Argumento central: postular aspirantes a cargos de elección, facultad de partidos
Imposible por ahora el registro de Castañeda, respuesta oficial a la CIDH
El Estado mexicano señala los impedimentos legales que impiden acatar recomendación
Al responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la recomendación de adoptar medidas cautelares para el registro de la candidatura independiente del ex canciller Jorge Castañeda, el Estado mexicano -por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores- envió un oficio en el que destaca que ese tema se deberá analizar y resolver en los tiempos marcados por la legislación mexicana, del primero al 15 de enero.
Se anticipa que las leyes nacionales no incluyen la figura de las candidaturas independientes y que los aspirantes a ocupar cargos de elección pública solamente pueden ser postulados por los partidos políticos. Por tanto, existe un impedimento legal para el registro de Castañeda.
El documento añade que, en su caso, cualquier resolución que adopte el Instituto Federal Electoral puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a la que le corresponde dar cauce a los medios de impugnación que demanden la protección de los derechos político-electorales de Jorge Castañeda.
Para el Estado mexicano éste es el esquema legal que se tiene para salvaguardar los derechos ciudadanos, pero las instancias competentes resolverán en el momento legal procedente, se añade.
El consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar fue más claro al señalar el sentido de la respuesta: mientras permanezca vigente la legislación actual es "imposible" registrar "no sólo ésta, sino cualquier candidatura ciudadana. Por eso debe quedar claro desde ahora, para no contribuir a que existan ilusiones que no son jurídicamente viables para el IFE, que no va haber candidaturas independientes, las presente quien las presente, porque ello implicaría vulnerar el principio de certeza y seguridad que tanto ha costado construir a la sociedad mexicana".
El documento enviado por México a la CIDH explica la imposibilidad legal de admitir las candidaturas independientes, pero "se reconoce que el sistema electoral mexicano es perfectible y que es deseable llevar a cabo ajustes legislativos que permitan garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos de forma todavía más efectiva".
Trascendió que en el procesamiento de la respuesta se llegó a manejar la posibilidad de enviar una iniciativa del Ejecutivo al Congreso de la Unión, opción que finalmente se desechó.
Al conocer el oficio que el IFE envió a la Secretaría de Gobernación y que fue recogido casi íntegramente, el ex canciller estalló en furia y arremetió en entrevista radiofónica con Jacobo Zabludovsky contra la autoridad electoral. Adelantó que continuará con sus recursos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Si entonces se vuelve a desacatar, entonces sería algo mucho más serio, porque implicaría una violación a la convención y a los tratados internacionales. Estaríamos colocando al país -los consejeros del IFE estarían colocándolo- en un estado de delincuencia internacional, sería una especie de paria internacional".
En su oficio a Gobernación, el IFE reivindica haber sido un "promotor activo de la democracia y respetuoso de las disposiciones del derecho internacional aplicable y de los órganos supranacionales acreditados por el Estado mexicano, siempre y cuando se preserve la integridad del marco constitucional que rige nuestro país en materia electoral, el cual está en el punto más alto de la jerarquía normativa nacional".
Al respecto, Gómez Alcántar aseveró que el presitigio del IFE y su compromiso con la democracia y los derechos humanos están plenamente acreditados con las numerosas misiones internacionales en las que México ha colaborado para consolidar la democracia en el ámbito mundial.
Recordó que existen antecedentes en los cuales las recomendaciones en materia de candidaturas independientes no han sido admitidas por los países involucrados, por contravenir la legislación interna.
En la respuesta a la CIDH se destaca que el sistema electoral vigente es producto de un largo proceso de reformas constitucionales y legales para construir un marco jurídico de certeza, imparcialidad, independencia y objetividad. Asimismo, que el carácter ciudadano y autónomo del IFE ha garantizado elecciones estrictamente apegadas a la legalidad, pero se reconoce que el instituto adolece de facultades legislativas para modificar el marco jurídico vigente.
De igual forma, se ratifica el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas de los convenios que ha suscrito, en el marco de los principios constitucionales y legales, así como de las instituciones diseñadas para su cumplimiento.