Víctor M. Godínez

Un modo político de emprender reformas económicas parece haber agotado sus posibilidades en México con la renuncia de Santiago Levy a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es probable que con ello también se cierre un largo ciclo de la economía política de las reformas estructurales, que abarca los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. A pesar de las muchas diferencias de estilo y circunstancias en que ejercieron el poder, los gobiernos de estos tres presidentes mantuvieron un mismo enfoque político e ideológico acerca de las llamadas reformas estructurales de la economía.

En los últimos 18 años, las grandes propuestas de reforma se han elaborado e instrumentado haciendo valer una sola racionalidad: la de los "tecnócratas profesionales", que en realidad son un grupo político con intereses muy bien definidos, con una gran voluntad de poder y que ha sabido mantenerse al frente de la política económica y financiera del Estado, a pesar de los cambios ocurridos en el país durante este largo periodo. Se trata de una racionalidad que en el terreno ideológico se presenta en términos de una lucha frontal e implacable contra los "políticos populistas", a la vez que como la única opción técnicamente solvente y socialmente válida ante los grandes problemas económicos nacionales.

Las circunstancias que precedieron el ascenso al poder de este grupo político, así como su ulterior gestión de la economía y las finanzas nacionales, muestran que para ellos las reformas estructurales son, ante todo, un medio de asegurar su supremacía política y su permanencia en la cúspide de la estructura de dominación. Al contrario de lo que postulan los planteamientos doctrinarios que profesa este grupo político, el poder de decisión e iniciativa arrebatado a los políticos populistas con las reformas no fue ganado por la sociedad ni transferido al conjunto de los agentes económicos. Dicho poder fue acaparado por ellos y el reducidísimo grupo de empresarios con el que formaron su principal alianza política.

Las reformas estructurales se ejecutaron hasta 2000 sin verdaderos contrapesos políticos e institucionales internos. En el marco del sistema de partido casi único, los costos distributivos que ellas implicaron ­pecuniarios y de poder­ pudieron ser impuestos a diversos sectores sociales, los llamados sectores perdedores, bajo el principio de que las reformas se imponen y después, en la práctica, se legitiman. La transición a un sistema de gobierno políticamente "fraccionado", más que "compartido", socavó las bases de sustentación del modo claramente autoritario de implantación de las reformas que aún quedan por ejecutar en la agenda de los tecnócratas profesionales.

Tal vez porque el orden institucional en que se procesan esos cambios permanece anclado en las zonas más nebulosas del viejo sistema político, y debido también al estilo personal de reformar de los tecnócratas profesionales, este modo de implantación de los cambios estructurales fue preservado en el gobierno de Vicente Fox. Se pasó así del reformismo autoritario al reformismo políticamente negligente. Sin acción ni negociación política previa, el gobierno del cambio identificó todo un catálogo de reformas que, más allá de su pertinencia, fueron bloqueadas por las fuerzas políticas que le disputan el poder.

En el lenguaje mercadotécnico que utilizan el Presidente y varios de sus colaboradores, la fórmula "ganar-ganar" aparece con frecuencia cuando intentan explicar la lógica de sus políticas. Esto supone que detrás de sus propuestas y decisiones no hay perdedores. No sabemos con cuánta convicción se haga este tipo de declaraciones, pero no hay duda de que portan una amplia dosis de candor. Y más tratándose de reformas como las que su gobierno ha propuesto, que suponen alterar situaciones de poder a grupos económicos, políticos y sociales específicos. Es muy difícil que el efecto inmediato de una reforma estructural consista en que todos ganen. Lo que casi siempre se produce en el corto plazo es un juego de suma cero, en el que las ganancias de unos son pérdidas de otros. O bien un juego de suma negativa, en que todos pierden.

La falta de congruencia entre las nuevas realidades de la vida política mexicana, el modo tradicional de implantar reformas y la ineficiencia política del gobierno para defender y negociar sus iniciativas programáticas y sus principales propuestas legislativas empantanaron la posibilidad de emprender los cambios estructurales que el país requiere en varios ámbitos de la economía. Es improbable que esta situación pueda ser superada de manera durable sin una restructuración de la arquitectura institucional. Es decir, sin una verdadera reforma del Estado que garantice la gobernabilidad democrática.

Esto último es una condición indispensable para evitar que se multipliquen situaciones indeseables, como la que está atravesando el IMSS. Todos los actores directamente involucrados reconocen la gravedad de la crisis que padece este organismo. El deterioro estructural de su posición financiera, que pone en cuestionamiento su capacidad para garantizar en el futuro el pago de pensiones de los trabajadores retirados, así como la creciente pérdida de calidad en los servicios médicos que presta a sus derechohabientes, marcan el espacio institucional en el que la dirección saliente y el sindicato escalaron progresivamente su enfrentamiento. La crispación resultante condujo a una parálisis en la toma de decisiones que no podía sino empeorar, como ocurrió, la crisis de la institución.

Es dudoso que la salida de Santiago Levy permita algo más que aplacar los ímpetus de un sindicato organizado de acuerdo con el viejo esquema del corporativismo priísta, y que apenas ha disimulado el sabor de triunfo que su dirigencia cree advertir en este episodio. Pero se trata de un triunfo pírrico, pues es dudoso que sin una restructuración amplia el IMSS tenga capacidad de soportar en el futuro el actual esquema de relaciones laborales. Por otra parte, no es creíble que el mero cambio de director general permita renovar la interlocución con el sindicato si, como asegura el gobierno, no se modifica al mismo tiempo la postura negociadora del IMSS en el doble plano del contrato de trabajo y de la reforma estructural de la institución.

El saldo no puede ser peor. No hay ningún ganador. La reforma del IMSS se sigue postergando, lo que debilita aún más su posición. Sólo queda esperar, acaso con exceso de optimismo, que en el futuro se recorra el camino del cambio estructural en el ómnibus de la gobernabilidad democrática  §