José González Méndez

Una antigua tradición, o vicio político, parecen obligar a reinventar el país cada seis años. Esta vez no es la excepción, aunque hay un cambio en el rito: son los empresarios quienes encabezan un amplio grupo de figuras de la cultura, la academia, el deporte y el espectáculo, que buscan influir en el próximo gobierno mediante el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo.

En rigor, esta propuesta no aporta conceptos al debate sobre los problemas del país.

Insiste en la necesidad de aprobar las reformas estructurales, impulsar la desregulación del mercado, alentar la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura, la transformación del sistema de justicia y las leyes electorales, el uso de las remesas como palanca de desarrollo y la aplicación de los presupuestos multianuales.

En materia fiscal, los 300 personajes que suscriben el documento proponen que la reforma no tenga fines meramente recaudatorios, sino que sea la base del crecimiento, el empleo y la redistribución, como planteó Vicente Fox en 2001, cuando propuso gravar con IVA alimentos y fármacos a cambio de devolver los impuestos "completitos y copeteados".

Se insiste en que México cuenta con enorme riqueza energética, aunque el gasto público resulta insuficiente para explotarla, lo que exige "cambiar el marco legal para poder sumar ahorro privado y social a la capacidad de las finanzas públicas". Esta fórmula ya se aplica con los contratos de servicios múltiples para explotar gas natural en la Cuenca de Burgos.

En trabajo, propone "crear un clima favorable a la inversión privada" y eliminar trámites y regulaciones "innecesarias" para formar y hacer crecer empresas. Al respecto, Vicente Fox amplió hasta el término de su mandato la moratoria regulatoria, que impide a las dependencias federales crear trámites, por lo que el número de éstos se estabilizó en poco más de dos mil 800.

En cuanto al uso de las remesas en proyectos productivos, esta estrategia también existe; es decir, el Programa 3x1, que administra la Secretaría de Desarrollo Social, y compromete a los gobiernos federal y de los estados a aportar dos pesos por cada uno que inviertan los migrantes en proyectos de infraestructura en sus comunidades de origen.

En cuanto a los presupuestos multianuales, la nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ­en discusión en la Cámara de Diputados­ abre la posibilidad de aplicarlos, aunque las agrupaciones campesinas han insistido durante años en emplearlos para evitar que esa actividad se contamine con la discusión anual del gasto público.

En reforma al sistema de justicia propone la aplicación de juicios orales, que en Monterrey se realizan desde febrero pasado y se planea hacerlo en otros estados.

En el ámbito electoral, plantean la reducción de tiempos y costos de campañas y precampañas, discusión que se inició tras los comicios de 2000 y se avivó en los meses recientes por los excesivos gastos de precandidatos en radio y televisión. El ex consejero electoral Mauricio Merino asegura que estos temas ya fueron planteados por organizaciones, partidos, académicos, legisladores, instituciones públicas y organismos mundiales, como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "pero el acuerdo nacional se carga de lecturas políticas negativas porque se lanza al final del sexenio, cuando estos asuntos ya no podrán resolverse".

En esa apreciación coincide el subcoordinador de política económica del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Molinar Horcasitas, quien asegura que parte del Pacto de Chapultepec está en la agenda de su partido.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, aseguró en la presentación de la propuesta que suscribía el acuerdo "porque recoge en buena medida planteamientos de la universidad, como los presupuestos multianuales y las políticas de Estado en educación y salud".

Reinventar México

Desde los primeros pactos económicos de los años 80 se han sucedido una serie de acuerdos que abarcan asuntos como la reactivación de ciertas ramas productivas, así como iniciativas de muy diversos orígenes que apuntan hacia un proyecto de nación siempre inacabado.

En 1992, el gobierno federal, los estados y el SNTE signaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, al que siguieron el de la Elevación de la Productividad y la Calidad (en el mismo año). Luego se firmó el de la Descentralización de los Servicios de Salud (1996) y el correspondiente a la Creación de una Red Oceanográfica Pesquera Mexicana (2000).

Durante este gobierno se impulsó el Acuerdo para la Gobernabilidad (2001); el pacto para la Transparencia y Fomento al Combate de la Corrupción (2001); el Convenio para la Equidad entre Hombres y Mujeres (2002); para el Campo (2003); para la Reordenación del Territorio (2004), y la Convención Nacional Hacendaria (2004).

Este año se han puesto en marcha el Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública (México Seguro); el de Ciencia y Tecnología, y el Acuerdo Nacional para la Construcción de la Transición Democrática, entre Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Diagnóstico del México de hoy

Los firmantes del acuerdo nacional aseguran que México pasa por uno de los mejores momentos de su historia: registra excedentes petroleros, las remesas e ingresos por turismo alcanzan cifras sin precedentes; así, concluyen que: "Tantos factores externos tan favorables deben ser aprovechados... y sería irresponsable no capitalizarlos".

El siguiente paso de los impulsores es presentar el documento a los partidos y al gobierno y procurar las condiciones para cumplir las 40 propuestas del acuerdo nacional, o amarrar compromisos antes del registro oficial de los precandidatos presidenciales en enero próximo. Esta tarea fue encomendada a 14 personajes, muchos ligados al sector empresarial, que harán el cabildeo.

"Evidentemente ­asegura Merino­, en la convocatoria de Carlos Slim hay un llamado a la unidad nacional, orientado hacia la inversión y el empleo. Es decir, hacia la creación de condiciones institucionales que hagan más fácil y rentable la inversión privada" §