El CJF ha removido a 20 funcionarios en 10 años; en promedio, 800 querellas anuales
En el Poder Judicial, ínfima cifra de castigos en relación con quejas
Uno de cada cuatro destituidos ha logrado que la Suprema Corte lo reinstale en el puesto
Entre los exculpados, Héctor Gálvez, acusado de acoso sexual, delito que no se considera grave
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Foto: Jos�u�
En los últimos 10 años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha destituido a 20 magistrados, jueces y secretarios de juzgados por haber cometido faltas graves a la administración de justicia; una cuarta parte de los sancionados logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara sin efecto la resolución de los consejeros, pese a la existencia de evidencias de conducta irregular.
La cantidad de sanciones es muy baja si se toma en cuenta que el promedio anual supera 800 quejas administrativas por presuntas irregularidades en la impartición de justicia.
Corruptos, no tontos
En tanto, ministros consultados reconocieron que en el Poder Judicial de la Federación se conocen historias y verdades "públicas" difundidas por Radio Pasillo sobre juzgadores que, a pesar de presuntas irregularidades cometidas, se mantienen en el cargo. No obstante, "muchas veces sospechamos de alguno, pero no hay forma de comprobarle nada, porque los perseguimos por corruptos, no por tontos".
La versión oficial de consejeros sobre el número tan reducido de quejas administrativas que concluyen con una sanción grave -en 10 años el CJF ha impuesto castigos menores a 192 magistrados, 299 jueces de distrito y 148 secretarios de juzgados y tribunales- es que muchas veces la inconformidad tiene que ver con el sentido de la sentencia, no con la existencia de presuntas irregularidades cometidas por el juzgador para favorecer a una de las partes.
De todas maneras, según ministros consultados, el número de destituciones no se acerca a la cifra de juzgadores que podrían ser sancionados, pero que siguen en el puesto por falta de pruebas en su contra.
Uno de los asuntos que más han llamado la atención dentro de la Judicatura Federal es el del magistrado Héctor Gálvez Tánchez, quien pese a que fue destituido al ser acusado de acoso sexual por dos subordinadas, fue exculpado en votación dividida por el pleno de ministros, debido a que su falta merecía únicamente una "sanción administrativa", pues el acoso sexual no es considerado grave por la legislación que regula la actividad de los funcionarios públicos.
En esa ocasión el pleno desestimó los argumentos del CJF contra Gálvez -quien en fecha próxima será reinstalado en el cargo-, que señalaban: "las faltas en que incurrió el servidor público denunciado son de gran gravedad y trascendencia, que perjudican no sólo la imagen del Poder Judicial de la Federación, sino además la función jurisdiccional".
El ministro Genaro Góngora Pimentel -quien se opuso a la absolución junto con Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío- aseveró: "el magistrado Gálvez Tánchez no es un magistrado bromista y besucón; es un acosador sexual, y ahí radica la gravedad de su conducta": falta de profesionalismo y de respeto hacia sus subordinados.
Otro asunto en el que los ministros revocaron la decisión de los consejeros fueron los de Angel Javier García Clemens, secretario de juzgado; María Esther Rodríguez Juárez (en dos denuncias por separado), juez de distrito, y Jorge Carenzo Rivas, magistrado federal.
En esos casos las quejas administrativas prosperaron por considerar que los funcionarios incurrieron en la responsabilidad prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al "tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar; conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentran legalmente impedidos; realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes; no poner en conocimiento del CJF cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial; no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función pública".
La Corte dejó sin efecto las sanciones contra la juez Rodríguez Juárez, quien fue separada del cargo en diciembre de 1999, cuando era titular del juzgado de distrito de La Paz, Baja California Sur, por haber incurrido en "conductas irregulares graves e inexcusables" en su función al sostener relaciones de amistad con abogados defensores del narcotraficante Fernando Antonio Gastélum Lara, cuyo proceso estaba en manos de ella.
Cuando resolvió el pleno de ministros la queja administrativa presentada por Rodríguez, no tomó en cuenta la opinión del Consejo de que se había comprobado que "la funcionaria judicial se exhibió públicamente y en diversas ocasiones, hecho que incluso trascendió a los medios de comunicación, con el litigante de esos asuntos, y se establecía que sí había impedimento por parte de la juez Rodríguez Juárez para conocer de los mismos".
En todos los casos en que los funcionarios fueron restituidos, el CJF quedó obligado a pagar los salarios caídos a los juzgadores durante todo el tiempo que estuvieron separados del cargo.