Impugnan diputados que se intente convertir al Cisen en una "policía política"
Se opone AN a revivir época de la DFS
Senadores recurrirán a la controversia si el reglamento sobre seguridad rebasa la ley
El PAN en la Cámara de Diputados advirtió que no permitirá que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se convierta "en una policía política, en un órgano de persecución que genere terror y limite las libertades protegidas por la Constitución", porque sería regresar a las épocas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Mientras, en el Senado, la bancada priísta anticipó que si el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional concede facultades extralegales al Cisen se interpondrá una controversia constitucional.
El diputado panista Pablo Alejo López Núñez, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, afirmó que Acción Nacional, que ha sido tradicionalmente defensor de las libertades, no puede permitir que se otorguen prerrogativas excesivas al Cisen. Dijo que se impondrán candados para evitar que las autoridades, escudadas en el fin noble de salvaguardar la seguridad nacional, "caigan en la tentación de extralimitarse".
Sus funciones, expuso, deben estar limitadas, para que no se utilicen con el fin de controlar a los opositores ni perseguirlos políticamente, sino que se circunscriban a coadyuvar en el combate al terrorismo y el narcotráfico, actividades que sí ponen en riesgo la estabilidad del Estado.
No obstante, planteó que está en favor de que una partida destinada a la inteligencia se mantenga bajo reserva y de establecer los controles necesarios para que el presupuesto se aplique al combate contra actividades ilícitas y no a la limitación de las libertades.
López Núñez informó que en los próximos días sostendrá una reunión con el director del Cisen, Jaime López Buitrón, para analizar el reglamento, y ofreció hacer público, en su caso, los artículos que rebasan las disposiciones establecidas en la Ley de Seguridad Nacional o se reconocerá, de ser así, que cumple con lo aprobado por el Congreso de la Unión.
En el Senado el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Antonio García Torres, dijo que oficialmente no conoce el reglamento, pero declaró que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación se revisará "con cuidado para que no vaya más allá de la ley".
Interrogado respecto a la posibilidad de que el Cisen "intervenga las comunicaciones de los funcionarios públicos para evitar corrupciones e infiltraciones", el legislador subrayó: "La intervención de las llamadas telefónicas está considerada en la Ley de Seguridad Nacional y ahí se establece con precisión en qué condiciones se puede hacer, siempre contando con la autorización de un juez".
La intervención de las llamadas telefónicas "no está sujeta al gusto, capricho o modo de ningún funcionario o autoridad ni a la discrecionalidad", sino que se aplica cuando exista temor sobre un problema que genere conflicto o amenaza a la seguridad nacional. Se deberán fundamentar las causas ante un juez, éste examinará la posición y, si es fundada, concederá esa acción, abundó.
García Torres, impulsor de la Ley de Seguridad Nacional, comentó que hace unos días el director del Cisen se comunicó telefónicamente con él, como integrante de la Comisión Bicamaral de Control y Evaluación de las Políticas y Acciones Vinculadas con la Seguridad Nacional.
"Fue una simple atención. Me hizo saber de su designación y señaló que estaría atento si se promovía una reunión de trabajo. No comentó que estaba próxima la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Nacional que, en todo caso, es facultad exclusiva del Ejecutivo."
Precisó que el Congreso no podría corregir el reglamento, pero agregó: "Si el reglamento que se publique rebasa la ley, se le combatirá con una controversia".