"Hay que amarrar las manos a gobiernos federal, estatales y municipales": Brugada
Presenta el PRD medidas para evitar uso de fondos públicos con fin electoral
La diputación federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer una serie de candados para el manejo de los programas sociales, con el propósito de evitar su uso electoral en 2006 y sancionar a funcionarios, partidos o ciudadanos que condicionen la entrega de apoyos a cambio de sufragar por determinado candidato. "Tenemos que amarrar las manos a los gobiernos federal, estatales y municipales", expresó la coordinadora de política social de la bancada perredista, Clara Brugada Molina.
Entre las medidas que hoy propondrá el PRD al resto de los grupos parlamentarios en San Lázaro para que se incluyan como capítulo especial en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 está definir la obligación de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República para que establezcan un programa de vigilancia para prevenir y castigar el uso electoral del gasto social y productivo.
Al presentar el proyecto, Brugada Molina manifestó que si bien en cada proceso electoral se vigila que no se dé uso político al presupuesto social, "esta práctica también debe traducirse en instrumentos jurídicos. No basta con decir que se blindarán los programas sociales, sino ejercer acciones concretas para hacerlo".
La intención es definir principalmente en el presupuesto las siguientes obligaciones: que los responsables de la ejecución de los programas envíen una comunicación escrita a los beneficiarios, en la que se explique que ninguna persona podrá supeditar su permanencia a condición de votar en favor o en contra de un partido o candidato.
Asimismo, prohibir que los beneficiarios sean convocados a reuniones de proselitismo político, salvaguardar los padrones y sancionar el uso ilegal de ese documento.
La legisladora perredista añadió que otro objetivo es acotar que organizaciones civiles, de productores o de campesinos que ejerzan recursos públicos puedan realizar, en el contexto de la entrega de apoyos sociales, actividades de proselitismo político para favorecer a algún partido.
Inclusive se plantea que el proceso para volver a certificar a las familias beneficiarias del Programa Oportunidades se posponga hasta el ejercicio fiscal 2007 y no se lleve a cabo durante 2006, por lo que el padrón sería el mismo que el utilizado este año, sin que se modifique la cobertura de atención.
Refirió que además las reglas de operación emitidas por las dependencias federales tendrían que ajustarse a lo establecido en el anexo del presupuesto y garantizar que las medidas señaladas sean aplicables.