Editorial
Cisen: el rostro autoritario del foxismo
El proyecto de reglamento para la Ley de Seguridad Nacional que el Ejecutivo federal se apresta a promulgar mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación será, de no ser frenado por las organizaciones sociales, los partidos y la sociedad en general, un alarmante retroceso a los tiempos más autoritarios del sistema político mexicano, cuando la Dirección Federal de Seguridad, de negra memoria, operaba como instrumento de represión, venganza y control discrecional, arbitrario e ilegal de ciudadanos y organismos de toda clase.
En el reportaje publicado ayer y hoy en estas páginas en torno a ese proyecto asoma un rostro escalofriante, hasta hace poco desconocido, del grupo en el poder: el de los designios totalitarios, la vigilancia orwelliana de los ciudadanos, la intimidación y el chantaje; el de la violación premeditada y sistemática de los derechos humanos por medio de instituciones que, de hallar cobijo en ese reglamento, resbalarían de manera inexorable por las distorsiones del poder secreto y absoluto que han caracterizado a entidades como la CIA estadunidense, la KGB soviética, la Gestapo nazi y la Securitate rumana de los tiempos de Ceaucescu.
No es una exageración: basta con analizar únicamente los poderes que otorga el proyectado reglamento al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a sus empleados. En efecto, el documento otorga a la Secretaría de Gobernación, al Consejo de Seguridad Nacional y al Cisen poderes anticonstitucionales, dispensas que pasan sobre el Código Penal y las leyes de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, entre otros varios ordenamientos legales de rango superior al de un reglamento. Pero si a ello se agrega lo que el documento omite, la conclusión es alarmante por partida doble, porque no hay en la propuesta de reglamento una sola previsión para fiscalizar la operación presupuestal, legal de los órganos de inteligencia.
Con semejante regulación sería imposible evitar que el Cisen se saliera muy pronto del control institucional y se convirtiera en una enorme acumulación de poderes turbios que podrían ser usados por el gobierno en turno para neutralizar a la oposición política y social. Más aun, las atribuciones, dignas del Big Brother de Orwell, sin contrapeso ni vigilancia, convertirían a las dependencias de seguridad nacional e inteligencia en nidos de corrupción galopante y en mercados de influencias, favores bajo la mesa y complicidades inconfesables.
No menos preocupante es el hecho de que hasta ahora los agentes de seguridad nacional hayan venido operando en la ilegalidad, como ponen de manifiesto los manuales del Cisen, en los cuales se insta a esos empleados públicos a recabar datos sobre la intimidad de todo aquel que pueda constituir un riesgo de estallido social, o generar problemas políticos o económicos ¿a juicio de quién? con el propósito de emplear "el chantaje como medida de presión para que ese objetivo (el ciudadano espiado) reduzca su activismo".
La persecución, la opresión y el espionaje político como instrumentos de gobierno no deben tener cabida en el México contemporáneo. Implantar tales prácticas equivaldría a negar los avances democráticos, precarios e inciertos, pero avances al fin, que ha logrado la nación en décadas recientes, y que han tenido un costo considerable en vidas y sufrimientos de incontables ciudadanos.
Sin duda, el país ostenta carencias legales e institucionales indiscutibles en el terreno de seguridad nacional, y el propósito de la ley hace poco aprobada en esa materia es, precisamente, subsanarlas. Sería terrible e inaceptable que un simple reglamento adulterara ese espíritu y que por esa vía hicieran su reaparición en la República la discrecionalidad, la arbitrariedad y los poderes secretos y omnímodos de un pasado indeseable que no debe repetirse nunca más.