Antes un juez federal determinará si procede amparo
En suspenso aún la comparecencia de Salinas por el caso Posadas
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari y otros ex funcionarios de su gobierno, a quienes se ha implicado en el caso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo -asesinado el 24 de mayo de 1993- aún no podrán ser citados a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que antes un tribunal federal revisará si procede en definitiva el amparo que diputados panistas del Congreso de Jalisco obtuvieron en primera instancia el pasado 4 de noviembre.
Fuentes judiciales informaron ayer que la dependencia federal y el ex procurador general de la República Jorge Carpizo MacGregor ya presentaron ante el juzgado 11 de distrito en materia de amparo un recurso de revisión con el que pretenden que un tribunal colegiado del Distrito Federal eche abajo el amparo que el primer órgano jurisdiccional concedió a los legisladores panistas hace tres semanas.
Si el amparo es confirmado, la PGR estará obligada a tomar de inmediato la declaración ministerial del ex mandatario (1988-1994). Sin embargo, la decisión final del tribunal colegiado al que corresponda conocer y resolver el caso podría prolongarse por lo menos seis meses, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Además, cabe la posibilidad de que el tribunal revoque la resolución del juez Jacinto Figueroa Salmorán, titular del juzgado quinto de distrito, lo que cerraría en definitiva cualquier posibilidad de que Carlos Salinas compareciera ante el Ministerio Público de la Federación por el homicidio del prelado.
El pasado 4 de noviembre, el juez Figueroa ordenó a la PGR reabrir las investigaciones penales relacionadas con el homicidio del cardenal.
Al conceder un amparo a diputados locales panistas de Jalisco, encabezados por Fernando Guzmán, quien preside la Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Posadas, el juzgador determinó que la procuraduría continúe las investigaciones penales contra el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y varios ex funcionarios, entre ellos Patrocinio González Garrido y Jorge Carpizo MacGregor, ex titulares de la Secretaría de Gobernación y la PGR.
Un grupo de legisladores panistas presentó denuncia penal contra los ex funcionarios, a quienes imputan haber dado protección al narcotraficante Ramón Arellano Félix.
El juez estudiaba desde marzo de este año una demanda de garantías interpuesta por los panistas, luego de que el 30 de noviembre de 2004 la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal contra los inculpados.
El juez determinó que la procuraduría incumplió requisitos de procedimiento durante las pesquisas de ese caso.
Entre las pruebas destaca el testimonio de Girolamo Prigione, ex nuncio apostólico, quien declaró a la PGR el 25 de agosto de 1998 que meses después del asesinato del cardenal Posadas Ocampo recibió en la nunciatura a Arellano Félix, capo del cártel de Tijuana.
El narcotraficante quería entrevistarse con Salinas de Gortari para exponerle detalles de la ejecución del prelado. A pesar de las gestiones del nuncio Prigione ante la Presidencia de la República, no se efectuó la entrevista entre Arellano y el entonces titular del Ejecutivo federal, pero tampoco se ordenó la detención del capo -quien enfrentaba diversas órdenes de aprehensión-, por recomendación del procurador Carpizo MacGregor.