Editorial
Artemisa Aguilar: degradación de la PGR
El fallo de ayer emitido por la juez federal 17 de lo penal, María Cristina Porras, que absuelve a Artemisa Aguilar, ex empleada del Instituto Nacional de Migración (INM) de las acusaciones fabricadas en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR) hace año y medio, es obvia corrección de una injusticia aberrante, que coloca a la dependencia en una posición insostenible, en una nueva sima de desprestigio y en la perspectiva real de la degradación institucional experimentada por la procuración de justicia en el gobierno del presidente Vicente Fox.
Resulta obligado recordar el triunfalismo y la alharaca con que Santiago Creel y Rafael Macedo de la Concha, entonces secretario de Gobernación y procurador general de la República, respectivamente, anunciaron en marzo de 2004 la detención de más de 40 servidores públicos entre ellos Artemisa Aguilar--, quienes según los declarantes "apoyaban el arribo y traslado de migrantes hacia puntos fronterizos del norte, proporcionaban documentos oficiales en forma ilegal y facilitaban el ingreso de cientos de personas a territorio estadunidense".
La mitad de los detenidos fue absuelta poco después, y 19, Aguilar incluida, recibieron autos de formal prisión, ratificados en junio de ese año por magistrados que, o bien no se tomaron la molestia de leer las imaginativas consignaciones elaboradas por la PGR o actuaron bajo consigna. De hecho, la resolución del cuarto tribunal unitario del Distrito Federal elevó la acusación original, por lo que Artemisa pasó de ser integrante de la banda delictiva a "líder de la delincuencia organizada".
El expediente armado por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos es un dechado de incoherencia: ofrece como pruebas "declaraciones" de 11 extranjeros que las realizaron con documentos de identidad falsos, que no asistieron al proceso como testigos porque habían sido expulsados del país, que no aparecen para colmo en los registros públicos de sus naciones de origen, y que viajaron en vuelos comerciales inexistentes, de acuerdo con los archivos de las aerolíneas; presenta supuestos movimientos monetarios en una cuenta bancaria que había sido cancelada dos años antes de los supuestos depósitos, y presenta el testimonio de dos espías de la Policía Federal Preventiva, quienes dicen haber escuchado de boca de Aguilar pláticas de las que no puede extraerse ninguna conclusión fehaciente.
Con todo, la delirante consignación bastó para que jueces ineptos, en el mejor de los casos e inescrupulosos en el peor, mantuvieran en prisión por 19 meses a la ex funcionaria y coacusados. Pocos días después de las detenciones realizadas dentro del Operativo Limpieza, Fox, interrogado sobre el hecho de que el yerno de la acusada, Santiago Pando, había sido el estratega publicitario de su candidatura presidencial, descartó intervenir en el caso, y aseguró: "no se trata de una solución al vapor, no estamos buscando víctimas o culpables generados" (sic). La intervención presidencial era necesaria, sin embargo, no porque la ex empleada del INM fuera suegra de su publicista, sino porque la acusación era un disparate arbitrario, autoritario y violatorio de las garantías individuales.
Por desgracia, para alarma de la sociedad, la historia de Artemisa Aguilar dista mucho de ser un caso aislado en el desempeño de la PGR foxista, sino parte de una lista inagotable de atropellos y maquinaciones contra ciudadanos inocentes. Hay que mencionar, entre los más escandalosos y conocidos, la conjura político-judicial contra el ex jefe del Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador; el atroz arraigo sufrido por Nahúm Acosta, ex coordinador de giras presidenciales, a quien se acusó sin ningún fundamento de colaborar con el narcotráfico, y la pavorosa arbitrariedad padecida por el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, detenido en julio de 2005 por agentes judiciales que lo "confundieron" con el capo Vicente Carrillo Fuentes. Por tanto, es obligado preguntarse si semejantes injusticias hubieron de padecerlas el ocupante de un importante cargo de elección popular, un alto funcionario de Los Pinos, un contratista de larga trayectoria y la suegra de un publicista famoso, ¿qué puede esperar a un ciudadano frente al abuso de poder, y extralimitaciones y arbitrariedades que caracterizan la conducta de la PGR?
Una cosa es clara: el gobierno del "cambio" sí consiguió transformar a la máxima entidad de procuración de justicia, pero la transformación no la mejoró ni la modernizó; por el contrario, la ha devuelto a sus peores épocas de arbitrariedad, violación de derechos humanos, discrecionalidad y fabricación de culpables.