La misma titular de la dependencia confirmó que se falsificaron facturas por $90 millones

Omitió Contraloría de Veracruz denunciar fraude en el fideicomiso del club Tiburones

Yunes Márquez exculpa a la funcionaria y le pide apoyar la denuncia que presentaron ante las autoridades por el caso

GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 21 de noviembre. A pesar de detectar la existencia de facturas apócrifas en el manejo del fideicomiso Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz por más de 90 millones de pesos, la Contraloría General del estado no denunció el hecho ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), admitió hoy la titular de esa dependencia, Susana Torres Hernández, al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso local.

Miguel Angel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Vigilancia, planteó que la contralora declaró a los medios de comunicación haber encontrado en la auditoría realizada al citado fideicomiso -en el primer semestre del presente año- más de 90 millones de pesos en facturas apócrifas; "esto, como usted sabe, implica un delito de defraudación fiscal".

Enseguida, el legislador preguntó a Torres Hernández si denunció el hecho ante la SHCP, como lo determina el artículo 72 del Código Fiscal de la Federación, a lo que ella contestó que no.

La funcionaria estatal agregó que el Fideicomiso de los Tiburones Rojos ha sido revisado y auditado tanto por el Organo de Fiscalización Superior (Orfis) como por la Contraloría, los cuales "han convergido en varias observaciones, recomendaciones y salvedades", aunque, precisó, "hay diferencia en cuanto a los alcances", pues la auditoría que hizo el Orfis cubrió más periodos, así como la revisión de todo lo relacionado con la empresa Promotores Integrales, propiedad de Rafael Herrerías.

Torres Hernández añadió que "tanto el Orfis como nosotros detectamos facturas apócrifas; la pregunta es que si después de detectar esta anomalía por 90 millones de pesos hicimos una denuncia ante la SHCP, la respuesta es que a la fecha no la hemos hecho".

Ante la contestación de la contralora, Yunes Márquez leyó el artículo 72 del Código Fiscal de la Federación, que dice:

"Los funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracciones a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones".

No obstante, el diputado panista dijo que no culpaba de nada a Susana Torres, pero sí le pidió respaldo, "aportando los datos que tenga a su disposición", para la denuncia que la Comisión de Vigilancia del Congreso veracruzano y el Orfis presentaron ante las autoridades correspondientes por el delito de presunta defraudación fiscal por 292 millones de pesos que encontraron de facturas apócrifas en el Fideicomiso de los Tiburones Rojos.

Yunes Márquez también preguntó a la titular de la Contraloría estatal si ya se fincó alguna sanción administrativa contra los ex servidores públicos que manejaron el fideicomiso referido, y si hubo inhabilitaciones, porque "tengo información de que personas que están actualmente en el fideicomiso estuvieron en la administración de Rafael Herrerías".

Torres Hernández respondió que la Contraloría aún no concluye el estudio de la documentación que tiene en algunas observaciones, y agregó que toda la información que tenía de su propia auditoría, la puso a disposición del Orfis, "y estamos enterados de las denuncias que éste ha hecho y estamos pendientes de los resultados".

Pachuca, Hgo., 21 de noviembre. El PAN presentó una denuncia penal contra los ex gobernadores Jesús Murillo Karam y Manuel Angel Núñez Soto, por otorgar durante sus administraciones "beneficios" a los dueños del Club de Futbol Pachuca, que han extendido sus negocios a diversos rubros, al amparo del erario.

Según un documento cuya copia obtuvo La Jornada, el presidente estatal del PAN, Guillermo Galland Guerrero, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos del orden federal, contra los ex mandatarios y los socios del Pachuca.

En el escrito, recibido en la delegación de la PGR el 11 de noviembre pasado, se acota que José de Jesús Martínez Patiño "prácticamente adquirió en forma gratuita el equipo de futbol Tuzos".

Se indicó que el gobierno cedió la franquicia y el plantel de jugadores como "pago en especie" para obtener 20 por ciento de las acciones de la empresa Promotora del Club Pachuca SA de CV, que se formalizó mediante escritura pública número 52,604 el 24 de julio de 1995.

El gobierno aportó como socio la franquicia de primera división A y a los jugadores, simulando en ese momento que era un equipo sin calidad, pero al año posterior se demostró lo contrario en la cancha.

Los socios de la promotora del Club Pachuca fueron Martínez Patiño, con 50 por ciento de las acciones obtenidas con 500 mil pesos "pagaderos durante la temporada", y el gobierno de Hidalgo, con 20 por ciento de las acciones pagaderas en especie con la franquicia de Tuzos y "las cartas (de transferencia) de los jugadores".

El resto de las acciones fueron adquiridas por Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia, Eduardo Zabalegui Rico y Francisco Armando Martínez Patiño, con 10 por ciento cada uno, pagaderos también cada uno con 100 mil pesos por su paquete accionario "durante la temporada".

El gobierno, según la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Adquisiciones, no puede constituirse en sociedad anónima; por eso el 6 de mayo de 1997 Carlos Alejandro Godínez, secretario de Finanzas y Administración, anunció el retiro de la sociedad y fijó como precio por cada acción 15 mil 500 pesos. Jesús Martínez compró 14 de estos documentos, Eduardo Zabalegui tres; Pedro Cedillo Lammoglia tres, y Francisco Martínez Patiño diez.

Así, el gobierno cedió 20 por ciento de sus acciones por 310 mil pesos, cuando la franquicia y el plantel de jugadores se cotizaban en 5 millones de dólares.

Los ahora dueños del Club Pachuca han incursionado en la industria restaurantera, en sociedad con Murillo Karam.

Las empresas Tuzomanía y Tuzo Inmobiliaria son otras creadas al cobijo de los dos pasados gobiernos estatales, y en todos los casos la fe notarial la dio el abogado Rafael Arriaga Paz, que en el gobierno de Murillo fue secretario de Gobierno, edil de Pachuca y aspiró a diputado local, pero perdió.