Falta en México cultura para exigir el respeto a derechos humanos
Alrededor de 40% de víctimas minimizan las ofensas sexuales, revela la ONUDD
Sólo uno de cada 10 delitos sexuales se denuncia; 83 por ciento de las víctimas son mujeres y la mitad de ellas opina que esos actos no son graves, pese a que en 71 por ciento de los casos no conocían al agresor. La encuesta sobre criminalidad y victimización realizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reveló lo anterior y la necesidad de impulsar la construcción de una ciudadanía que exija el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de la población femenil.
En conferencia de prensa para dar a conocer la creación del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres, José Vila del Castillo, representante regional para México y Centroamérica de ONUDD, comentó que la investigación realizada en 2004 encontró que del total de personas encuestadas, 4 por ciento había sido víctima de una ofensa sexual durante los pasados cinco años.
La edad predominante de las víctimas se ubicó entre los 18 y 24 años (41 por ciento) y que en casi la mitad de los casos las agresiones tuvieron lugar en casa de la víctima. Un dato que el diplomático destacó es que la mitad de las mujeres agredidas no consideró que la ofensa sexual sufrida sea un hecho grave, mientras 18 por ciento no cree que lo ocurrido sea un delito.
Con relación al parentesco con la víctima se encontró que la tercera parte de los agresores eran conocidos por las mujeres; de elos, 37 por ciento de los casos era algún pariente y 25 por ciento su ex cónyuge o ex pareja. Lo más grave, dijo Vila del Castillo, es que sólo una de cada 10 agresiones fue denunciada ante las autoridades judiciales.
A partir de esta información y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí existe la violación dentro del matrimonio, las integrantes del observatorio resaltaron que la decisión llega con un retraso de por lo menos 8 años, pues durante 11 se mantuvo a las mujeres en una situación de total indefensión.
Y es que, explicaron, los casos que han llegado a los juzgados se han resuelto con base en la tesis 10/94 de la Corte, según la cual las relaciones sexuales que se realizan de manera forzada por alguno de los miembros de la pareja era un "ejercicio indebido de su derecho".
Carolina O'Farril y Guadalupe Gómez Maganda, integrantes del observatorio, resaltaron que la reforma al Código Penal aprobada por el Congreso de la Unión en 1997 -en la que ellas participaron como diputadas- y por la que se tipificó el delito de violación en el matrimonio, tenía el objetivo de que la Corte modificara la tesis 10/94, toda vez que ésta se había originado ante un supuesto vacío legal.
Sin embargo, nada ocurrió sino hasta ayer, cuando a petición de una mujer del estado de México, los magistrados tuvieron que retomar el caso.
Por su parte, Celia Aguilar, coordinadora de Programas del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), calificó como grave el hecho de que en México, que desde sus inicios como país independiente se pronunció en favor de los derechos humanos, se haya permitido la violación de las garantías de las mujeres y la legislación "se haga al revés".
La percepción de Unifem es que en el país ha habido un retroceso, y aunque en el Congreso de la Unión las legisladoras han empujado para aumentar los programas y los recursos económicos destinados a la protección de los derechos femeninos, aún falta "la construcción de ciudadanía".
Si bien los estados, el Poder Ejecutivo y todas las instancias de gobierno tienen el mandato de garantizar los derechos de las personas, la única manera de asegurar que cumplirán es con la participación de la sociedad civil que tenga el poder de exigir que lo hagan.
En tanto, un análisis de Milenio Feminista, también integrante del observatorio, resalta que las legislaciones de 20 estados de la República reconocen que en el delito de violación, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, aquella que tiene toda persona para decidir si desea mantener relaciones sexuales y con quién.
La pena privativa de la libertad varía en cada entidad, pero en todos la violación es un delito grave que no admite libertad bajo fianza, ni ningún otro beneficio para el violador, indica la investigación.