Nuevo fracaso de la SIEDO, al caerse los cargos en los que se le acusaba de pollera

Luego de 19 meses en prisión, Artemisa Aguilar Moreno es declarada inocente

Otras 19 personas quedan en libertad, junto con la suegra del publicista Santiago Pando

Pide éste al presidente Fox reparación de daños y castigo para fabricantes de culpables

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Fueron 19 meses en prisión los que tuvo que esperar Artemisa Aguilar Moreno y otras 19 personas, varias de ellas ex funcionarios del Instituto Nacional Migrantes (INM), para escuchar en voz de la juez 17 de distrito con sede en el Reclusorio Norte, Isabel Porras Odriozola, que son inocentes y que volverán a ser libres.

Aún detrás de la rejilla de prácticas del juzgado, Artemisa Aguilar, suegra de Santiago Pando, ex publicista del presidente Vicente Fox, dio a La Jornada sus primeras impresiones respecto de su exculpación: "Estoy feliz, sólo quiero ir a mi casa y abrazar a mis hijos", al tiempo que repetía sin cesar a sus abogados: "gracias por todo", y les preguntaba: "¿dónde está mi familia?"

La resolución de ayer fue un nuevo revés jurídico para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza José Luis Santiago Vasconcelos, en un asunto que las autoridades federales hicieron público en marzo de 2004 y lo anunciaron como el desmantelamiento de una presunta banda internacional de tráfico de migrantes que operaba desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el apoyo de funcionarios del INM y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Sin embargo, el proceso jurídico rebasó la escala ministerial y judicial para tocar los ámbitos del enfrentamiento verbal entre el fiscal Santiago Vasconcelos y el publicista Santiago Pando, quienes se enfrascaron en multitud de acusaciones cruzadas, las cuales tuvieron que dirimirse mediante un juicio civil en el Distrito Federal que el publicista ganó.

Tras la resolución de ayer, el Ministerio Público Federal cuenta aún con el último recurso jurídico para demostrar la culpabilidad de los acusados. Se trata de una apelación de la sentencia de la juez Porras -en la que se pediría la reaprehensión de los inculpados- que resolvería un tribunal unitario, aunque mientras eso suceda los indiciados permanecerán en libertad.

Ayer, afuera del área de juzgados federales del Reclusorio Norte, Santiago Pando y su esposa, Maritza Pérez, denunciaron a este diario que por la mañana, en su casa, recibieron una carta anónima en la cual le advertían a la familia Aguilar Moreno que "no hicieran escándalo y que pensaran en que tienen hijos, hermanos y familiares".

Aun así, exigieron a las autoridades federales que "los responsables de este invento -que fue la supuesta banda de traficantes de indocumentados- sean investigados y se proceda en su contra", porque "fueron varias familias a las que se nos hizo daño".

Pando dijo que "ya demostramos lo que habíamos venido diciendo (que la acusaciones contra su suegra fueron inducidas por la SIEDO) y ahora le toca al presidente Vicente Fox hacer su chamba y aclarar el asunto. Espero que el sufrimiento de Artemisa sirva de ejemplo para que la gente no se quede callada y denuncie cualquier injusticia. A Santiago Vasconcelos lo perdono por completo, no tengo ningún resentimiento en su contra".

La última irregularidad en este caso la tuvieron que soportar ayer los inculpados minutos antes de conocer que -en su mayoría- serían absueltos -siete personas aún deberán permanecer recluidas porque tienen pendiente un cargo por lavado de dinero-, ya que la juzgadora impidió a los abogados, familiares de los reos y a los representantes de los medios de comunicación entrar a la sala de audiencias para escuchar el resolutivo, a pesar de que la ley establece que las audiencias son públicas.

En punto de las 16:40 horas la juez salió de su oficina, escoltada por dos elementos de la Agencia Federal de Investigación y se encerró en un salón de audiencias del juzgado 17 para leer su sentencia a quienes fueron procesados desde marzo del 2004.

Nadie más pudo estar presente, a pesar de las demandas de los litigantes a la impartidora de justicia. Las 20 personas, entre ellas Artemisa Aguilar, permanecieron paradas detrás de la rejilla de prácticas desde las 11 horas, en espera de conocer la sentencia.

Afuera de la sala judicial una muchedumbre esperó ansiosa. En dos minutos la juzgadora les dijo en privado a los inculpados que habían sido exculpados y que la mayoría saldría en libertad horas más tarde. Al salir del cuarto judicial, que está en reparación, la juez sólo dijo a los presentes: "ya dicté la sentencia, con permiso", y de inmediato regresó a su oficina.

Fueron los exculpados quienes notificaron a sus parientes y defensores que el fallo había sido en su favor: "Absolución para todos, nos vamos", repitieron sin cesar.

De inmediato comenzaron las expresiones de alegría, las lágrimas, la algarabía colectiva, los gritos y las llamadas por teléfono celular para dar la noticia al exterior. Una persona estuvo a punto del desmayo, por lo que de inmediato fue auxiliada por los presentes. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que 13 de los 20 detenidos obtuvieran su libertad, ya entrada la madrugada de este viernes.

Atrás quedó un año y siete meses de lucha jurídica para demostrar que sus 11 acusadores en realidad son personas "inciertas" que nunca ratificaron sus declaraciones, simplemente porque nunca fueron ubicados en sus supuestos países de origen (Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia), porque desaparecieron o porque en realidad no existen.

También quedó atrás el anuncio mediático que el ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, el ex procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha y el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos hicieron de manera conjunta -en su momento- ante los medios de comunicación el 23 de marzo de 2004. Ese día anunciaron con bombo y platillos que durante un operativo de la PGR (denominado Limpieza), que abarcó 12 entidades del país, había sido desmantelada una red de traficantes de personas en las que participaban 26 funcionarios del INM, uno de la PFP, siete agentes judiciales de los estados y diversos ex funcionarios de dependencias locales.

También se dijo ese día que 44 personas fueron detenidas, entre ellas Artemisa Aguilar Moreno, quien según la SIEDO había sido identificada como una de las principales líderes de la supuesta banda de polleros.

El caso comenzó a desmoronarse en los tribunales, luego de que 24 de las 44 personas detenidas quedaron en libertad por falta de elementos para ser procesadas por los delitos de tráfico de indocumentados, delincuencia organizada y lavado de dinero.

De los 20 inculpados contra los que se sostuvo la acusación, ayer fueron puestos en libertad 13, entre ellos la suegra de Santiago Pando, mientras los otros siete continuarán detenidos en el Reclusorio Norte en espera de que sus abogados demuestren que no son culpables de lavado de dinero.

Las irregularidades en el caso fueron múltiples. Según consta en la causa penal 40/2004, que concluyó con una sentencia absolutoria, los 11 testigos de cargo fueron ubicados a principios de octubre de 2004 por la PGR en la Alameda Central de la ciudad de México.

Todos proporcionaron direcciones falsas y, sin embargo, acudieron entre el 22 y 23 de ese mes a declarar contra los inculpados por la SIEDO.

En el caso de Artemisa Aguilar las irregularidades fueron notorias: cuando rindieron sus declaraciones, los testigos se identificaron con permisos de migración FM3 apócrifos.