Católicas por Derecho a Decidir
Atentado contra el estado laico

En Católicas por el Derecho a Decidir defendemos la legalidad y la libertad de conciencia de las personas, es por ello que nos indignan las desafortunadas declaraciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y del director general de asociaciones religiosas de la SG, registradas en diversos medios de comunicación entre el 17 y el 24 de octubre, en relación con la iniciativa de ley sobre la eutanasia que se está discutiendo en el DF. La rudeza demostrada por los declarantes nos obliga a levantar nuestra voz de manera clara y contundente:

1. El Estado debe garantizar la vigencia y el libre ejercicio de las garantías individuales, entre las que se encuentra la libertad de conciencia y por lo tanto el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Ningún funcionario público debe anteponer sus creencias religiosas a las políticas nacionales por encima de la legalidad establecida.

2. El Cardenal Rivera Carrera invade abiertamente ámbitos de competencia que no le corresponden, al intentar impugnar iniciativas de ley de carácter civil, contraponiendo argumentos de carácter religioso. Y de manera alarmante llama a la desobediencia civil a leyes que según su criterio van en contra de los derechos humanos. Es importante destacar que la feligresía católica mexicana no piensa lo mismo que el Cardenal. Datos de la Encuesta de Opinión Católica realizada en México en el 2003, revelan que el 62% de la población católica de este país cree que a un médico debe permitírsele ayudar a morir a una persona que ha tomado esta decisión en pleno uso de sus facultades mentales, y que padece una enfermedad terminal y dolorosa. Además, el 93% de católicas y católicos opina que las creencias religiosas de los gobernantes no deben influir en su función pública de gobierno; y el 80% afirma que no debe permitirse a la Iglesia Católica influir en el diseño de políticas públicas del gobierno mexicano.

3. Como una de las manifestaciones más graves de su cruzada moral conservadora, la jerarquía de la Iglesia Católica está constriñendo cada vez más la libertad de conciencia de funcionarios, políticos y legisladores que profesan esta fe. En el año 2002, el Vaticano emitió la Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política en la que se les exige abiertamente que en su labor legislativa o en la elaboración de políticas públicas, no sigan los dictados de su conciencia en torno a temas como el aborto, la eutanasia y los derechos de lesbianas y homosexuales. Este llamado a la desobediencia civil, es un complemento a la Nota Doctrinal, pues ahora se dirige a toda la feligresía para que no siga las leyes civiles, ni los dictados de su conciencia.

En Católicas por el Derecho a Decidir respetamos profundamente la objeción de conciencia, en tanto forma parte del ejercicio pleno de la libertad de conciencia y es un derecho íntimo de todas las personas, pero que no debe ser usado como pretexto por la jerarquía católica para promover el incumplimiento de las normas civiles que rigen a un Estado Laico. Confiamos en la autoridad moral de las personas para tomar decisiones acerca de todos los aspectos de sus vidas; defendemos el derecho de las personas a morir dignamente; defendemos el derecho a decidir como una manifestación clara de la libertad de conciencia garantizada por nuestra Constitución.