Enfrentan presiones para desalojar sus viviendas
Deudores del Infonavit, blanco de despachos privados de abogados
Delfino Morales vive en una unidad habitacional en Iztapalapa desde hace 12 años. Aún le resta pagar 17 años más por su departamento de apenas 50 metros cuadrados. El problema es que hace dos años se jubiló y su sueldo mensual es de 3 mil 200 pesos, mientras que el monto exigido por el Infonavit es de 3 mil. Por ello, ahora tiene una orden de desalojo que vence en 10 días.
Su situación no es la única, cientos de deudores que habitan en las delegaciones periféricas de la ciudad, principalmente, se reúnen para encontrar una solución a su problema de vivienda, cuyos préstamos para adquirirla, explican, los han convertido en blanco de despachos de abogados contratados por el Infonavit que los persiguen judicialmente, aunque la mayoría de ellos son jubilados, pensionados, madres solteras o personas sin trabajo, y su situación no les permite entregar los pagos exigidos.
"No me niego a pagar", dice don Delfino, ex empleado de una fábrica de blanqueadores, quien ahora forma parte de lo que ellos llaman Coordinación Nacional de Unidades Habitacionales. Incluso, cuenta mientras muestra una ficha de depósito bancario, que sigue pagando mensualmente, pero sólo 500 pesos.
"Cuando trabajaba me quitaban alrededor de mil 500 pesos mensuales y apenas me alcanzaba. Se supone que las tasas de pago son más bajas cuando te jubilas, por que te pagan menos, pero a mí me pasó al revés y así no puedo pagar", lamenta.
Los integrantes de la coordinadora, reunidos en una accesoria, cuentan sus historias sobre cómo en algunos casos, el Infonavit les cobra 8 por ciento de interés, en lugar de 6 que está establecido en el contrato.
Entre los pocos que pudieron terminar de pagar su departamento, ubicado en Ana Bolena 270, colonia Agrícola Metropolitana, delegación Tláhuac, está Roberto Chávez, ingeniero mecánico que para liquidar su cuenta tuvo que manejar un taxi y dejar su empleo formal. Ahora, con 49 años de edad, nadie le quiere dar trabajo para ejercer su carrera, por lo que, dice, su departamento hasta la profesión le quitó.
El problema de Roberto es que después de tantos apuros para liquidar su adeudo con el Infonavit, la unidad donde vive se ha empezado a caer, pero el instituto, según le han informado las autoridades, no tiene ninguna responsabilidad.
De acuerdo con un dictamen elaborado por Protección Civil, la unidad habitacional Ana Bolena presenta grietas y hundimientos que se encuentran asociados al hundimiento diferencial de la zona, provocado por la consolidación de material arcilloso de origen lacustre.
El reporte, elaborado en agosto pasado, indica que el hundimiento del terreno puede seguir provocando fugas de agua, las cuales aceleran el desarrollo de la grieta, por lo que los edificios, en los que hay 480 departamentos, requiere trabajos de nivelación topográfica.
La coordinadora, que es asesorada por la diputada federal Clara Brugada, conglomera también los casos de aquellos que, por falta de empleo, son perseguidos por despachos legales privados.
La diputada aseguró que no se promueve el no pagó de los adeudos, sino que sea una tasa justa y de acuerdo con las condiciones de los trabajadores.
Este es el caso de María Cruz Castillo, cuyo esposo, quien pagaba el crédito de su vivienda, murió en septiembre del 2004. A pesar de que ha acudido a las oficinas del instituto para saber cuál es la situación de su patrimonio, lo único que hasta el momento le han dicho que es ella quien tiene que seguir pagando el departamento que adquirió su cónyuge.