Contaminación olvidada en El Hospital

La pugna entre el dueño del predio morelense y BASF impide limpiar la zona de plomo y cromo

ANGELICA ENCISO L. ENVIADA

El Hospital, Mor., noviembre. Conflictos legales entre particulares, que comenzaron hace 10 años, impiden la limpieza total de plomo y cromo que aún afecta el predio de la ex hacienda El Hospital, lo cual mantiene un foco de contaminación en esta localidad de 2 mil 600 habitantes.

Las diferencias comenzaron cuando la empresa alemana BASF decidió, en 1995, cerrar la fábrica de pigmentos que estableció en 1973. En 1997, cuando aún no hacía la limpieza del lugar, fue desalojada por Roberto Abe Domínguez -propietario de la ex hacienda, también conocida como La Concepción-, quien arrendó 5 mil 300 metros cuadrados del lugar a la compañía alemana.

Fue en 2000 cuando BASF pudo regresar al lugar para la restauración ambiental, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) autorizó el plan de limpieza. La firma realizó esas labores durante 20 meses, pero quedó pendiente el retiro de un trozo de drenaje industrial, ya que los propietarios no permitieron terminar con los trabajos. La Profepa dio por concluida la restauración ambiental el 26 de julio de 2002, según consta en el oficio B 0002-775.

En mayo pasado, tanto la Profepa como BASF volvieron a la comunidad para hacer el saneamiento pendiente, pero el municipio de Cuautla y el dueño impidieron el retiro de toneladas de tierra que aún permanecen en los patios de la ex hacienda.

Detrás de esa situación se encuentra la resolución de la demanda civil que promovió Abe Fernández contra la transnacional, a la que demandó por 150 millones de dólares por presunta contaminación de su propiedad. La sentencia del juez 32 de lo civil, con fecha 3 de febrero de 2005, contenida en el expediente 202/2001, determinó que no se halló contaminación en el suelo, subsuelo, aguas subterráneas, edificaciones y cimentaciones de la ex hacienda El Hospital.

El dueño del predio perdió el juicio y el juez le pidió que indemnizara a BASF con 66 millones de pesos por daños y perjuicios. Frente a ello, la familia Abe solicitó un amparo que le fue negado el pasado 7 de octubre, por lo que quedó vigente la disposición judicial.

En medio de las disputas judiciales quedó una comunidad que vive temerosa de que su tierra y aire estén contaminados. Además hay carencia de empleos, lo que ha llevado a hombres y mujeres jóvenes a abandonar el lugar.

Diez años sin solución

El Hospital es una comunidad del municipio de Cuautla, donde en la década de los 60 se instaló una fábrica de pinturas, la cual en 1973 comenzó a ser operada por BASF. La construcción data del siglo XVI. Primero fue hospital, después ingenio azucarero y al final, en una superficie de 5 mil 300 metros, fábrica de pinturas. Esta dio empleo a decenas de hombres de la localidad, muchos de los cuales ya no viven aquí, pues emigraron en busca de trabajo. El viejo portón que lleva hacia el histórico edificio se abre con lentitud y apenas deja entrever destellos de su grandeza, porque al entrar lo primero que se observa son decenas de costales de tierra que en mayo pasado extrajeron la Profepa y BASF para llevarlos a confinar a un sitio autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero que ahora permanecen apilados a la intemperie, sin ningún cuidado.

Florentino Rodríguez, encargado de la ex hacienda, muestra los sitios de donde se extrajo la tierra. Señala las manchas amarillas -producto de la combinación de cromo y plomo- entre las raíces de los árboles y los drenes coloniales que atraviesan la construcción. Los drenajes siempre han conducido el agua al canal Espíritu Santo y sirven de riego a tierras del mismo nombre, las cuales se utilizan para la siembra de caña.

La fábrica utilizaba como materias primas para su producción de pinturas el plomo y el cromo, los cuales forman un masa amarilla que se utiliza para los pigmentos. Distintas versiones arguyen que la empresa utilizó esos metales, que en naciones desarrolladas dejaron de usarse hace tiempo, pero el vicepresidente de Comunicación y Relaciones Públicas de BASF, Frank Zeller, señala que en Alemania y Estados Unidos mantienen la producción con esos materiales.

El conflicto entre BASF y la familia Abe comenzó en 1997. Mientras los dueños de la ex hacienda -a quienes sin éxito se buscó para conocer su versión- argumentan en diversos documentos que la empresa alemana abandonó el sitio sin asumir su responsabilidad de descontaminar, Zeller señala que "siempre tuvimos el compromiso de limpiar el lugar, pero por acciones de la tercera parte involucrada apenas en 2000 tuvimos acceso a la ex hacienda para hacerlo. Empezamos una negociación con el dueño y la Profepa y desarrollamos un programa de limpieza".

La empresa responsable del estudio de riesgo fue la estadunidense Dames and Moore Group. De acuerdo con el plan de restauración autorizado por la Profepa, se tomaron mil 700 muestras dentro de las instalaciones y también fuera de ellas, en el poblado, para determinar las condiciones ambientales.

En las áreas correspondientes al poblado el análisis concluyó que "no ha sido adversamente afectado por los metales de los pigmentos producidos por las actividades anteriores de la ex planta de BASF". Las evaluaciones de la construcción indican que "las concentraciones son muy bajas, de tal forma que los niveles de exposición no representan riesgos o probabilidad de daño a la salud humana o al medio ambiente".

Sin embargo, los expertos del departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Jorge Francisco Rodríguez, Berenice Quintana y José Luis Contreras, trabajan en la biorremediación de suelos contaminados por metales pesados en una área de cuatro kilómetros alrededor de la ex hacienda La Concepción o el Hospital, donde, advierten, entre 1973 y 1997 se produjeron 60 mil toneladas de pigmentos destinados a la elaboración de pinturas para señalizar carreteras. "La empresa se retiró del lugar dejando un grave problema de salud pública", indican en la publicación Horizontes del 17 de enero de 2005.

De acuerdo con los especialistas, en 47 sitios de la periferia de la ex hacienda se encontró plomo, cromo, selenio y cobre, cuya presencia excede "los límites permitidos en las normas oficiales". Puntualiza que los metales pesados, como el cromo y el plomo, no se degradan, sino permanecen en el ambiente y causan daño a la salud de los seres vivos.

Agrega que durante "una supuesta restauración se cubrió con plástico una superficie de unos 500 metros cuadrados de piso de la ex hacienda y después se tapó con cemento, dejando la tierra sin poder respirar y ocasionando que la humedad ascendiera por las paredes".

La agrupación México, Comunicación y Ambiente señala que hubo irregularidades en la actuación de la Profepa cuando realizó una auditoría ambiental a BASF, en 1997. Argumenta que a pesar de encontrar diversas deficiencias "no hizo nada al respecto" y en 1999 se firmó un contrato de transacción judicial, con el cual BASF aceptó remediar los daños ambientales. "La Profepa siempre consideró como única causa contaminante la migración de polvos fugitivos." De acuerdo con el subprocurador Juan Elvira, se mantiene un proceso administrativo en todo el caso, por lo que aún no hay definición acerca de las responsabilidades que tendría la empresa, por lo que hasta que ese procedimiento concluya la dependencia hará un pronunciamiento al respecto.