El expediente se inició en 1998 para bloquear las actividades del grupo armado
Abren macrojuicio contra 56 presuntos etarras; "maniobra política": acusados
La fiscalía solicita penas que van de 10 a 51 años; la suma rebasa mil años de prisión
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Comenz�er el juicio m�grande en la historia de Espa�instruido por el juez Baltasar Garz�ontra 56 personas acusadas de tener v�los con ETA. La imagen, en la sala del Tribunal Especial habilitado por la Audiencia Nacional en las inmediaciones de Madrid FOTO Reuters
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Madrid, 21 de noviembre. El mayor juicio en la historia judicial española sentó hoy en el banquillo de los acusados a 56 personas, la mayoría vinculadas o integradas a organizaciones políticas, civiles, sindicales o culturales de la izquierda nacionalista radical del País Vasco.
En el llamado sumario 18/98, redactado e instruido por el juez Baltasar Garzón, se les acusa de delitos de integración y colaboración con una "organización terrorista", en alusión al grupo armado vasco ETA, además de otras supuestas faltas fiscales por las que se solicitan penas de más de mil años de cárcel.
Los acusados negaron las imputaciones y sostuvieron que se trata de "un juicio político" orquestado desde el anterior gobierno, encabezado por José María Aznar, con la colaboración con el actual organismo político en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El sumario -integrado en 600 tomos y más de 200 mil páginas- comenzó el 28 de mayo de 1998, cuando el juez Garzón ordenó la primera de seis operaciones policiales realizadas hasta ahora.
El objetivo del magistrado era "desmantelar" el supuesto "entramado" económico y político de ETA, que, de acuerdo con su tesis, estaba integrado por diversas empresas, medios de comunicación y agrupaciones políticas, sindicales y civiles afines a la ideología de la izquierda abertzale (nacionalista).
La matriz de este "entramado", siempre según Garzón, era la llamada Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), de la que se desprendía el resto, por lo que ordenó el cierre de varios medios de comunicación, entre otros la emisora de radio Egin Irradia, el periódico Egin y la revista Ardi Beltza.
Posteriormente centró sus diligencias en la ilegalización de asociaciones, como Xaki, a la que atribuyó funciones de "ministerio de asuntos exteriores" de ETA; así como Ekin, considerado el "aparato político", y las organizaciones Jarrai-Haika-Segi, desde las cuales, según el juez, se diseñaba y articulaba la violencia callejera.
El fiscal Enrique Molina solicitó para los procesados penas que oscilan entre 10 y 51 años de cárcel.
Entre los imputados figuran diversos dirigentes históricos de la izquierda abertzale, como Xabier Alegría, Pablo Gorostiaga y Elena Beloki, todos en libertad bajo fianza.
Para llevar a cabo este macrojuicio, el órgano judicial español adaptó una sala de las dependencias que tiene en la Casa de Campo de Madrid.
La causa instruida por Garzón responde a peticiones de la Fiscalía General del Estado y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La defensa de los imputados solicitó en la primera sesión la suspensión del juicio, debido a que no se encontraban en la sala "documentos imprescindibles" para continuar con los interrogatorios, petición rechazada por la Sala en primera instancia, aunque admitida al final de la tarde.
En el primer día del juicio únicamente compareció uno de los 56 imputados, Vicente Askasibar Barrutia, quien apeló de su derecho constitucional a no responder a las preguntas realizadas por la parte acusadora, una estrategia que posiblemente seguirá el resto de acusados.
Askasibar, supuesto responsable de finanzas de KAS en Vizcaya, respondió a las preguntas de sus abogados, y justificó su negativa a responder a las autoridades al asegurar que "se trata de un juicio político". Además, rechazó la tesis de Garzón de que "exista una caja única para financiar a la izquierda abertzale o ETA".
Explicaciones del PSOE por ley educativa
Por separado, El PSOE decidió realizar un "esfuerzo de explicación" para responder a la oleada de críticas -dos de ellas publicados este lunes- en torno a Ley Orgánica de Educación.
"Haremos un esfuerzo de explicación del contenido real de esta ley", afirmó el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, tras la reunión del comité ejecutivo de su partido, en referencia a una de esta polémica reforma del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en sus primeros 18 meses de mandato.