La cancillería se declara incompetente para conocer del manejo de $200 millones
El IFAI ordena a la SRE informar el uso de recursos del fideicomiso Aichi
Se financiaron actividades de entidades públicas y privadas en la exposición de 2005
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe informar, por ley, sobre el uso y destino de 200 millones de pesos que entregó al fideicomiso para financiar la participación de la iniciativa privada y de entidades públicas en la Exposición Internacional Aichi 2005, efectuada de marzo a septiembre pasados en Japón, señala el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en una resolución donde ordena a la cancillería la rendición de cuentas en un lapso de 10 días.
Aunque se constituyó con recursos públicos, la naturaleza jurídica del fideicomiso Aichi se confeccionó con "carácter privado", y fue coordinado por servidores públicos de la cancillería mexicana, encabezados por Mónica Ruiz Huerta -posteriormente designada oficial mayor de la SRE por Luis Ernesto Derbez-, y el embajador de México en Japón, Miguel Ruiz Cabañas, comisionado general de la exposición.
De Ruiz Huerta destaca su participación en el manejo financiero de fideicomisos gubernamentales, entre ellos el fideicomiso APEC 2002; en 2003 obtuvo la dirección general del fideicomiso OMC, e igual cargo ocupó de 2003 a 2004 en el fideicomiso de la Secretaría de Gobernación (SG)/OEA, donde coordinó las conferencias Especial sobre seguridad hemisférica y Política de alto nivel para la firma de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, así como las cumbres Extraordinaria de Las Américas y de América Latina y el Caribe-Unión Europea.
Aunque la SRE se declaró "incompetente para conocer cualquier información referente a la administración y manejo" de ese fideicomiso, por ser de "carácter privado", en su oficio POP-2211 admite que los 200 millones se entregaron en "apoyo" de los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (CEMCEIT).
Esos organismos -dice la propia SRE- "asumieron el compromiso de canalizarlos (el dinero) exclusivamente para cubrir los gastos necesarios para la instrumentación de la participación de México en la Expo Aichi 2005".
Hasta "definieron los mecanismos para justificar, comprobar y vigilar la aplicación de dichos recursos, incluyendo, entre otros, la revisión de todas las operaciones mediante una firma de auditores externos de reconocido prestigio y la rendición de informes mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la aplicación de los recursos".
Por tanto, la SRE "conoce del manejo y destino de los recursos", y los particulares -integrantes del comité técnico para el manejo del fideicomiso- "están obligados a cumplir la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque recibieron recursos del erario federal y deben rendir cuentas", consigna el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, ponente del caso.
De documentos oficiales se desprende también que los 200 millones de pesos se entregaron mediante "ampliaciones al presupuesto original" de 2004 y 2005, sin que se hubiese realizado el trámite respectivo e informado de ello a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su autorización -además de la del titular de la SRE-, según ordena el acuerdo sobre los lineamientos para la rendición de cuentas y comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos, emitido en septiembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Según se desprende de la cuenta de la Hacienda Pública federal 2004, cien millones se tomaron del presupuesto asignado a la Dirección General para Africa, Asia-Pacífico y Medio Oriente, y los otros cien millones -entregados en 2005- provenían de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE.
Esas instancias negaron contar con esa información, a pesar de que la transferencia se hizo mediante el capítulo 4000 ("subsidios y transferencias"), concepto 4100 ("subsidios"), y el recurso se entregó bajo la partida 4108: "subsidios a fideicomisos privados y estatales".
Por estas razones, indica el IFAI, "debe existir documentación de respaldo de la entrega y utilización" de ese dinero, aunado a que "no debió superar el 50 por ciento del total de los recursos del fideicomiso".
Otro dato relevante es que la comisión intersecretarial para la Expo Aichi 2005 -encabezada por la SRE, que se encargó de "coordinar, integrar y realizar las actividades necesarias para la participación" de México-, se creó por acuerdo del primero de abril de 2005, es decir, un año después de la apertura del fideicomiso, y en los documentos que la constituyen "no se norman los recursos que la propia dependencia manifestó haber entregado".
El acuerdo que da vida a la comisión, publicado en el Diario Oficial en esa fecha, establece que los recursos públicos para "apoyar" la participación de México en la Expo Aichi 2005 "sólo podrán ser aplicados una vez que sean enterados a la Tesorería de la Federación y llevado a cabo el trámite de ampliación presupuestal correspondiente".
Integraron a esa comisión, además de la SRE, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Turismo. El acuerdo instruye al titular de la SFP, Eduardo Romero, a participar como "invitado permanente".
Desde noviembre de 2002, el gobierno de Vicente Fox confirmó, a invitación de su homólogo de Japón, la participación
de México en la Expo Universal de Aichi, en la cual el país presentaría "al mundo la riqueza de su biodiversidad, su acervo cultural e histórico, su desarrollo económico y empresarial, y el uso de la tecnología", además de establecer "nuevas formas de cooperación para consolidar las bases del desarrollo sustentable", según se consignó en la página oficial de Internet www.expo2005mexico.org.