Editorial
Dinero y juego sucio, pandemias del proceso electoral
México es un país que carece de instrumentos legales eficaces para transparentar los gastos de campaña de los partidos políticos. Aun así, ayer viernes el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Prieto Treviño, consideró inviable que el Instituto Federal Electoral (IFE) tenga facultades para abrir el secreto bancario que protege las fuentes de financiamiento de los partidos. Estas carencias han permitido que la democracia mexicana se encuentre virtualmente atrapada por intereses particulares y partidistas. Además, los videos divulgados este viernes sobre reuniones del empresario Carlos Ahumada actualmente preso con miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) podrían situarnos en el inicio de un juego sucio que busca descalificar el quehacer político y evitar que la gente acuda a las urnas en las próximas elecciones presidenciales de julio de 2006.
El rechazo de Guillermo Prieto a poner fin al secreto bancario en materia de financiamiento de las campañas electorales refleja la postura sobre este tema de buena parte de la clase política, actitud que deja vía libre a los partidos para seguir obteniendo recursos sin importar su origen. No hay más que recordar los casos de los Amigos de Fox y el Pemexgate: el primero significó millonarias aportaciones de origen dudoso a la campaña de Vicente Fox y el segundo implicó cuantiosos desvíos de fondos provenientes del sindicato de Petróleos Mexicanos a la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa. Ambos escándalos quedaron impunes. Se trata, pues, de una "combinación perversa" entre política y dinero, como señaló el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez. Por el momento, las autoridades cuentan con el Reglamento de Fiscalización de Ingresos y Gastos aprobado esta semana para romper con ese círculo vicioso, aunque esta norma es insuficiente para frenar la entrada de fondos ilícitos a las arcas de los partidos.
En ese contexto, una ley eficaz contra el financiamiento oscuro de campañas impediría que las elecciones se conviertan en un jugoso negocio y dificultaría las relaciones de interés entre empresarios y políticos. Los videos divulgados este viernes, en donde se aprecia a Ahumada en sendas reuniones con Ramón Sosamontes ex integrante del PRD y Gabino Cue ex candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición PRD-Partido Acción Nacional- Convergencia son ejemplos de esas relaciones perversas y reprobables.
Pero más allá de lo censurable de esos encuentros en los que se habla de favores a cambio de apoyo económico, la divulgación de los videos pone de manifiesto un proceso electoral turbio, en el que las filtraciones de hechos escandalosos a la prensa se han vuelto una arma para descalificar rivales, dejando en segundo plano las plataformas de los candidatos. Por otro lado, no es posible que esas grabaciones se dieran a conocer al público en vez de enviarlas a las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, como marca la ley. Al respecto, el PRI tenía la obligación de entregar esos videos a la justicia en lugar de buscar un efecto mediático, lo que mancha los comicios a ocho meses de su realización.
El contubernio entre dinero y partidos políticos, así como la perniciosa costumbre de socavar al contrario con golpes bajos, constituyen un grave peligro para la incipiente democracia nacional. Es por ello que se impone urgentemente atacar de raíz estos vicios para evitar el desgaste del sistema político y la falta de confianza y credibilidad en los partidos y sus candidatos.