El funcionario cumple su deber de evitar privilegios para delincuentes, señala
La SSP sale en defensa del director de La Palma
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal salió en defensa del director del penal de máxima seguridad de La Palma, estado de México, Martín Porfirio Reyes Magdalena, quien ha sido sancionado administrativamente por jueces federales, debido supuestamente al "retraso de diligencias por razones operativas y de seguridad", lo que generó "molestia de algunos funcionarios del Poder Judicial por las medidas de control dispuestas, así como por la decisión de las autoridades penitenciarias de no permitir que a través de las rejillas de prácticas de los juzgados se sigan introduciendo a los centros de detención federales objetos y sustancias prohibidas".
Luego de que se dio a conocer públicamente que el director de La Palma ha sido objeto de multas por desobedecer los mandamientos de los jueces que deben realizar diligencias dentro de ese centro carcelario, la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora afirmó en un comunicado de prensa que "seguirá aplicando las normas legales y reglamentarias de manera estricta y rigurosa, para evitar que la delincuencia organizada opere desde las prisiones federales".
Según la SSP federal, las sanciones, como multas por supuestos actos contrarios a los derechos humanos y violaciones a las garantías legales de los reclusos, se deben a "la reacción de quienes han visto afectados sus privilegios y liquidadas sus posibilidades de violar la ley desde el lugar donde están recluidos".
Por ello, dijo la dependencia en el comunicado de prensa, los internos han desarrollado "una estrategia para tratar de afectar a los servidores públicos que cumplen su tarea con honestidad y entrega y así recuperar dichos privilegios".
La secretaría federal explicó que "varios de éstos (sin mencionarlos por su nombre), los de mayor capacidad económica y peligrosidad, han presentado entre enero y septiembre del presente año mil 343 solicitudes de amparo (cinco por día, incluyendo sábados y domingos) para tratar de obtener privilegios.
"Hasta hoy, 892 han sido concluidas y 451 están en trámite. Prácticamente todas han sido negadas. Igualmente, han presentado denuncias penales y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tampoco han procedido, en razón de que no se han violado sus derechos, sino sólo se han aplicado de manera rigurosa las normas que rigen en los centros penitenciarios federales. Este es uno de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública."
Sin embargo, informes del Consejo de la Judicatura Federal, señalan que los encargados de los juzgados segundo, cuarto y sexto de distrito con sede Toluca, estado de México, le han impuesto multas económicas a Martín Porfirio Reyes Magdalena por incurrir en malos tratos y violaciones a las garantías de los internos.
Ante esta situación, la SSP federal declaró que "el director de esa institución (La Palma) tiene todo el apoyo de la secretaría", quien "seguirá defendiéndose con base en la ley contra las sanciones injustas, y si en última instancia se decide que debe pagar una multa o cumplir un arresto, acatará la decisión.
"Lo que no hará es permitir que por la vía de la presión y del uso abusivo de recursos legales, un grupo de delincuentes logre obtener privilegios y ventajas para seguir actuando en contra de la ley y de la sociedad. No daremos ni un paso atrás."