Su estrategia incluye recurrir a tribunales internacionales
Pascual, preparado por si la Corte falla en su contra
Aplicar justicia social, piden intelectuales a los ministros
Ampliar la imagen Trabajadores de Pascual frente a la Corte FOTO Alfredo Dom�uez Foto: Alfredo Dom�uez
La Sociedad Cooperativa Pascual tiene preparada una estrategia jurídica en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle en su contra, la cual contempla recursos legales como establecer nuevos juicios, solicitar la expedición de otro decreto expropiatorio, plantear una "reclamación contra los actos del presidente de la Corte" y demostrar la imposibilidad de cumplir la ley, porque "no puede desalojar o desmontar una empresa cuya posesión se tiene desde hace más de 20 años".
En un documento dado a conocer por la Unión de Juristas de México, dirigida por Eduardo Miranda Esquivel, se establece que ya hay todo un esquema legal, nacional e internacional, por si los ministros del máximo tribunal del país votan en contra de los trabajadores y quieren obligarlos a dejar los terrenos donde están ubicadas sus principales plantas de producción en el Distrito Federal, mismos que les fueron dados por un decreto expropiatorio.
Entre los recursos legales que analiza la cooperativa están la interposición de la "nulidad del juicio concluido por fraude a la ley", buscar la "prescripción positiva" como medio para adquirir la propiedad de los bienes inmuebles en disputa, demandar un juicio ante la Organización Internacional del Trabajo, iniciar un juicio político ante la Procuraduría General de la República por denegación de la justicia y otros, o presentar querella ante Amnistía Internacional, Americas Watch o asociaciones europeas.
Pero, antes que nada, los trabajadores buscan la conciliación, y en el contexto del mitin que realizaron ayer frente a la SCJN, representantes de la Cooperativa Pascual solicitaron audiencia con los 11 ministros de este tribunal para presentarles argumentos jurídicos, legales y sociales en favor de su causa.
En este contexto, el secretario del consejo de administración de la cooperativa, Alberto Rivera, precisó que si el fallo de la Corte les es adverso, implicaría una reducción de 50 por ciento en su producción total de bebidas embotelladas, y rechazó la versión de que las plantas de Tizayuca, Hidalgo, y Querétaro sean capaces de sustituir la producción de las dos empresas ubicadas en el Distrito Federal.
Una vez que se confirmó ayer el aplazamiento del análisis del amparo interpuesto por la persona que reclama la posesión de los terrenos que ocupan las dos plantas de la cooperativa en esta capital, Alberto Rivera se dio a la tarea de solicitar entrevistas con los ministros de la Corte para hacerles ver que "una decisión contraria a los trabajadores nos sacaría de los mercados nacional e internacional".
Comentó que de acuerdo con un avalúo hecho por el Gobierno del Distrito Federal sobre los nueve predios -en que se ubican las dos plantas- que fueron expropiados en 2003, su costo total asciende a unos 187 millones de pesos, cantidad que incluso es inferior a los 400 millones que solicitaba la quejosa como pago por la renta de dichos inmuebles.
Por otra parte, durante el mitin frente a la Corte, un grupo de intelectuales, escritores, artistas, músicos, maestros, juristas, periodistas, sindicalistas y luchadores sociales firmaron una carta que también fue entregada a los 11 ministros, en la que los llaman al sentido de justicia legal y social que debe caracterizar sus criterios y resoluciones. Asimismo, demandaron al tribunal que su decisión la tomen "en atención a la importancia histórica de esta empresa de carácter social 100 por ciento mexicana, surgida de una lucha histórica de los trabajadores" y que además se ha caracterizado por conservar la fuente de trabajo de los 5 mil empleados que tiene a escala nacional.
El escrito, fimado por Carlos Monsiváis, Paco Ignacio Taibo II, Paco Martínez Marcué, Elena Poniatowska, Antonio Helguera, Magú, Pablo Gómez y Raúl Alvarez Garín, entre otros, indica que "si se aplica la ley con un profundo sentido de justicia social, la resolución que ustedes emitan no permitirá que se perjudique a la Cooperativa Pascual, orgullo de la sociedad civil y de los cooperativistas mexicanos".