Acuerdan además seguir impulsando ante diputados una nueva ley en la materia
Resolverán tribunales agrarios problemas ambientales que involucren a campesinos
Villahermosa, Tab. Magistrados de los tribunales agrarios acordaron asumir la competencia jurídica de todos los asuntos en materia ambiental que involucren a los campesinos y continuar un estrecho cabildeo ante la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados para lograr que en la nueva ley en la materia se incluya un procedimiento jurisdiccional ambiental.
Ante el avance del deterioro ambiental, la desgravación arancelaria para maíz, frijol, leche y azúcar en 2008, y la presión de empresas trasnacionales para multiplicar los cultivos de transgénicos, urge establecer una fiscalía especializada en materia ambiental y crear una comisión nacional de evaluación del daño ambiental, que concentre los elementos humanos y técnicos necesarios para dictaminar en cualquier caso sobre daños y perjuicios, asentaron en la declaración con que cerraron el Curso regional sobre justicia ambiental y agraria para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.
En la clausura del evento, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Tribunal Superior Agrario (TSA), los magistrados destacaron que no renunciarán a asumir la competencia jurídica de toda la problemática ambiental entretejida con los campesinos. "Los tribunales agrarios, al resolver, se ocuparán de la responsabilidad, los daños y los perjuicios causados al medio ambiente, así como de su resarcimiento. La conciliación sólo debe proceder cuando se trate de daños patrimoniales o que conlleve a la solución de fondo del daño ambiental."
Se comprometieron a seguir analizando y profundizando en la precisión de los valores o bienes tutelados del "mundo agroambiental", para buscar que queden plasmados en la Constitución y se elabore su respetivo reglamento.
En el cruce de las agendas ambiental y agraria hay grandes desafíos de integración política que deben resolver México y los países de la región. "Hay un largo camino por recorrer conjuntamente entre la Cepal y los tribunales agrarios para avanzar conjuntamente en el desarrollo sostenible, en lo social, lo económico y lo ambiental; sólo de esa manera se logrará que desaparezcan las grandes desigualdades que hoy imperan", expresó Hugo Guzmán Sandoval, asesor de la secretaría adjunta de la Cepal.
El presidente del TSA, Ricardo García Villalobos, asentó que la experiencia latinoamericana muestra que el tema del medio ambiente, cuando involucra a los campesinos, debe ser tratado por los tribunales agrarios, aunque hay quienes están en contra de ello.
Al insistir en que el campo está empobrecido y en crisis, y en que si no se tiene cuidado es probable que haya crisis social, García Villalobos aseveró que debe corregirse la política en la materia. Para atender los nuevos retos habrá que crear una nueva secretaría que contemple el desarrollo sostenible del campo y los conflictos agrarios que generen las nuevas tecnologías, paraestatales -Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad-, empresas como Teléfonos de México y trasnacionales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe dedicarse a los grandes proyectos y a atender problemas nacionales, y otra institución a la organización campesina que vea globalmente los conflictos ambientales, agrarios y el desarrollo del campo, consideró. Puntualizó que los tribunales agrarios van a abordar el tema de la desgravación arancelaria, porque significará dar una puntilla al campo al eliminar el impuesto a las importaciones de maíz.
En las conclusiones del curso, los responsables de los tribunales agrarios destacaron que a la fecha no existe ningún órgano jurisdiccional que tenga atribuciones claras y precisas para conocer de los conflictos ecológicos que afecten a ejidos y comunidades, por ello los magistrados del TSA asumirán esa responsabilidad, pero también es urgente que en la legislación vigente -no especificaron si agraria o ambiental, o ambas- se acote el concepto de daño ambiental para "dotar de certeza jurídica a los operadores, ya que la única definición que actualmente existe es la de la legislación común".
Carlos Chirinos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, comentó que el reto de México y los países latinoamericanos es realizar determinadas obras extractivas, como la minería, sin perjudicar de manera grave al medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades y poblaciones locales.
"El tema ambiental involucra muchas actividades que pueden afectar el nivel de vida de las personas o el equilibrio de los ecosistemas, pero los jueces agrarios están en situación de privilegio, de poder abordar esos temas porque la mayoría involucran tierra. Sin embargo, los magistrados agrarios deben tener una mayor capacitación y apertura a los conocimientos de otros sectores e ir coordinados con una fiscalía para que pueda haber una previsión del delito, ya que de nada serviría tener jueces muy capacitados y un sistema de procuración de justicia débil." Recomendó que los países latinoamericanos estrechen sus relaciones en materia de biodiversidad, y que cada país establezca su propia modalidad tradicional para la inscripción y registro de los conocimientos tradicionales.