Debe aplicar criterio de constitucionalismo social: juristas
Más de 20 mil afectados, si la Corte falla contra Pascual
Sí se justificó la expropiación de terrenos en 2003 por causa de utilidad pública, asegura el subsecretario del Trabajo del DF
En el caso de la Cooperativa Pascual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe aplicar un criterio de "constitucionalismo social" y no basarse en argumentos "meramente legales", porque de lo contrario se vería afectado el sustento económico de al menos 20 mil personas que dependen directa o indirectamente de dicha sociedad, coincidieron Benito Mirón, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, y el diputado federal perredista Pablo Franco Hernández, ambos integrantes del Comité Ejecutivo de la Unión de Juristas de México.
El funcionario capitalino aseguró que el gobierno local sí justificó en 2003 que el terreno fue expropiado por causa de utilidad pública y con base en el artículo 25 constitucional y el derecho al trabajo que tienen los mexicanos.
Dijo que sería una injusticia social que la Corte privilegiara el interés de un particular por encima del colectivo. "El asunto de la Cooperativa Pascual tiene dos implicaciones muy claras: una que es estrictamente la parte jurídica y otra social", puntualizó Benito Mirón.
Precisó que los ministros de la Corte no deben soslayar la parte social, porque "tenemos problemas graves de desempleo en el país, el mercado interno no ha funcionado y se ha privilegiado una política que favorece a las grandes trasnacionales, lo que ha ocasionado un déficit de más de 4 mil fuentes de trabajo en lo que va del sexenio del presidente Vicente Fox, a escala nacional.
"Pascual es una empresa que genera más de 2 mil empleos directos y más de 20 mil indirectos. Muchas comunidades del país, productores y campesinos dedicados a siembra de fruta dependen del funcionamiento de la cooperativa, y todo se vería afectado con un fallo adverso de la Corte.
"No es posible que por el interés de un particular se perjudique a miles de trabajadores y la alternativa de generación de empleos, frente a un proyecto neoliberal que ha demostrado que lo que más está produciendo es desempleo", puntualizó el subsecretario del Trabajo capitalino.
A su vez, Pablo Franco Hernández refirió que antes de resolver, los ministros del máximo tribunal del país "deben tener en cuenta que vivimos en un estado social que debe buscar preservar y promover el trabajo y garantizar a las familias medios de subsistencia".
Dijo que la Corte "también debería tomar en cuenta que tenemos un sistema constitucional que protege la economía social".
El legislador federal, presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, aseveró que "es falso que la utilidad pública no esté acreditada, ésta existe desde el momento en que hablamos de varios cientos de familias que se encontraban en la indefinición económica y que encontraron en la vía de la cooperativa un mecanismo para integrarse al mercado productivo".
Refirió que el Gobierno del Distrito Federal fue coherente con la necesidad de fortalecer a Pascual, y por eso emitió el decreto expropiatorio.
Agregó que en el litigio que afrontan los trabajadores contra Victoria Valdez Cacho, quien reclama los predios en que se encuentra asentada la cooperativa y que fueron expropiados el 19 de febrero de 2003, "lo que está privando es el interés del poder neoliberal de demostrar que la economía social no funciona, al defender a los monopolios, a las grandes empresas productoras de refresco que han entablado una lucha contra los productores del Boing para desaparecer la cooperativa".
Franco Hernández señaló que el ejemplo de la Cooperativa Pascual "es muestra de que el pueblo trabajador organizado puede proveerse a sí mismo de medios de subsistencia, y eso es un peligro para aquellos que promueven la política neoliberal, donde se busca que unos cuantos se vuelvan ricos y después, por medio de la beneficencia, repartan algo de riqueza".
Asimismo, indicó que "por desgracia, hoy no contamos con una Corte que asuma criterios de constitucionalismo social, porque encontramos ministros más bien identificados con el modelo económico neoliberal", pero la última opción en el litigio es el máximo tribunal del país.
Finalmente, advirtió que si el fallo es desfavorable para los cooperativistas, "se estaría generando una respuesta social inmediata, porque los trabajadores no se van a quedar con los brazos cruzados".