Marta Tawil

La ONU y Siria

E l 31 de octubre pasado el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 1636, que exige a Siria cooperar con la investigación internacinal (encabezada por Detlev Mehlis) sobre el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafiq Hariri. Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña a regañadientes omitieron del texto la amenaza explícita de recurrir a sanciones económicas o diplomáticas contra Siria en caso de que ésta no coopere. Con dicha concesión lograron el asentimiento de China, Rusia (miembros permanentes del Consejo de Seguridad) y Argelia (miembro no permanente). Algunos han interpretado la negociación entre los miembros de Naciones Unidas en torno al problema sirio-libanés como la señal de que finalmente la organización internacional se ha recuperado de la humillación que sufrió con la invasión unilateral de Estados Unidos a Irak. Es cierto que los neoconservadores se han topado con obstáculos y alertas que les han impedido actuar contra Siria de manera más rápida o abierta. Por el momento, la ocupación de Irak y los escándalos dentro de la administración de Bush han limitado sus ambiciones. Pero un vistazo a las principales resoluciones que se han aprobado en meses recientes no permite aventurarse a aplaudir el regreso del papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto árabe-israelí.

Habría primero que empezar por analizar el carácter de la ya célebre resolución 1559 del Consejo de Seguridad (2 de septiembre de 2004). Esta resolución se basa en el capítulo VI (arreglo pacífico de las controversias) de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. El objetivo inicial de esta resolución era condenar la prórroga anticonstitucional del mandato del presidente libanés Emile Lahoud. Sin embargo, la resolución no se limita a hacer un llamado a "elecciones libres y regulares" en el país de los Cedros, sino que exige también el retiro de "las fuerzas extranjeras" presentes en territorio libanés, "el desmantelamiento y el desarme de todas las milicias libanesas y no libanesas" (alusión a Hezbollah y los grupos palestinos), así como "la extensión del control del gobierno libanés al conjunto del territorio nacional", o sea, el despliegue del ejército en el sur del país. Rusia, China, Argelia, Pakistán, Brasil y Filipinas se abstuvieron de votar la 1559. Rusia concordó con la posición sirio-libanesa según la cual la 1559 constituye "una injerencia en los asuntos internos de ambos países". China justificó su abstención afirmando que la resolución "revela los dobles estándares del Consejo de Seguridad, se entromete en los asuntos libaneses e ignora la situación en Palestina e Irak". En la escena árabe, para variar, predominó la división y Siria apenas encontró apoyos. Jordania y los países del Consejo de Cooperación de Golfo se expresaron totalmente en favor de la 1559. Sólo Egipto fue más complaciente con la posición sirio-libanesa, sin por ello rechazar la resolución. El texto adoptado el 14 de septiembre de 2004 por los ministros de asuntos exteriores de la Liga Arabe se abstuvo de mencionar la resolución y reconoce las "relaciones históricas particulares entre Siria y Líbano", así como el "derecho soberano" de este último a decidir sus "asuntos internos de manera conforme a sus principios constitucionales".

Sin duda, la 1559 es un texto jurídico original, ya que no sólo denuncia implícitamente la decisión (de prorrogar el mandato de Lahoud) que tomó un parlamento electo constitucionalmente, sino que además pretende representar a la opinión pública libanesa, la cual, según la perspectiva de los redactores de la resolución, se oponía en su conjunto a la presencia de las tropas sirias. Evidentemente la inmensa mayoría de los libaneses aspira a la soberanía de su país, a trazar definitivamente la frontera común con Siria y a establecer finalmente relaciones diplomáticas con su vecino en un nivel de igualdad. Sin embargo, esa misma mayoría se encuentra dividida en torno a la internacionalización de asuntos nacionales mediante la 1559, como la exigencia de desmantelar las milicias palestinas y desmilitarizar el Hezbollah. También lo estuvo en su momento en torno a la demanda de expulsar a las tropas sirias estacionadas en el valle del Bekaa. El contraste entre las declaraciones de militantes de la oposición, entre ellos Walid Joumblatt, y las formaciones maronitas mostraron (y siguen mostrando) esas divergencias.

