.

Tampoco se esclarecieron las versiones acerca de una posible investigación sobre la guerrilla o grupos subversivos, que varios testigos hoy detenidos han mencionado, además de la presunta vigilancia a la que fue sometida la casa de la familia Cerezo Contreras, señalados como miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Las versiones de las autoridades se presentan en el mismo tenor. De acuerdo con las declaraciones judiciales hechas por el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a las que La Jornada tuvo acceso, son pocas las cosas de las que él puede dar fe, ya que sobrevoló la zona en un helicóptero oficial.

Incluso, cuando pasó a ser presunto responsable por omisión, se acogió a su derecho de no declarar ante las preguntas que le fueron formuladas durante el proceso. A la postre, y por decisión unilateral del presidente Vicente Fox, fue separado de su cargo como jefe de la policía capitalina.

En su turno, el subsecretario de Seguridad Pública local, Gabriel Regino, declaró que solicitó a su secretario particular que le informara al comisionado de la PFP que uno de los retenidos se llamaba Edgar Moreno Nolasco y que pertenecía a esa corporación. El almirante José Luis Figueroa "me contestó que ese personal estaba haciendo el seguimiento de los Cerezo Contreras y que se los iba a chingar por haberse dejado atrapar".

En otra llamada, declaró Regino, el ex comisionado le informó que la SSP federal "emitiría un boletín en el sentido de que los elementos detenidos se hallaban realizando investigaciones sobre secuestros".

Finalmente, el subsecretario se asumió en todas sus declaraciones como responsable de las acciones que se realizaron ese día y que se procedió adecuadamente. Por ahora, Regino se negó a dar a conocer cuál es su situación legal por estos hechos, en lo que también fue citado como presunto responsable.

Tampoco los pobladores que se atreven a hablar del tema, un año después, saben explicar lo que les sucedió. Dicen que aquellos que consumaron el linchamiento siguen libres y que la mayor parte de las 29 personas detenidas son chivos expiatorios de la autoridad.