Aprueban ley que lo convierte en instituto autónomo
Nueva alianza PRI-AN para cambiar reglas del Fonacot
Los trabajadores, sin protección frente a empresas: PRD
Los diputados de PRI y PAN aprobaron hoy la ley que convierte al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en un instituto con autonomía y presupuesto propio (Infonacot), pero que a su vez suprime la obligación del Estado de destinar recursos al ahorro y el consumo de los empleados, y en cambio le permite utilizar sus fondos en el mercado bursátil, para lo cual quedarán bajo el control financiero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El dictamen de las comisiones de Trabajo, Seguridad Social y Hacienda a la iniciativa que en abril pasado envió Carlos Abascal Carranza, cuando era titular de la Secretaría del Trabajo, fue aprobado por 274 votos en favor, de priístas y panistas; 70 en contra, de perredistas y algunos legisladores de Convergencia, y 12 abstenciones, entre ellas la del dirigente cetemista del estado de México, Armando Neyra Chávez.
Desde la tribuna, el PRD denunció que al declararse la desaparición del fideicomiso del Fonacot y constituirlo en instituto, se dejó sin protección a la clase trabajadora frente a las empresas que venden artículos en abonos o tandas; se cierra su manejo financiero a la supervisión de la Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se privilegia la rentabilidad del organismo sobre el interés de los asalariados.
Además, señaló que con la desaparición del Fonacot, el papel del Estado se limitará a garantizar el pago mensual de las compras de los asalariados, y afirmó que uno los puntos centrales de la reforma es que el nuevo instituto se fondee con créditos obtenidos con los bancos y mediante la bursatilización de sus activos.
Al hablar en contra del dictamen, no sólo porque éste se confeccionó de manera apresurada, sino porque se omitieron algunas recomendaciones del propio Fonacot, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Miguel Alonso Raya, lamentó que no se haya incluido un capítulo que permitiera fiscalizar el uso de los recursos del nuevo instituto, sobre todo porque el manejo patrimonial de los activos del fondo se convirtió "en un auténtico botín, que lo llevó a acumular un adeudo con el Banco de México de más de mil 157 millones de pesos".
Cuestionó que no se especifiquen los derechos y obligaciones de los trabajadores acreditados al nuevo organismo y, en consecuencia, serán fijados de manera unilateral, y planteó el ejemplo de que, al perder su empleo, un asalariado no podrá recurrir a una instancia oficial para determinar la forma de pago.
Sobre esos dos puntos, el PRD presentó una propuesta de adición para definir los esquemas de transparencia en la información del ahora Infonacot y de la protección de los trabajadores, pero fueron rechazadas por la mayoría priísta y panista.
El planteamiento, que realizó en tribuna el perredista Pablo Franco, buscaba establecer en la legislación que el Infonacot presentara obligatoriamente, cada año, al Congreso de la Unión un informe dictaminado por un auditor externo, que incluyera la situación financiera del organismo; sus posibles riesgos, contingencias y pasivos; estimaciones sobre las posibles modificaciones del monto de los créditos; tasas de interés; plazos de pago y requisitos para los préstamos, así como la situación de los pasivos laborales o de otra índole que comprometieran el gasto por más de un ejercicio fiscal.
Asimismo, el pleno desechó una serie de adiciones propuestas por el diputado del PRD Francisco Carrillo Soberón, para evitar que la operación de créditos al consumo de los empleados acreditados al Infonacot se redujera a una administración de fondos y, en cambio, se establecieran salvaguardas, como liberar los adeudos en caso de incapacidad permanente o fallecimiento, o bien beneficiarse de una prórroga de hasta 12 meses sin intereses en los pagos, en caso de perder el empleo.
Asimismo, se votó en contra de una adición del sector obrero del PRI, promovida por Víctor Flores, también presidente del Congreso del Trabajo, para que éste tuviera derecho a un representante en el nuevo instituto. También se negó cambiar la palabra patrón, en lugar de empleador, incluida en el dictamen.
El fondo para establecer la definición de empleador en la ley, explicó el diputado Pablo Franco, es "una trampa, porque se pretende introducir esta modalidad para hacer creer que estamos a tono con la llamada ley Abascal", que busca reformar la Ley Federal del Trabajo.