Carlos Montemayor

Desastres naturales y desastres gubernamentales

Utilizar el poder público para dañar irreversiblemente el valle de San Luis, al apoyar e impulsar, contra la ley y contra una sentencia del Poder Judicial federal, a la Minera San Xavier es una señal de grave deterioro humano y político en México. Por ello, los desastres en el territorio mexicano siguen proviniendo no solamente de fuerzas naturales, sino de la irresponsabilidad de autoridades como las que en las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Economía y Defensa Nacional (Sedena), así como en el Instituto de Ecología (INE) y el gobierno del estado apadrinan el próximo desastre ecológico, social, humano, artístico y económico del valle de San Luis Potosí.

Recordemos que esta compañía trasnacional, la Minera San Xavier, pretende aplicar durante ocho años un sistema para la explotación y beneficio del mineral conocido como tajo, a cielo abierto y lixiviación a montones, en la zona conocida como Cerro de San Pedro, situada a ocho kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el INE, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a la empresa Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental y, segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada.

La oposición ciudadana al proyecto de Minera San Xavier ha sido constante en la zona directamente afectada y en la capital del estado; con esa movilización ciudadana han estado de acuerdo muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. El pasado 30 de septiembre, afuera del Teatro de la Paz, las autoridades estatales reprimieron con brutalidad a manifestantes pacíficos, y el 12 de octubre en la mañana, la compañía detonó 100 kilos de dinamita en el predio La Zapatilla, dentro del municipio Cerro de San Pedro, para preparar el terreno de los llanos de lixiviación.

Repitamos que la Minera San Xavier pretende utilizar 25 toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas. De este material resultante serán aprovechables, más tarde, aproximadamente 32 mil toneladas. Ya trituradas, se depositarán en un llano previamente tratado con arcilla para reducir la inevitable infiltración del cianuro de sodio hacia el subsuelo. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mezcladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Este es el proceso conocido como de lixiviación.

Las explosiones que se proponen detonar cada día deberán acabar aproximadamente con un kilómetro de montañas. Luego continuarían hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de los ocho años, que es el lapso para el cual está diseñado el proyecto, en los llanos de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más significativo y peligroso es que tal montaña de material contaminado quedará a nueve kilómetros de la ciudad capital de San Luis Potosí y muy cercana a otras comunidades. Además, en el ejido Palma de la Cruz quedarían otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podría ser lixiviable.

Es evidente que el proyecto causaría contaminación atmosférica por el tumbe y trituración del mineral, pues toneladas de polvillo mezcladas con los gases del nitrato de amonio, así como emanaciones de la maquinaria quedarían en suspensión y viajarían por la acción de los vientos dominantes hacia el valle de San Luis, la ciudad capital. A esta contaminación habría que sumarle la evaporación diaria de unos 8 millones de litros de la mezcla de cianuro y agua que, convertidos en ácido cianhídrico, viajarían hacia la ciudad empujados por la misma acción de los vientos.

La postura constante de Minera San Xavier ha sido la de minimizar y encubrir información que ayude a valorar con precisión los riesgos del proyecto. Por ello, tampoco presentó un balance detallado de agua que por ley debió incluir en la manifestación de impacto ambiental. Por el agotamiento de los recursos acuíferos y el envenenamiento por cianuro de suelos y atmósfera, en pocos años la capital del estado, la ciudad de San Luis Potosí, tendría que ser abandonada. Magnífico negocio de la minera e increíble la argumentación de los funcionarios federales de Semarnat y Economía: por 200 empleos directos que ofrece la compañía, poner en peligro la vida de casi 2 millones de habitantes del valle de San Luis. ¿Quién puede llamar a esto progreso?

Pero la Minera San Xavier ha empezado su expansión territorial por cauces ilegales, a pesar de que enfrenta una tenaz resistencia de los pobladores del Cerro de San Pedro y de muchos sectores de San Luis Potosí. La resolución del tribunal colegiado de cancelar las posibilidades de operación de la trasnacional provocó júbilo en muchos sectores del estado potosino y en organizaciones ecologistas nacionales e internacionales, pero también ha provocado reacciones insostenibles de los funcionarios federales y estatales que se han coludido con la empresa mostrando una ineptitud y desinformación peligrosas para todo México.

La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1992, la mina de Colorado Summitville dejó escapar 3 mil galones de fluidos tóxicos por minuto con cianuro, metales pesados y desagües ácidos, que mató toda la vida acuática a lo largo de 17 millas (27 mil 360 metros) del río Alamosa. En 1998, en Montana se prohibió el uso del cianuro para la minería de oro y plata después de que las compañías canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaran un desastre ecológico sin precedentes. En 2001, en Wisconsin, el Congreso local aprobó dos leyes para prohibir el uso de cianuro en cualquier mina. En 2003, en California, se prohibió a la minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena, y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.

En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omai, de la empresa canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Hasta hace poco, Cambior Inc. fue dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.

En 2000, un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro ocasionado por una compañía minera de oro en Rumania contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio, destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003 el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a la empresa minera de oro canadiense Gabriel Resources Ltd., por los grandes riesgos ecológicos que conllevaría y por la reubicación de cientos de residentes locales, quienes tendrían que abandonar sus hogares.

En 1998 Turquía, y en 2000 la República Checa y el Parlamento de Alemania prohibieron el uso de cianuro por razones ambientales y de salud para cualquier tipo de operación minera. En 2002, en Costa Rica se vetó el uso del cianuro y la explotación de oro y plata por medio del sistema de tajo a cielo abierto con el objetivo de proteger el medio ambiente y eliminar serias amenazas a la vida humana. En New South Wales, Australia, el Parlamento también impidió ya el uso de cianuro.

En Canadá, diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las mineras del país. El pasado mes de junio, la comisión permanente del Parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe en el que se aseguraba que la nación todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de las compañías canadienses de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos, y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.

Es increíble que las autoridades mexicanas de Semarnat, Economía e incluso Sedena cierren los ojos a esta respuesta internacional contra los sistemas que quiere aplicar en nuestro país la Minera San Xavier y brinden todo su apoyo a un proyecto que atenta contra la historia, la seguridad y la continuidad de la vida social en el valle de San Luis. Debo repetir y dejar en claro que, después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción contraria de parte del gobierno federal, de la Secretaría de Economía, de tribunales agrarios, de la Sedena, del gobierno del estado o de la presidencia municipal de Cerro de San Pedro implicaría desacato y transgresión a la legalidad. Cualquier autorización que se haya dado hasta el día de hoy sería nula, de acuerdo con lo establecido por el artículo 181 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

¿Quién podrá ayudar a la República ante este desastre gubernamental? ¿Acaso la Procuraduría General de la República será capaz de integrar con rapidez y con honestidad una acción legal por desacato contra tantos funcionarios? ¿Qué fondo moral de emergencia sería suficiente para detener este desastre gubernamental?