Es la principal productora de plata en el mundo
Empresa canadiense, tras rica minera de Guanajuato
Presentan trabajadores demanda por venta ilegal de 30 fundos
Trabajadores de la Cooperativa Minera Santa Fe interpusieron una demanda civil para evitar que se "malbarate" su patrimonio, en una operación que consideran "fraudulenta" y que fue armada por la trasnacional canadiense Grant Panther, para despojarlos de más de 30 fundos mineros ubicados en Guanajuato.
La demanda interpuesta ante el juez de primera instancia en materia civil de Guanajuato señala que, por medio de un prestanombres y el pago de apenas 80 millones de pesos, la firma canadiense busca adquirir las mineras Las Animas, El Borrego, El Caliche, El Progreso, Esperanza, La Victoria, San Lorenzo, La Cata, El Nopal, El Promontorio, La Chuparrosa, San Francisco de Asís, La Purísima Concepción, La Victoria, Robledo, San Antonio, San Juan de Rayas, y varias más que ocupan el primer lugar mundial en producción de plata, y que apenas tienen explotado 15 por ciento en oro y cobre.
Los trabajadores argumentan que hay funcionarios del gobierno estatal interesados en que se concrete la operación, la cual, además de que pondría fin a una de las cooperativas más importantes del país, prácticamente daría a los extranjeros la posesión de las minas de la entidad.
Presentaron la denuncia Eduardo Ortega Rivera, Angel Quezada Gutiérrez, Rosa Gutiérrez Arreguín, José Miguel Nava Rodríguez y Graciela Hernández, en nombre de los socios de la sociedad cooperativa, contra Great Panther Resources Limited y la compañía Minera Mexicana El Rosario, empresa que se presume que está siendo utilizada por los inversionistas canadienses para concretar la operación, ya que fue la que firmó la intención de compra.
Los trabajadores piden que se declare nula la asamblea general extraordinaria del 6 de julio de 2005, la cual "se manipuló" para que supuestamente se adoptaran acuerdos para realizar la venta de la Sociedad Cooperativa Minera Santa Fe; asimismo, demandan invalidar la carta de intención de compra suscrita por el presidente del consejo de administración de la minera, Pablo Olmos Morales, y el gerente Jesús Baltierra.
Además, solicitan la rendición de cuentas del dinero entregado por anticipo en la operación, así como la nulidad de la protocolización del contrato de compra venta que hizo el notario público número 34 de la entidad, Héctor Manuel Ramírez Sánchez.
Según manifiestan en su escrito, "todo el proceso ha estado amañado desde el inicio, ya que violentando los estatutos y los tiempos estipulados se citó a la asamblea en la cual, mediante engaños, sin estar apegados a la ley e incluso sin cumplir el quórum, supuestamente los trabajadores aceptaron la venta". En dicha asamblea, afirman, "al más puro estilo priísta, un grupo de trabajadores cercanos al presidente del consejo señaló a gritos: ¡que se venda, que se venda!", y se dio por hecho este asunto, sin que se pusiera a votación y, en consecuencia, nunca fue aprobada, por lo que el notario no pudo dar fe del número de votos emitidos.
Así, afirman, "la determinación de la asamblea para vender los bienes de la cooperativa es ilegal", sobre todo porque en los puntos del día no se incluyó solicitar autorización para la disolución y venta de la cooperativa, señala la demanda.
En la misma se argumentan las irregularidades del proceso y cómo, a pesar de ello, el 19 de julio de este año Pablo Olmos Morales suscribió un contrato de compraventa con Compañía Minera Mexicana El Rosario, fijando como precio de este patrimonio -que contempla más de un millón de héctareas, así como plantas de beneficio, equipo, camionetas, herramientas, talleres, abastecimiento de aguas, presas, oficinas, almacenes, hospital, etcétera- 80 millones de pesos (7 millones 250 mil dólares), cuando hay un avalúo de hace dos años donde su valor está calculado en 300 por ciento más.
Debido a que, aunque sea una ganga, los canadienses no exponen ni un peso, mandaron hacer trabajos de exploración en las minas que están en disputa, y en su página web señalan que sus análisis determinaron que "se presume que en ellas hay mineral rico en oro".
Por todo ello, demandan al juez admitir la demanda, se gire oficio al secretario de Economía de Guanajuato para que investigue la intervención del capital extranjero en sectores consagrados por la Constitución y, sobre todo, "parar este fraude".