Omisiones de funcionarios del SAT propician fallos en contra de la hacienda pública
Pierde el fisco $476 mil millones por la dificultad para cobrarlos
Denuncia la Auditoría Superior de la Federación que le han impedido revisar expedientes
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Detectan acciones deficientes en el Sistema de Administraci�ributaria FOTO Guillermo Sologuren
Foto: Guillermo Sologuren
El monto de los recursos tributarios que no han podido ingresar al erario por la dificultad de su cobro ascendió a 476 mil 896.5 millones de pesos al término de septiembre de este año, y registra una expansión de 75.3 por ciento respecto a la dimensión que tuvo al comienzo de la actual administración, indican cifras oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en la revisión de la cuenta pública 2003, dada a conocer apenas en 2005, se encontró que en ese ejercicio al menos ocho juicios, con un importe global de casi 7 mil millones de pesos, se perdieron en tribunales "por omisión en las acciones de los funcionarios del SAT", y denunció que el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Tesorería de la Federación "no permitieron a la ASF el acceso a la información de expedientes de juicios perdidos".
Además de la merma de los ingresos tributarios que representan los juicios perdidos, la ASF encontró diferencias contables sobre créditos fiscales e incobrables entre unidades administrativas del propio SAT por 14 mil 849 millones 890 mil 900 pesos en 2003, y "observó que a 37 créditos fiscales por un monto de 3 mil 295.3 millones de pesos no se les ha dado seguimiento oportuno en el Sistema Integral de Recaudación".
Según las cifras del SAT, en términos absolutos el hueco de los recursos que han dejado de ingresar al erario por la vía de los "créditos fiscales" se ha expandido en 205 mil 809.5 millones de pesos durante esta administración, y de esa cantidad más de 50 por ciento, esto es 105 mil 132.8 millones de pesos, corresponden al aumento en los créditos fiscales clasificados como "incobrables" y "controvertidos".
Rudos y técnicos
Al inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada el monto de los créditos fiscales clasificados como "incobrables" era de 68 mil 210 millones de pesos, y ascendía siempre dentro de una tendencia ascendente a 132 mil 571.6 millones al término de septiembre de 2005, lo que implicó una elevación de 94.3 por ciento desde el primer trimestre de 2001 en que se informa públicamente al respecto.
Por el lado de los créditos "controvertidos", su saldo aumentó de 124 mil 560 millones a 165 mil 984.7 millones de pesos en el periodo considerado. Los resultados a la luz pública del entramado de los juicios deja mucho que desear sobre un mejor desempeño.
De 24 mil 555 juicios que concluyeron en primera instancia durante 2004, el SAT perdió 58.4 por ciento de ellos, mientras que en los 10 mil 308 que tuvieron desenlace final en la segunda instancia, la autoridad fiscal perdió 46.5 por ciento.
Entre enero y septiembre de 2005 se desarrollaron 36 mil 757 juicios en materia fiscal. En primera instancia el SAT perdió 37.5 por ciento de los casos, ganó 44 por ciento de ellos y el 18.8 por ciento terminó con "nulidad para efectos", una especie de empate técnico en el que la autoridad "conserva sus facultades para determinar y en su caso cobrar los créditos impugnados".
De los 9 mil 807 litigios que llegaron a la segunda instancia, 55.3 por ciento de los fallos le fueron favorables, y en el 44.7 por ciento ganó el contribuyente, o sea, perdió el SAT por diferentes fallas.
La falta de coordinación entre diferentes áreas del SAT ocasionó pérdidas por casi 7 mil millones de pesos en ingresos tributarios durante 2003, que nunca podrán ser cobrados por juicios perdidos por la autoridad, y ganados por empresas entre las que figuran el Banco Nacional de México (Banamex), Jugos Mexicanos (Jumex), Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Luz y Fuerza del Centro.
No exentos de obstáculos, abiertos y subrepticios, los trabajos desarrollados por la Auditoría Superior de la Federación en el Servicio de Administración Tributaria le permitieron arribar a la siguiente conclusión: "Se concluye que el SAT pierde los juicios debido, principalmente, a las omisiones en las acciones o funciones que deben realizar las unidades administrativas que emiten los requerimientos y notificaciones a los contribuyentes".
Estas causas ocasionaron se perdiera un juicio con el contribuyente Banco Nacional de México, S.A., por mil 453 millones de pesos "por causas imputables a la autoridad"; otros dos con Luz y Fuerza del Centro por más de 2 mil millones de pesos en conjunto. El SAT perdió de esta misma manera los juicios por nulidad interpuestos por Jumex y TMM, "por los cuales se les devolvieron mil 200 millones de pesos y 2 mil 191 millones por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) e impuesto al valor agregado (IVA), respectivamente".
Páginas más adelante, en el mismo informe, la ASF reitera: "se comprobó que las causas por las que se pierden los juicios son reincidentes e imputables a las unidades administrativas del SAT, ya que en la diligencia de los actos administrativos no cumplen con lo establecido en los artículos 46-A, 127, 129 y del 134 al 137 y 139 del Código Fiscal de la Federación".
Esto es lo que la ASF pudo constatar, pero puede haber más irregularidades de fondo que no pudo corroborar por la negativa de las autoridades a proporcionar la información solicitada. Ello dio lugar a una "promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa, formulada en los siguientes términos:
"Como resultado de la revisión practicada, se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones, debido a que no proporcionaron información al auditor superior de la Federación de 18 expedientes de juicios perdidos, ni los expedientes e información de los contribuyentes Transportación Marítima Mexicana y Compañía Jugos Mexicanos, S.A. de C.V., con motivo de solicitud de devolución de impuestos (...) los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación tampoco proporcionaron estos últimos expedientes".