Les niegan o les cobran medicinas, servicios médicos, de rehabilitación y funerarios

Regatean ayuda a víctimas del estallido del 92 en Guadalajara

Sospechan de manejos irregulares en el fideicomiso que se integró para darles apoyo vitalicio

NELDA JUDITH ANZAR COORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 2 de noviembre. Las autoridades de Jalisco están retirando atención médica, rehabilitación e incluso servicios funerarios gratuitos a los habitantes de Guadalajara que sufrieron lesiones permanentes a causa de las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992, denunció Lilia Ruiz Chávez, representante de los colonos que sufrieron secuelas.

La dirigente señaló que luego del accidente provocado por derrames de gasolina en el sector Reforma -que dejaron 212 muertos, 69 desaparecidos y más de mil lesionados- se prometió a los heridos que recibirían atención gratuita; sin embargo, ya les cobran hasta 70 por ciento de los gastos funerarios.

Desde hace un año, acusó, en el Hospital General de Occidente han dejado de proporcionarles anteojos, servicio dental y de obstetricia, así como medicamentos dermatológicos, vitamas y complementos para el tratamiento de la anemia y la osteoporosis. También les quitaron los estudios de laboratorio y las terapias de rehabilitación.

''De manera criminal están apostando a que nos hagamos viejos, con más achaques, y que perdamos la fuerza para seguir luchando'', dijo Ruiz Chávez, quien perdió la pierna izquierda el día del siniestro.

Entre los heridos hay quienes sufrieron lesiones permanentes en la columna o perdieron la vista parcial o totalmente. También son comunes los casos de osteoporosis, afecciones cardiacas, diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas.

Los 63 lesionados que lograron incorporarse al Fideicomiso de Apoyo para los Afectados por las Explosiones del 22 de Abril en Guadalajara reciben una pensión mensual de 4 mil 212 pesos cada uno, así como atención médica ''integral'', gastos funerarios ''gratuitos'' y seguro de vida por 200 mil pesos.

Este fideicomiso se formó en 1998 con 40 millones de pesos para apoyar de por vida a 63 familias afectadas. Sin embargo, sólo aporta 12 mil pesos mensuales al Hospital General de Occidente, dependiente de la Secretaría de Salud estatal, para cuidar a los lesionados y a sus familiares directos, que suman unos 350 beneficiarios.

Según Ruiz Chávez, los convenios de servicios funerarios están ''amañados'', pues desde 2002 han detectado al menos tres casos en que la Secretaría de Desarrollo Humano del gobierno estatal los ha cambiado para quitar beneficios a los deudos.

Los integrantes de la asociación planean realizar una manifestación en el Congreso estatal para pedir a los diputados que se reintegre la comisión encargada de darle seguimiento a este caso.

Ruiz advirtió que si no tienen respuesta de las autoridades sanitarias y de Desarrollo Humano tomarán los consultorios del Hospital General de Occidente.

A pesar de que Pemex fue señalada como responsable de las explosiones en Guadalajara, tuvieron que pasar ocho años para que la paraestatal finalmente aportara recursos al fideicomiso de ayuda a los damnificados.

El fondo empezó a operar con 11 millones de pesos de recursos federales, de los cuales sólo se liberaron seis millones más un millón que aportó el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez.

''Nos dio un millón de pesos, pero a los Arcos del Milenio (estructura arquitectónica ubicada en una de las principales arterias de la ciudad) les dio cinco millones. Sospechamos que nuestros cinco millones fueron a dar a los arcos, porque fue en las mismas fechas'', dijo Ruiz Chávez.

Para el año 2000, el fideicomiso ya no tenía capital, por lo que los afectados realizaron un plantón de 12 días hasta que Pemex se comprometió a entregar 40 millones de pesos.

Sin embargo, la institución tardó dos años en aportar el dinero al gobierno del estado, encabezado por Francisco Ramírez Acuña, quien a su vez tardó otros dos años para entregar los fondos, ''pero todavía nos dijo: espérense a que venga (Vicente) Fox a tomarse la foto con ustedes''.

Ante la presión de los damnificados, el gobernador aceptó entregar el dinero sin la presencia del Presidente, pero en ''revancha'', canceló la posibilidad de aceptar a más afectados y dejó fuera a 14 lesionados y a sus familias.

Ruiz Chávez agregó que no confían en el actual comité técnico del fideicomiso, que preside Sergio Martínez, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Humano estatal, pues el organismo está integrado por cinco funcionarios del gobierno de Ramírez Acuña y cuatro lesionados que fueron escogidos por no tener nexos con los inconformes.