Resolverá en torno a expropiación de predios para la cooperativa
Demandan a la SCJN actuar con "sentido social" en su fallo sobre el caso de Pascual
La Unión de Juristas de México hizo ayer un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a actuar "con un profundo sentido social" en la resolución que deben dar a conocer en los próximos días sobre la expropiación de predios de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual.
En un documento firmado por el presidente de esa unión, Eduardo Miranda Esquivel, se establece que en los próximos días el pleno de la SCJN resolverá el juicio relacionado con el decreto de expropiación de los predios que ocupan las plantas de producción y distribución de jugos y bebidas de esta empresa cooperativa, el cual fue expedido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 19 de febrero de 2003.
El decreto fue impugnado por el propietario de los predios y sujeto a la jurisdicción de un juez de distrito, el cual, "fuera de toda lógica jurídica y social, resolvió en favor del propietario y en contra del acto del Gobierno del Distrito Federal", al señalar que dicho decreto era inválido porque se basó en la fracción IX del artículo primero de la Ley de Expropiación.
Cooperativa Pascual interpuso a su vez la revisión de esta resolución, y el caso fue atraído por la Suprema Corte, que después de más de un año reinició el asunto y determinó primero sobre la constitucionalidad de esa fracción IX y dejó pendiente la discusión y resolución sobre el fondo del asunto. Sin embargo, se prevé que esta misma semana dé a conocer la resolución definitiva.
De acuerdo con Miranda, "se perfila un posible fallo en contra de la cooperativa, basándose los ministros en el argumento de que el decreto no beneficia a la colectividad, sino a una empresa particular, dejando de observar la naturaleza social de la cooperativa, su importancia como fuente de trabajo que ocupa a más de 2 mil trabajadores cooperativistas en el Distrito Federal y cerca de 5 mil en toda la República, así como su influencia en una cadena productiva nacional que indirectamente da trabajo a más de 50 mil personas".
No se puede dejar tampoco de lado la obligación de los gobiernos de fomentar el sector social, la economía y el empleo; además, Pascual es una cooperativa surgida de la lucha social de los trabajadores, que surgió con base en el esfuerzo solidario de sus miembros y el apoyo de la sociedad civil, por lo que resolver en contra del decreto y la cooperativa "sería un acto de involución legislativa en el derecho social mexicano", señaló Miranda.