Más allá de los disturbios, la guerra social
L a población joven de los suburbios franceses, protagonista de los disturbios, acumula el peso de la herencia colonial, la ausencia casi total de perspectivas y la relegación en ciudades guetos, que han sido totalmente abandonadas por la clase política en su conjunto.
Tres décadas de políticas antisociales han sido acompañadas de exhortaciones de las autoridades para favorecer la "integración" de esos jóvenes que, aunque ostenten un color de piel oscuro, son franceses desde hace tres generaciones. Pero en vez de analizar los efectos a largo plazo de una política de "desintegración social", los responsables políticos apuntaron hacia una explicación que presentaba la práctica de la religión musulmana como factor de autoexclusión. Las diatribas racistas acerca de los barrios supuestamente "controlados por hordas islamitas" iniciaron en Francia desde mucho antes del 11 de septiembre 2001.
Hay que recordar que las últimas elecciones presidenciales dieron a escoger entre una derecha xenófoba y una extrema derecha racista, que compitieron principalmente sobre el tema del combate a la "inseguridad ciudadana". Por eso no sorprende el aplauso unánime de los representantes de la derecha, la ultraderecha, del partido socialista y de algunos alcaldes y diputados comunistas ante el anuncio hecho por el primer ministro de imponer -mediante la reactivación de un decreto instaurado en 1955 durante la guerra de Argelia- el toque de queda en todo el territorio para "restablecer el orden de la República".
Para comprender el nivel de cinismo que implica invocar "la República" para imponer leyes de excepción que rompen precisamente con todas las instituciones políticas, económicas y sociales de la República, no es inútil reubicarse en un contexto de desmantelamiento social agudizado por una criminalización de los movimientos sociales y una embestida sin precedente en contra de los derechos fundamentales de la población en su conjunto.
Ante el deterioro de las políticas de prevención en materia de justicia, se adoptó en septiembre pasado el uso del brazalete electrónico. Si bien está limitado a cierto tipo de delincuentes, nadie puede garantizar que con el tiempo e invocando circunstancias extremas, su uso no se extienda a otras categorías de población. Otras señales legitiman esta preocupación, como la sistematización del registro biométrico de los extranjeros deseosos de pisar suelo francés. Más escalofriante aún es la propuesta hecha por un parlamentario de la mayoría gubernamental: detectar comportamientos "potencialmente delincuenciales" desde ¡el jardín de niños!
A raíz de los constantes recortes presupuestarios en la educación nacional se observa un sensible aumento de los alumnos que egresan del sistema escolar sin ningún diploma. El remedio propuesto consiste en bajar la edad de escolaridad obligatoria, de 16 a 14 años, para suministrar al raquítico mercado de trabajo una mano de obra barata tempranamente etiquetada como incapaz y fracasada. Esta estrategia vendría a insertarse en los proyectos pilotos de "zonas francas". Este sistema, que otorga ventajas fiscales para la instalación de microempresas en los barrios desfavorecidos, no ha producido el milagro esperado. La tasa de desempleo juvenil sigue oscilando entre 20 y 40 por ciento.
El mundo del trabajo no está exento de los embates neoliberales y lógicamente resiste ante los intentos del bloque gobierno-patronal de destruir lo que queda de él. Ultimamente el derecho constitucional a la huelga ha sido severamente quebrantado. En septiembre pasado, los maleteros del aeropuerto parisiense que reclamaban mejores condiciones de trabajo, fueron conminados a cesar su paro so pena de ser procesados penalmente, porque el amontonamiento de equipajes en los sótanos constituía una "amenaza para la seguridad nacional". Al mismo tiempo, la huelga de los marineros de la Sociedad Nacional Marítima Córcega-Mediterráneo (SNCM) contra el proyecto de privatización de la empresa pública que enlaza el puerto de Marsella con la isla de Córcega, fue brutalmente reprimida y tras un forcejeo de tres semanas el gobierno se impuso mediante un odioso chantaje: reinicio del trabajo o cierre de la empresa. Simultáneamente, los trabajadores de la empresa de transportes públicos de Marsella iniciaban un paro por las mismas razones. Al cabo de 32 días, un tribunal declaró la huelga ilegal, por tener "matices políticos". La amenaza de verse imponer una multa de 10 mil euros diarios logró doblegar al sindicato.
Para seguir la lógica neoliberal en que se enrumbó, el gobierno no duda en lesionar derechos tan fundamentales como el de la libre circulación, la justicia, la educación y el acceso al trabajo. La guerra desatada en todos los frentes sociales provocó reacciones explosivas en los suburbios, pero existe la posibilidad de que esta expresión "desordenada" sea seguida por una ola más "organizada" en la defensa testaruda de las conquistas sociales. Cuatro sindicatos de la Compañía Nacional de Ferrocarril (SNCF) han llamado al paro, que a partir del 21 de noviembre podrá ser reconducido diario y de forma indefinida. La última vez que se produjo tal acontecimiento, en diciembre de 1995, la huelga se amplió a todo el sector público y duró más de un mes... hasta hacer caer el gobierno.
* Periodista francesa. Ha trabajado en Nicaragua, Alemania y Francia.