El bono electoral, posible fuente para ajustar el gasto

Los comicios, garantizados pese al recorte: consejeros

La solicitud de recursos fue realista, dice Gómez Alcántar

ALONSO URRUTIA

La noticia de que el Instituto Federal Electoral resentirá un recorte presupuestal de mil 28 millones de pesos sorprenderá en París a los consejeros electorales Alejandra Latapí y Arturo Sánchez, quienes se encuentran en esa ciudad empeñados en aumentar la raquítica participación de los mexicanos residentes en el extranjero en el voto del próximo año. El consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, conocerá los pormenores de la reducción a su llegada del viaje que lo llevó a Dallas, Texas, y posteriormente a Washignton, DC, con el mismo propósito.

En México, los consejeros electorales, Lourdes López y Marco Antonio Gómez Alcántar externaron su preocupación por el recorte, pero sostuvieron que la reducción no coloca en riesgo al proceso electoral de 2006, pues sus programas prioritarios están plenamente garantizados. "Son intocables", dijo López. La razón: el recorte estuvo acompañado de la liberación de la responsabilidad del IFE de devolver la parte de los mil 60 millones de pesos que utilizarán en el voto de los mexicanos en el extranjero, que podrían ser reasignados.

Ante la escasa participación -poco más de mil 273, 0.3 por ciento del padrón potencial según el IFE- es previsible que se reduzca sustancialmente el gasto ejercido para el seguimiento del proceso posterior a la distribución de solicitudes. Lo cierto, es que el voto de los mexicanos en el extranjero ha demandado montar una estructura paralela y la contratación de 417 empleados para esa labor, desde el personal de base hasta el coordinador de la unidad especial creada para ello, Patricio Ballados, cuyo sueldo ronda los cien mil pesos mensuales -apenas un poco menor de los 107 mil pesos que perciben los directores ejecutivos del organismo-, que provienen de la partida de 344 millones de pesos destinados para ese fin en este año.

Sin embargo, un renglón donde podría haber margen de maniobra para reducir el gasto es el denominado bono electoral, partida extraordinaria contemplada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se ha aplicado en los procesos anteriores bajo la premisa de que existe una mayor carga de trabajo, todos los días son laborables en año electoral y no se pagan horas extras.

En los comicios federales pasados -aún con el anterior consejo- se distribuyeron dos meses de salario lo que, en el caso de los consejeros, a salarios vigentes, representaría casi unos 320 mil pesos de percepciones. Partidas semejantes se aplican a los altos mandos y personal del Servicio Profesional Electoral, cuyo número asciende a 2 mil 300 funcionarios.

Gómez Alcántar sostuvo que las previsiones que debió realizar el IFE en cuanto al voto postal de residentes fuera del país debieron efectuarse considerando el universo total de potenciales votantes -estimado por el organismo en 4.2 millones- pero será en enero, cuando se tenga con mayor precisión el número de quienes emitirán su sufragio en el momento en que se puedan reorientar las partidas para no afectar programas prioritarios.

Será entonces, añadió el consejero, cuando se determine la distribución de esos recortes, donde tendrían que ser corresponsables de la reducción los propios partidos políticos, como ha hecho en anteriores experiencias de ajuste del gasto. Lo cierto, dijo, es que el IFE asume plenamente la responsabilidad de la organización electoral aun cuando se recortó el presupuesto cuya propuesta original, dijo, se hizo sobre bases realistas de gastos.

A su vez, López señaló que si bien el recorte podría impactar en proyectos y "sueños" que permitieran corregir los "hábitos" presupuestales del IFE, afirmó que es claro que los programas prioritarios de la organización electoral son intocables. "A mi juicio no está en riesgo el proceso electoral bajo ninguna circunstancia porque creo que sí podemos realizar una revisión integral."

Hay un gasto de operación que evidentemente no puede ser tocado, pero también es necesario revertir los desajustes en la pirámide laboral en el IFE, pues la mayoría del personal tiene percepciones que oscilan entre 4 mil y 7 mil pesos. Lamentó que algunos proyectos de modernización y reordenación administrativa tengan que postergarse y citó el caso de los inmuebles: de los casi 500 que utiliza el IFE, sólo 11 le pertenecen, lo que implica una erogación anual de 300 millones de pesos por arrendamiento.

López mencionó que habrá que postergar programas de modernización, pero no sacrificar el gasto electoral. A su juicio, ni el programa de actualización del padrón, ni el Programa de Resultados Preliminares Electorales estarían afectados.