Romero Ramos: son varios los expedientes abiertos; van más allá de "simples auditorías"
Prepara la SFP denuncias contra Carmen Segura Rangel y operadores del Fonden
La Secretaría de la Función Pública (SFP) prepara los documentos y pruebas para presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de varios de los principales operadores del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), entre ellos la coordinadora general de Pro- tección Civil de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel.
Además de Segura serán demandados el ex coordinador administrativo de esa área, Clicerio Jiménez, quien este año fue inhabilitado y separado de su cargo, y el ex director técnico de la Coordinación General de Protección Civil, Ricardo Cícero Betancourt, inhabilitado por dos meses cuando ya había sido destituido de su cargo en la Secretaría de Gobernación (en enero de 2004), y quien recientemente dejó su puesto como coordinador de Programas de Atención a la Pobreza Urbana en la Secretaría de Desarrollo Social.
Lo anterior fue revelado a La Jornada por una fuente de alto rango de la SFP, la cual indicó que los "principales responsables" de las irregularidades cometidas en el Fonden -por poco más de mil 121 millones de pesos, según senadores de PRI y PRD-, fueron los funcionarios de mando medio y menor.
Sin embargo, dijo, también se procederá en contra de Segura Rangel debido a que "firmó todos los documentos y por ese hecho nada se puede hacer", no obstante que el propio ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda intervino ante esa dependencia en favor de la funcionaria, según la fuente consultada.
Aun cuando el informante omitió detalles como el monto del presunto desvío de recursos, porque se está en el proceso de recabar los datos correspondientes, se calcula que a finales de este mes podrían fincarse las responsabilidades de ley.
Al respecto, el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, confirmó que "son varios los expedientes abiertos" por el caso Fonden, los cuales ya "están en la fase de fincar responsabilidades". De hecho, destacó que las investigaciones están avanzadas y van más allá de unas "simples auditorías". Cauto en sus declaraciones, Romero Ramos declinó hacer algún comentario o "conclusión" sobre las pesquisas y se limitó a señalar que independientemente de este proceso "toda persona tiene derecho a su defensa y a aportar pruebas. Nosotros no especulamos sobre posibles responsabilidades; sólo llevamos los procedimientos en los términos que señala la ley". Destacó que al final de un procedimiento interpuesto por la SFP quien "resuelve en definitiva es un juez".
No obstante, el titular de la SFP garantizó que no habrá distinciones en este caso. "Para la SFP todos los asuntos que llegan a responsabilidades son sensibles y los tratamos siempre por igual, con apego a las leyes, sin distinción de rostros, apellidos ni orígenes partidarios. Simple y sencillamente cumplimos con la ley", expresó.
De acuerdo con legisladoras del PRI, entre ellas Noemí Guzmán Lagunes y Dulce María Sauri, se hizo "un uso político" de los recursos del Fonden en 2003, pues en lugar de entregar fondos a estados en situación de desastre se apoyó a aquellos que atravesaban por procesos electorales, independientemente de que se compraron con sobreprecio garrafones de agua y medicamentos que no se requerían, lo que significó una erogación irregular de poco más de 4 millones de pesos.