Llamará a comparecer a altos funcionarios del gobierno por el uso de 2 aeropuertos
Investiga Congreso español supuestos vuelos de la CIA con presos islamitas
Noruega y Suecia indagan sobre el traslado de militantes a países que permiten la tortura
Madrid, 16 de noviembre. El Congreso español comenzó hoy a gestionar la comparecencia de altos funcionarios del gobierno español para determinar la veracidad de las acusaciones sobre el uso que dio la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a dos aeropuertos españoles en el traslado de presuntos militantes de organizaciones armadas islamitas, al tiempo que los gobiernos de Noruega y Suecia iniciaron investigaciones oficiales sobre las conexiones de sus terminales aéreas en este caso.
Parlamentarios de Izquierda Unida (IU) cuestionaron hoy el vacío de información del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero sobre las escalas que hicieron en 2004 y 2005 aeronaves supuestamente fletadas por la CIA en las islas Mallorca y Tenerife.
Anunciaron que pedirán formalmente la comparecencia de los ministros del Interior, José Antonio Alonso; de Defensa, José Bono, y de Relaciones Exteriores, Miguel Angel Moratinos, así como del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La polémica sobre el uso de instalaciones aeroportuarias españolas fue activada el martes con la publicación de extractos de un informe de la Guardia Civil española que documentó al menos 10 escalas de aviones rentados por la CIA, que transportaron a por lo menos medio centenar de presuntos militantes de organizaciones como Al Qaeda, para ser interrogados en países donde la tortura no está penada.
Las presiones sobre el gobierno de Rodríguez Zapatero llevaron hoy al Ministerio de la Presidencia a señalar en un comunicado que desde marzo pasado la embajada de Estados Unidos informó que carece de "constancia alguna de posibles traslados aéreos de detenidos", en respuesta a una solicitud de la administración española.
El embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, afirmó en Toledo que su gobierno no hace comentarios públicos sobre temas de seguridad y aseguró que "en ningún momento ha habido alguna violación de la ley española".
Fuerzas políticas regionales de España (la Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Nacionalista Vasco) se sumaron a las críticas contra el silencio del gobierno español y respaldaron la propuesta de que los ministros den explicaciones al Parlamento.
Miguel Becerra, vocero del gobierno canario, afirmó hoy que en marzo pasado, cuando comenzó a circular la versión de que la CIA utilizaba el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife, pidió información al Ministerio del Interior, pero obtuvo una respuesta insatisfactoria.
"O han averiguado algo o han mentido", dijo Becerra después de señalar que en su correspondencia oficial, el Ministerio del Interior respondió que "no ha tenido conocimiento de que Canarias haya sido empleada como escala en el transporte ilegal de personas, supuestamente terroristas, por ningún país".
Para que se produzcan las comparecencias, la petición deberá salir de parlamentarios del partido en el poder, el Socialista Obrero Español (PSOE) o la de la segunda fuerza política, el Partido Popular (PP).
"Los vuelos del terror constituyen un escándalo internacional al que el gobierno, tanto el anterior del PP, como ahora el del PSOE, han reaccionado con pasividad y sin voluntad de investigar", dijo el vocero de IU, Gaspar Llamazares.
En Oslo, un vocero de la terminal de Gardemoen confirmó que un avión rentado por la CIA hizo escala de 12 horas. Según la prensa local, ese hecho ocurrió el 20 de julio pasado, pero antes, el 1º de junio, otra nave fletada por los servicios estadunidenses de espionaje aterrizó cerca de la ciudad de Stavanger, informaron agencias de prensa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que funcionarios de la cancillería sostuvieron este miércoles reuniones con personal de la embajada estadunidense para aclarar los acontecimientos. Los diplomáticos aseguraron que las escalas nunca ocurrieron en aeropuertos noruegos y el primer ministro Jens Stoltenberg aceptó la versión.