Piden reconocimiento de sus derechos y cancelar permiso ilegal para explotar 15 mil hectáreas

Toman rarámuris 3 sedes agrarias; exigen solución a conflicto por ejido

Desde hace 12 días unos 150 instalaron plantón en la Plaza Hidalgo

MIROSLAVA BREACH CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 7 de noviembre. Indígenas tarahumaras del ejido Pino Gordo tomaron las delegaciones estatales de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), de la Procuraduría Agraria (PA), así como de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios.

Los ejidatarios exigieron la presencia de funcionarios de primer nivel de cada una de esas dependencias, para que atiendan y resuelvan los añejos conflictos agrarios que enfrenta su comunidad, los cuales amenazan con destruir el bosque virgen de 15 mil hectáreas que la población local ha luchado por preservar de la explotación forestal comercial.

Dirigentes de la comunidad indígena Pino Gordo -ejido localizado en el municipio de Guadalupe y Calvo, a 700 kilómetros de esta capital-, encabezados por el gobernador tradicional Cayetano Bustillos Ramos y por los representantes comunitarios Prudencio Ramos y Víctor Ayala Ramos, informaron que decidieron radicalizar sus acciones luego de "perder la confianza" en los delegados federales en Chihuahua. Destacaron que esos funcionarios "han enredado el problema agrario y enfrentado a los ejidatarios".

Hace 12 días, 150 ejidatarios indígenas instalaron un plantón en la Plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno, para buscar solución a un litigio sobre el reconocimiento de sus derechos agrarios y la cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) otorgó a campesinos que, según los indígenas, se apropiaron ilegalmente de los títulos originales de posesión.

Desde su arribo a la capital de Chihuahua, pidieron la mediación del gobernador José Reyes Baeza ante las instancias federales, pero batallaron más de una semana para ser escuchados por el mandatario, quien los recibió el jueves pasado y les prometió instalar una mesa de negociación.

Este lunes, con el argumento de que perdieron la confianza en los delegados de la SRA, de la PA y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios, los manifestantes tomaron las oficinas de esas tres dependencias, y exigieron "la presencia inmediata de funcionarios" con poder de decisión, a fin de que analicen y resuelvan el conflicto.

De igual manera, pidieron a Reyes Baeza que su administración pague los honorarios de un abogado que los represente en el litigio que enfrentan en busca del reconocimiento de sus derechos agrarios, los cuales fueron atropellados hace ocho años, cuando 50 personas fueron reconocidas ilegalmente como herederos de los ejidos originales y desplazaron a otros con derechos plenos que se han opuesto a la tala del bosque durante 30 años.

Por medio de esa maniobra judicial los mestizos y caciques de la región consiguieron un permiso para explotar 15 mil hectáreas de pino y encino virgen que los indígenas quieren preservar, afirmó Víctor Ayala Ramos, representante comunitario de los ejidatarios.

En entrevista comentó que el ejido Pino Gordo es una de las escasas comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua, habitada por indígenas tarahumaras -cuyo nombre original es rarámuris-, que se han resistido tradicionalmente a la explotación comercial de las 29 mil hectáreas que conforman la dotación de tierras comunitarias. De esos inmuebles, unas 15 mil hectáreas tienen una reserva virgen de pino y encino que jamás ha sido explotada, sobre la cual se extendió hace dos años un permiso de aprovechamiento forestal.

Paralelamente a este conflicto, las autoridades agrarias han creado una serie de enredos jurídicos al desconocer los límites originales del ejido, marcados como puntos geográficos naturales como cerros, barrancas y arroyos, de los que ya otras comunidades les han arrancado grandes extensiones de tierra.

Un ejemplo de esta situación es Colorada de los Chávez, ejido dominado por chabochis -blancos, en idioma rarámuri- que han talado parte del bosque propiedad de la comunidad indígena.

"No hay confianza en los delegados federales"

Debido a esos antecedentes, Bustillos Ramos, sostuvo: "no hay confianza ni creemos en los delegados del gobierno federal".

Asimismo, solicitó que Reyes Baeza intervenga para buscar una solución. Recordó que el mandatario "recibió el bastón de mando cuando andaba en campaña; también es gobernador de los indígenas, debe trabajar para todos".

Por lo pronto, los 150 rarámuris viven, comen y duermen en su campamento de la Plaza Hidalgo, y aseguraron que sólo regresarán a la sierra Tarahumara cuando las autoridades los atiendan.

* El gobierno de Chihuahua exhorta a autoridades a negociar

El gobierno de Chihuahua convocó a todos los integrantes de dependencias agrarias y forestales para que este martes instalen una mesa de negociación para buscar una salida al conflicto por el ejido Pino Gordo, como reclama un centenar de tarahumaras, quienes comenzaron un plantón hace más de una semana en la capital chihuahuense, informó Ramiro Castellanos, integrante de la Comisión de Conciencia Comunitaria.

Indicó que ayer fueron ocupadas simultáneamente las delegaciones de la PA y de la SRA "para exigir que personal federal con capacidad resolutiva vaya a esa reunión".

En forma diplomática el gobierno del estado dice que no hay razón alguna para que se mantenga el plantón; pero va a continuar hasta que por lo menos haya un avance en la resolución del problema como exigen los tarahumaras, que es que se reconozcan los derechos agrarios de más de cien indígenas y que se les respete su territorio ejidal como lo marca la carpeta básica, de acuerdo con sus puntos históricos y que mediante el Programa de Certificación de Derechos (Procede) han tratado de modificarlos", detalló.

El dirigente agrario aseveró que con la movilización ya se logró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenara la suspensión de la tala del bosque en la zona en conflicto: "un Pino Gordito que crearon las instancias del Procede al cacique Raul Aguirre", para despojar de su territorio a ejidatarios de Pino Gordo y modificar la resolución presidencial de la zona de 1967.

Indicó además que en una reunión que tuvieron la semana pasada con Reyes Baeza y parte de su gabinete, el gobierno se comprometió a pagar los honorarios de un abogado para que defienda a los indígenas en este caso "porque no hay confiabilidad en los abogados de la PA".

Castellano recordó que en la comunidad Coloradas de los Chávez, donde también la gente de Raúl Aguirre y mestizos realizaban explotación maderera, se logró que la Profepa suspendiera la actividad forestal mediante un amparo presentado por Pino Gordo como comunidad de hecho. .