Ramón Uribe: maestros de la Sierra de Huayacocotla

Actualmente, en plena "globaliza-ción" imperial, cuando la soberanía de los mexicanos corre inmensos riesgos, la lucha por la tierra no es metáfora anacrónica sino evidencia dual del presente y el futuro. Al resistir, y así de-fender la tierra, su derecho a la autono-mía, la lengua y la cultura comunitaria, los pueblos cuidan a la Nación, y en hacerlo resultan más verosímiles y eficaces que el gesticulante "patriotismo" de las clases políticas y empresariales, el "nacionalismo" de plástico impersonado de las televisoras, y las ocasionales victorias deportivas, tan melancólicas en el fondo, tan vicarias.

Lo real está en la lucha por la tierra y en su aparente contrario, la migra-ción que obedece a la expulsión eco-nómica y social. Los migrantes son expulsados, no desertores. Su destierro es también una lucha por el lugar, la tierra aquí y en donde sea. El nervioso triunfalismo de las autoridades agra-rias lleva tres sexenios con la compulsión de declarar "concluido" el reparto agrario. En pleno siglo xxi sigue en curso la traición del Estado mexicano a los pueblos indígenas y campesinos.

Nada cuenta mejor la historia que una pequeña historia, perdida en la de-liberada estática de los medios y el mapa donde estos pueblos no merecen nombre. O de para qué los pueblos quie-ren enemigos si tienen de sobra con las autoridades agrarias federales y estatales. En el caso que sigue están involucrados el panismo del presidente Vicente Fox y el perredismo del gobernador de Guerrero, Zeferino To-rreblanca, los cuales se comportan como si fueran del pri. Nada es nuevo bajo el sol.

Este ocho de noviembre, el centro de derechos humanos Tlachinollan denunciaba la creciente violencia en la Montaña del estado de Guerrero, debida a conflictos agrarios que los gobiernos no resuelven. Lo que sigue es una síntesis de su testimonio.

El sábado cinco de noviembre, mil quinientas personas decidieron montar guardia en la comunidad tlapaneca de Capulín (municipio de Tlacoapa) tras ser atacados por miembros de la también tlapaneca comunidad de Moyo-tepec (municipio de Malinaltepec).

A pesar de la creciente tensión y los ataques, las autoridades no han mos-trado interés por atender el conflicto en su justa dimensión. Las comunidades disputan 456 hectáreas desde hace más de 120 años, mas ahora los ataques por parte de Moyotepec han escalado su nivel de violencia. En febrero, julio y agosto de 2005, Capulín sufrió diferen-tes agresiones; la última fue la quema de tres casas este siete de septiembre.

El cuatro de noviembre, unos 250 de Moyotepec se presentaron con ar-mas y disparando al aire; con un altavoz amenazaron a las personas del Capulín para que desalojaran sus casas. Los veinte policías guerrerenses que se encontraban presentes se mantuvieron al margen. A las nueve de la noche los de Moyotepec se retiraron, mientras los hombres de Capulín optaban por pernoctar en el cerro, previendo una agresión nocturna. A las 23 horas llegaron cinco camionetas con más elementos policiacos para reforzar al pequeño gru-po instalado en la delegación mu-nicipal. El Ejército federal, tratando de pasar desapercibido, instaló un campamento en el río de Capulín.

Los campesinos tlapanecos alerta-ron a las autoridades agrarias federal y estatal de la gravedad de los hechos. El subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, les propuso vía telefónica que formaran una comisión para reu-nirse en Chilpancingo. Los comune-ros rechazaron la propuesta y exigie-ron al funcionario que fuera a Capulín. Las autoridades agrarias, para evadir su responsabilidad propusieron un punto intermedio en la comunidad El Lucerito. La gente no aceptó.

A las siete de la mañana del ocho de noviembre, dos centenares de personas armadas, procedentes de Moyotepec, subieron nuevamente a Capulín con la intención de desalojar a las familias. La población de Capulín, que ha evitado la provocación armada, se retiró esperando que la policía interviniera para impedir la destrucción de sus casas. Los agresores derribaron los techos de las casas de adobe con barre-tas, palos machetes y picos, tirando puertas, destruyendo adobes y causando destrosos al interior de las viviendas. Hubo robos de dinero, destrucción de teléfonos, televisores y medidores de luz, así como daños a la clínica y algunos molinos de nixtamal. En me-nos de 80 minutos, todo el patrimonio de la comunidad quedó en añicos. A pesar de que las mujeres pidieron a los elementos policiacos que intervinie-ran, estos se negaron e impasibles, en alguna medida cómplices, presenciaron la agresión.

Al brillar por su ausencia las autoridades agrarias, las comunidades del núcleo agrario se reunieron en Tlacoa-pa. Decidieron organizarse todas las familias para subir a Capulín y montar guardia. Más de mil quinientas personas se congregaron en la loma para defender lo único que tienen, sus tierras y sus casas destruidas.

La comunidad de Capulín está dispuesta a ceder el 20 por ciento de las tierras en conflicto con tal de resolver el problema. Sin embargo Moyotepec se niega a ceder y continúa las hostilidades sin que ninguna autoridad evite la consumación de hechos delictivos. Los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria se han negado a acudir al lugar del conflicto y han insistido que las comunidades formen comisiones para dialogar en Chilpancingo.

El núcleo agrario de Tlacoapa de-manda que se haga valer el estado de derecho, se investigue y castigue a los responsables de las agresiones, se garantice la seguridad, se reparen los daños y ante todo se respeten las 456 hectáreas en litigio. Por la falta de capacidad de las autoridades, el conflicto se agranda en detrimento de la vida y los derechos hu-manos de los campesinos.

Ante fundados temores de más violencia, éstos optaron por salir de Ca-pulín y refugiarse en el monte. Los hombres del núcleo agrario se han mantenido vigilantes. A pesar de la presencia de más de un centenar de policías al mando del general Pintos, subsecretario de Seguridad Pública, y de la presencia del Ejército federal, la situación ha permanecido fuera de control. Se trata de un conflicto agra-rio que daña el tejido comunitario, y pone en entredicho la actuación de las autoridades y el marco constitucional. (Tomado del informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Tlapa de Comonfort, ocho de noviembre, 2005.)

Similares o equivalentes historias de indolencia o mala fe oficial se repiten hoy mismo por todo México, desde los bosques de Chihuahua que reclaman los rarámuri hasta las fincas recupera-das en la selva Lacandona por tsel-tales, tojolabales y tsotsiles. Pues las causas permanecen, la lucha sigue.