Así, Terje Roed-Larsen, representante personal del secretario general de la ONU encargado de supervisar la aplicación de la resolución 1559, evocó en un reporte de finales de octubre la manipulación que Siria continúa ejerciendo en Líbano, específicamente mediante sus relaciones con Hezbollah y algunos campos de refugiados palestinos. Las supervisiones de Roed-Larsen seguirán convergiendo práctica e inevitablemente con las exigencias que los estadunidenses ejercen sobre Damasco: cooperar con el equipo de Mehlis, entregando a todos los sospechosos sirios; renunciar a apoyar a los palestinos en Líbano y facilitar su desarme; cortar lazos el Hezbollah libanés; facilitar el despliegue del ejército libanés en el sur (la llamada "línea azul" de la ONU), y reconocer formalmente que las Granjas de Chebaa son sirias y no libanesas. Al cuestionar la legitimidad de la resistencia de las milicias, separándola de la resolución global del conflicto árabe-israelí, los reportes de Roed-Larsen corren el riesgo de endurecer el discurso del partido chiíta, como sucedió recientemente. Esto sin duda dificulta aún más el diálogo intercomunitario en Líbano, al que el primer ministro libanés Fouad Siniora ha convocado desde que asumió el cargo.

La resolución 1636 se limita a mencionar que en caso de que Siria no coopere, el consejo "podrá, si es necesario, vislumbrar otras medidas". Ciertamente se trata de un alivio temporal para Siria, porque por ahora ningún país está obligado a sancionar a Siria, independientemente de que, como lo vemos desde hace años, Washington y otros países se reservan el derecho de interpretar las resoluciones de la ONU como mejor convenga a sus intereses, o bien ignorarlas. El interés de Washington en tratar la cuestión sirio-libanesa en los foros multilaterales y mediante la concertación con la "comunidad internacional" no significa que esté dispuesto a retomar el diálogo con Damasco: el dogmatismo de los neoconservadores demoniza a Siria e impone sus condiciones sin ofrecerle nada honorable a cambio. No sólo la embajada de Estados Unidos en Damasco sigue vacante, sino que desde mayo de 2003 el Congreso estadunidense aplica sanciones económicas a Siria, las cuales han comenzado a tener efectos negativos sobre las inversiones en ese país. Contrariamente a naciones como Irak o Libia, Siria no dispone de recursos que le permitan hacer frente a más sanciones. Sus exportaciones petroleras apenas alcanzan los 200 mil barriles por día, y se prevé que Siria será un importador neto de petróleo durante el próximo decenio. El lastre de los monopolios privados y públicos sigue siendo un obstáculo mayor al cambio estructural. El desempleo afecta actualmente a más de 20 por ciento de la población activa.

El primer ministro israelí Ariel Sharon acaba de anunciar ante la Knesset (Parlamento) que su gobierno continuará la política de asentamientos en Cisjordania y el Golán (territorio sirio que Israel ocupa desde 1967). Es pronto, pues, para que la ONU se autocongratule de la eficacia de su papel y del ambiente de confianza que genera. Por su parte, los sirios no pueden considerar la resolución 1636 como una victoria diplomática: la resolución hace referencia a los términos del artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que prevé acción en caso de amenaza contra la paz y la seguridad internacionales, y conmina a Damasco a poner a disposición del equipo de Mehlis a todo sospechoso sirio para ser interrogado, incluyendo a la familia del presidente, luego de que el primer reporte (del 21 de octubre) implicó a varios funcionarios sirios y libaneses de alto rango en el asesinato de Hariri. Además John Bolton, representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, acaba de adelantar que el Consejo de Seguridad podría muy pronto adoptar una nueva (sería la cuarta) resolución contra Siria, destinada a completar y reforzar la pionera 1559. El desatinado discurso de algunos funcionarios de Siria, reflejo del desgaste de su régimen, así como las patéticas declaraciones de su aliado en la región, Irán, son en este contexto extremadamente contraproducentes y sólo refuerzan la obstinación de Estados Unidos en confinar a Damasco al aislamiento más absoluto, mientras encuentra alguna alternativa viable al presidente Bachar Assad.