Candidatos sin partido
Hay algo extraño en el apoyo que en ciertos círculos de opinión ha recibido Jorge Castañeda para conseguir el registro como "candidato independiente", pues algunos de los entusiastas de hoy son los mismos que no hace mucho clamaron contra la supuesta "pulverización del voto", por la mera presencia de nuevos partidos a la contienda electoral. La desconfianza visceral contra la idea de partido ha servido para crear la fantasía de que éstos no se necesitan para representar a la ciudadanía y, por lo mismo, el aprecio que de ellos se tiene está en un punto tan bajo que hace temer por la salud real de nuestra juvenil democracia. No se trata, como podría pensarse, de la crítica radical al proceder de los partidos existentes, sino de una renuncia de distinto matiz ideológico a fundar la lucha por el poder en un "régimen de partidos" sujeto a normas legales y compromisos políticos claramente establecidos.
Dicho de otro modo: se alienta la noción de que los partidos son innecesarios para la vida democrática y se les combate con el desprecio moral de una "sociedad civil" que se imagina ajena a los intereses particulares, neutral ante las disputas por el poder y, en definitiva, desprovista de cualquier egoísmo. Pero la realidad es muy diferente: las sociedades democráticas avanzadas necesitan de los partidos, pues éstos, en definitiva, son organizaciones de ciudadanos que tienen tareas singulares, como son "la socialización y movilización de acciones e ideas políticas, la representación e intereses diversos, el reclutamiento y selección de elites, la composición de los principales órganos del Estado y, sobre todo, la legitimación del sistema político, a través de su participación en las elecciones", para decirlo con las palabras de Pedro Salazar.
Dicha concepción negativa ha sido fomentada, paradójicamente, por la actitud inflexible y en absoluto dialéctica de los propios partidos ante la conveniencia de reformar en algunos aspectos las leyes vigentes. Me refiero, específicamente, a los requisitos para el registro de nuevas formaciones políticas, la cuales, lejos de fomentar el pluralismo, parecen dirigidas a estrecharlo, es decir, a crear condiciones de privilegio en detrimento de las opciones que van surgiendo. La idea de una candidatura "ciudadana" o "independiente" adquiere un significado casi contestatario justo en la medida que parece oponerse a ese régimen cerrado, donde unos cuantos reciben los jugosos beneficios políticos y, además, presupuestos millonarios. Pero lo que no se dice es que esos candidatos "independientes" pretenden obtener tales prebendas sin cumplir con los requisitos mínimos que la ley exige a todos los que deseen incorporarse a la disputa electoral. Quieren que se les trate como partidos sin serlo y gozar de las prerrogativas mediante el fast track de un registro instantáneo. Obviamente, la autoridad electoral no podría otorgar un registro bajo tales condiciones sin romper con los principios legales que dan sentido a su labor.
En general, estoy de acuerdo con que en la boleta electoral estén incluidas las fuerzas que expresan el pluralismo de la sociedad mexicana actual y no creo que ninguna ley deba coartar el derecho de los ciudadanos a ejercer los derechos políticos que la Constitución consagra. La legislación actual se hizo pensando en la necesidad de fortalecer a los partidos como sujetos de la democracia, esto es, como un intento deliberado de hacer posible el juego democrático a partir de instituciones políticas diferenciadas por sus planteamientos y no por las meras ambiciones de sus miembros. Hoy, cuando esos objetivos son cuestionados, probablemente lo mejor sería reformar la ley, no para restringir la participación, como se ha hecho, sino para deslindar el momento, al menos en la primera fase, la cuestión del financiamiento del asunto del registro que permite "hacer campaña". Por supuesto, se trata de cuidar la vida democrática, pero también de hacerla crecer con iniciativas nuevas y eso requiere, en cualquier caso, elaborar normas de cumplimiento obligatorio, es decir, no sujetas a los buenos o malos deseos de algunos grupos o individuos, por notables que parezcan.
Cuando un personaje declara su deseo de postularse como candidato "independiente", no significa que pueda pasar por encima de las leyes vigentes sin quebrantar el principio de igualdad. En el futuro, pienso, esos candidatos tendrán que ofrecer garantías a la sociedad, someterse a la fiscalización de los órganos competentes, pues en definitiva cumplirán las mismas funciones -con los mismos objetivos- que hoy tienen los partidos que tanto detestan.