Subvaluación de mercancías y falsificación de documentos, entre ellas
Irregularidades en una quinta parte de importaciones por fallas aduanales: ASF
Sigue contrabando a pesar de la participación privada
No aumenta la productividad
Doce años después de la apertura de las aduanas mexicanas a operadores privados, la eficiencia del control para el tránsito de mercancías no mejoró. Por el contrario, disminuyó 2.6 puntos porcentuales de un índice elaborado específicamente para medir los tiempos de duración del reconocimiento de mercancías en las garitas fiscales.
En los hechos, la operación privada de las aduanas tampoco detuvo el contrabando ni erradicó las irregularidades en los trámites para el ingreso o salida legal de mercancías.
Como ejemplo, una muestra realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2003, arrojó que de 7 mil transacciones de importación revisadas en el primer trimestre de ese año, 20 por ciento presentó "irregularidades principalmente en materia de subvaluación de mercancías, la triangulación de origen y la falsificación y/o alteración de documentos".
De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, desde 1993 la Administración General de Aduanas comenzó a transferir atribuciones de revisión de mercancías a empresas privadas, con el objetivo de "combatir el contrabando" y facilitar las transacciones de comercio exterior. Para finales de 2005 se tiene previsto renovar o asignar nuevos contratos a compañías interesadas en realizar operaciones de apoyo, control y dictamen en éstas.
Esto a pesar de que conceptualmente "el tema aduanero es asunto estratégico, que interesa a los contribuyentes que realizan operaciones de comercio exterior y al gobierno en particular, ya que de su labor depende garantizar la seguridad nacional y proteger la economía del país, la salud pública y el medio ambiente al impedir el flujo de mercancías peligrosas o ilegales, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", definió la ASF en su más reciente informe.
Sin embargo, de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003 realizada por la ASF se desprende que únicamente 19.2 por ciento de pedimentos tramitados son verificados y los que se llevan a cabo no cumplen el objetivo de "eficientar el control aduanero", ya que "la mejora operativa para el total de las aduanas disminuyó 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 85.8 por ciento en 2001 a 83.2 por ciento en 2003, aun cuando el número total de pedimentos tramitados disminuyó 3.7 por ciento y el de reconocimientos efectuados 0.6 por ciento".
Medida en ingresos, la eficiencia de las aduanas del país también dejó mucho que desear en la revisión de la ASF, pues el margen establecido en 12 recintos fiscales "se situó por debajo del promedio nacional de 19 mil 590.8 pesos". Se constató, señala el reporte de auditoría, que "si bien en 33 aduanas no se registraron pérdidas, los niveles estuvieron por debajo de la media, fluctuando entre 19 mil 241.03 pesos y 258.24 pesos por pedimento; en una aduana el margen de eficiencia resultó negativo en 410.87 pesos".
Selección natural
Dentro del marco de la cada vez mayor participación privada en el sector aduanero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), del cual depende la Administración General de Aduanas, ha cubierto con un velo de legalidad la apertura de áreas sensibles del sector público a inversionistas privados.
En su proceso de modernización el SAT emitió una convocatoria pública para la prestación de servicios del Centro de Administración Tecnológica (CAT), concurso en el que la transnacional IBM fue la única entre 10 empresas que obtuvo "título de autorización", después de que otras nueve compañías, entre ellas Dell, Hewlett Packard, Unisys y Siemens, entre otras, fueron eliminadas "en virtud de que no cumplieron con lo solicitado", revelan documentos oficiales de ese organismo.
A partir de la publicación de la convocatoria para obtener "un título de autorización" para prestar al SAT los servicios del CAT, el 8 de abril de este año, 10 empresas presentaron la documentación requerida en el concurso. También participaron el Centro de Productividad Avanzada; Dell México; EDS de México; Getronics; Qualita, y Sonda do Brasil.
El concurso se asignó a IBM, pero en el acta de conformidad, levantada el 28 de abril de este año, sólo se presentaron para firmar el documento los representantes de EDS de México y de Sonda do Brasil, quienes dejaron asentado:
"El representante de la empresa EDS de México, Alejandro Flores Ferriño, comenta que hay falta de comunicación y que no son satisfactorias las respuestas a mis comentarios", en tanto que el apoderado del participante brasileño, José Antonio García Cruz, manifestó: "derivado de la indicación efectuada por el servidor público Roberto Ramírez de la Parra, de que esta no es una sesión de preguntas y respuestas, nos reservamos nuestros comentarios, conforme a nuestro derecho convenga, manifestando que en caso necesario nos dirigiremos a la instancia correspondiente".
La ausencia de los representantes de las otras empresas descalificadas hizo parecer que la decisión de las autoridades del SAT tenía nombre y apellido. En el acta se dejó asentado el argumento de que "no cumplió con lo solicitado", mismo que fue utilizado para cada una de las compañías que en opinión de las autoridades no acreditaron los requisitos.