Determina que los bienes incautados son del dominio público
Anula el juez 20 civil el embargo contra la delegación Milpa Alta
Apela la empresa demandante; acusará de desacato al titular de la demarcación
El juez 20 civil del Distrito Federal, José Agustín Pérez Cortés, determinó anular el embargo contra el gobierno de la delegación Milpa Alta, por incumplir en el pago de 647 mil 295 pesos a la empresa Rincón G Construcciones. Consideró que los bienes incautados son del dominio público y por lo tanto inembargables, pero condenó a la dependencia a pagar 319 mil pesos más por gastos financieros, cantidad que se suma al adeudo que mantiene con la constructora.
El representante legal de la empresa constructora, Juan Carlos Ferrao, apeló de la decisión, amparado en el artículo 33 de la Ley del Régimen Patrimonial del Servicio Público, que define los bienes públicos y privados, y solicitó al juzgador que proceda en contra del jefe delegacional, Cuauhtémoc Martínez Laguna, por desacato.
Ferrao señaló que los bienes incautados no son del dominio público, porque no se embargó un camión que transporte a ciudadanos, o cuentas del erario; los bienes, dijo, "no afectan el interés público sino el privado, porque el vehículo Chevrolet Comfort blanco asegurado, por ejemplo, es para el uso personal de un funcionario, y las cuentas bancarias son para salarios".
Añadió que quien debe demostrar que los bienes que se tomaron en garantía del adeudo -que mantiene el gobierno de Martínez Laguna con la empresa Rincón G Construcciones- son de dominio público es la delegación, no el juez; en este momento a él ya no le compete, porque el embargo es un acto consumado.
Con la determinación "indebida" de nulidad, explicó Ferrao, sólo se afectó el procedimiento de embargo, porque el requerimiento de pago se realizó a la delegación y ésta se negó a liquidar, lo cual implicaría que Martínez Laguna incurrió en desacato.
Sobre los procedimientos administrativo que se llevan a cabo en las delegaciones para el pago de obras pública, que retrasan la liquidación de los trabajos, señaló que al aprobar las estimaciones de gastos el gobierno debe tener el dinero antes que nada.
Tras solicitar al juez que declare el desacato, Ferrao dijo que una vez que se determine éste, cometido por Martínez Laguna por negarse a pagar, acudirá a un juez federal para que aperciba al jefe delegacional y solicite su destitución del cargo por incumplimiento. Agregó que también dará vista a la Procuraduría Fiscal para que esté enterada de la condena a la delegación y proceda a deslindar responsabilidades por el no pago y la generación de gastos financieros.