Descarta la consejera jurídica que se invadan funciones del gobierno federal
Evitar la desecación de yacimientos, el objetivo de la norma sobre agua: GDF
Dice confiar en la sensibilidad de la Corte para resolver en favor de la autoridad local
La consejera jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, María Estela Ríos González, advirtió que la necesidad de que el gobierno de la ciudad disponga de una norma propia que le permita inyectar agua tratada a los mantos acuíferos es un asunto que va más allá del debate sobre la presunta invasión de facultades del Ejecutivo Federal.
Dijo que en este caso, el cual comenzaron a analizar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el asunto de fondo es evitar la desecación de los yacimientos de agua subterráneos y el hundimiento de la ciudad, y es por tanto una medida de carácter ecológico para beneficio común.
Expresó que no hay duda de que el gobierno de la ciudad no invade facultades que corresponden al Ejecutivo Federal, en tanto que la norma no tiene como propósito la extracción, explotación o desalojo de las aguas nacionales, sino al contrario, su reintegración a los mantos acuíferos.
Se trata además de una norma que garantiza la infiltración de agua tratada en condiciones que superan en calidad la establecida por la normatividad del gobierno federal, para asegurar que no se contaminen dichas reservas.
Explicó que en el título de concesión que dio el gobierno federal al del DF para el aprovechamiento del acuífero "se nos obliga a tomar medidas", y eso es precisamente lo que llevó al gobierno local a emitir la norma ambiental NADF-003-AGUA-2002.
Recordó que la norma se discutió en su momento con la Comisión Nacional del Agua, dependencia que dio su aval e incluso "estaba por emitir una norma oficial similar para otros aspectos, pero a otro nivel tomaron otra decisión y no me toca deducir cuáles fueron las razones" que llevaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar ante la SCJN una controversia constitucional contra el gobierno de la ciudad por esa norma.
Indicó que se está tratando de hacer ver a los ministros de la Corte que las características del suelo de la ciudad provocan hundimientos que hacen necesario bombear las aguas residuales para desalojarlas, cuando anteriormente esto ocurría por la inclinación natural del sistema de drenaje.
Advirtió que el tema del cuidado del agua y su tratamiento, más que un asunto de competencia de una autoridad, debería ser una obligación de todos.
Ríos González consideró que los ministros de la SCJN serán sensibles en este caso, pues "estamos actuando conforme a derecho, en beneficio de la ciudad de México, tratando de resolver un grave problema que afecta a los habitantes, y tocará a la Corte decidir si tenemos facultades".