Cheney mantiene su lucha en favor del uso oficial de la tortura para combatir el "terror"

Lewis Libby se declara inocente de perjurio y obstrucción de la justicia

Diez minutos dura la comparecencia del ex funcionario ante un juez federal en Washington

Obstaculiza la Casa Blanca todo retorno a las normas de guerra de la Convención de Ginebra

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Washington, 3 de noviembre. "No culpable", se declaró Lewis Libby ante un juez federal esta mañana ante las acusaciones de que mintió a las autoridades y obstruyó la justicia, mientras el vicepresidente -su ex jefe- y sus sustitutos en la Casa Blanca continuaron promoviendo la tortura y la desaparición de detenidos como armas necesarias en la guerra contra el "terror", política bélica de la que Libby fue uno de los arquitectos.

Libby, ex jefe del equipo del vicepresidente Dick Cheney y una de las figuras claves en la elaboración y ejecución de la guerra contra Irak, llegó hoy a su cita frente a un juez en un tribunal federal para enfrentar las acusaciones de perjurio, falso testimonio y obstrucción de la justicia en torno a la investigación sobre la filtración de la identidad secreta de la agente de la CIA Valerie Wilson (Plame), y se le preguntó cómo se declaraba: "Con respeto, su señoría, no culpable".

El juez Reggie B. Walton, nombrado en su puesto por el presidente George W. Bush, registró la respuesta y citó a las partes a una audiencia preliminar el 3 de febrero, en un proceso que duró unos 10 minutos. Libby fue fotografiado, se tomaron sus huellas digitales y fue liberado. Sus abogados señalaron que Libby desea un juicio ante un jurado. Las acusaciones tienen penas máximas de 30 años de prisión y más de un millón de dólares en multas. Estas fueron las fases iniciales de lo que podría ser un juicio criminal donde el propio vicepresidente, otros altos funcionarios y periodistas involucrados en el caso, entre otros, podrían ser llamados como testigos.

En tanto, para el gobierno de Bush las consecuencias del escándalo se registraron en una encuesta de CBS News. El índice de aprobación de la gestión del presidente cayó a su peor nivel, 35 por ciento, el cual, señaló el medio, es el más bajo para cualquier gobernante en este punto de su presidencia desde los tiempos de Richard Nixon. El vicepresidente Cheney sólo alcanzó 19 por ciento de aprobación pública a su gestión en la misma encuesta.

Sin embargo, para Cheney y su equipo que hasta la semana pasada encabezaba Libby, esta crisis no ha provocado cambios, sino más bien ha respondido con más de lo mismo, lo cual fue manifestado al reorganizar su equipo. Esta semana Cheney nombró como sustituto de Libby a David Addington y elevó a John Hannah como su asesor de seguridad nacional. Ambos comentaron el tema de Plame con Libby, según descubrió el fiscal especial de la investigación, Patrick Fitzgerald.

Addington es otro colega íntimo del vicepresidente desde hace años, y es conocido como un maestro de navegación política en la burocracia, pero también como un hombre muy secreto (casi nunca permite que se le tomen fotos y casi nunca habla con los medios). Pero estos nombramientos señalaron que el equipo que encabezó la campaña de propaganda y el manejo de inteligencia para promover la invasión de Irak, y que también participó en el diseño de las políticas para la llamada guerra contra el "terrorismo", continúa controlando la política bélica del país.

Libby se encargó de elaborar las justificaciones para la guerra contra Irak. Addington y Hannah colaboraron en este esfuerzo como sus subordinados directos. Addington también tiene la fama de ser el principal autor del memorando de la Casa Blanca justificando el uso de la tortura contra sospechosos de "terrorismo", recordó esta semana el periodista Dana Milbank, del Washington Post.

Además, el Post informa que Addington fue quien argumentó en favor de permitir que los servicios de inteligencia detuvieran e interrogaran secretamente a estos sospechosos, y a dejarlos sin acceso a los tribunales. O sea, mantenerlos en esencia como "desaparecidos". Hannah, por su parte, fue el contacto con Ahmad Chalabi, supuesto disidente iraquí y la fuente de todo tipo de información falsa que fue empleada por el Pentágono y la Casa Blanca para justificar la guerra.

Así, este grupo de Cheney está de alguna manera involucrado en la decisión de establecer centros de detención clandestinos para interrogar a sospechosos de "terrorismo" en varios puntos del mundo. Con la divulgación del Washington Post ayer de que algunos de estos centros se ubican en partes de Europa oriental, estalló otro escándalo; ahora la Organización de Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Comunidad Europea y varias organizaciones de derechos humanos, piden una investigación.

Pero al parecer, Cheney y su equipo continúan promoviendo estas políticas. El Senado aprobó una medida patrocinada por el senador republicano, John McCain, por un voto de 90 a 9, para restaurar las normas de las Convenciones de Ginebra y el propio código militar estadunidense contra todo trato cruel e inhumano de detenidos. Aunque Cheney intentó bloquear la medida, ahora desea imponer una exención para la CIA y otras agencias de inteligencia, o sea, para permitir oficialmente el uso de la tortura. Los argumentos son que las prohibiciones internacionales son demasiado vagas y que el Ejecutivo necesita mantener suficiente "flexibilidad" para enfrentar estas amenazas a la seguridad nacional.

Críticas del New York Times

"¿Qué parte de no al homicidio, tortura, mutilación, crueldad o humillación no entienden?", preguntó ayer en su editorial el New York Times. "Las restricciones sólo son un problema si uno desea hacer tales cosas horrendas y pretender que son legales", concluyó.

De hecho, durante años se ha reportado cómo varios funcionarios del Pentágono y el Departamento de Estado, y hasta algunos en la CIA y otras partes del gobierno, desean restituir las restricciones consistentes con las normas federales e internacionales antes de que éstas fueran anuladas por el gobierno de Bush poco después del 11-S. Algunos lo han dicho públicamente, otros han filtrado sus objeciones y denuncias. Pero todo indica que la Casa Blanca sigue obstaculizando cualquier retorno a las reglas de guerra establecidas por las fuerzas armadas de este país y por las Convenciones de Ginebra.

"Como tantas de las historias más preocupantes de estos días... ésta da la vuelta y regresa directo a la oficina del vicepresidente Dick Cheney", señaló el Times en su editorial. Pero esta oficina, a pesar del inicio de una rebelión ya abierta contra las políticas de trato degradante y cruel, procede con la misma gente que elaboró y/o promovió todas estas medidas, aunque con la ausencia de uno de sus jefes que ahora enfrenta un juicio criminal.

El jefe de todos ellos, el presidente Bush, salió hoy de esta capital para reunirse con sus contrapartes del hemisferio en Argentina. Ahí seguramente hablará públicamente de "democracia", "libertad" y "derechos humanos". Pero fue su decisión el anular los compromisos de este país con las Convenciones de Ginebra y las normas legales nacionales en 2002, opina el Post, que es el origen de los abusos cada día más documentados.

Hasta el momento, la respuesta a toda crítica o denuncia es igual a la de Libby hoy ante el juez: "no culpable".