Los rostros de la desigualdad
El ejercicio de los derechos de la infancia muestra que en nuestro país sigue latente su incumplimiento en perjuicio de ese sector de la población, a pesar de que el Estado mexicano ha ratificado tratados internacionales en esa materia. El Senado de la República ratificó el 19 de junio de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, es ley suprema de la nación.
En conformidad con ello, deben adecuarse todas las legislaciones de nuestro Estado para garantizar que los derechos de los niños y las niñas sean respetados, protegidos y realizados como se debe. Sin embargo, la realidad dista mucho de este compromiso. Basta con detenernos un poco y observar que en México existe una tendencia creciente a crear leyes en materia de derecho de la infancia carentes de mecanismos de exigibilidad por ley y de justiciabilidad ante los tribunales, conservando o estableciendo en cambio un marco jurídico que no favorece el desarrollo de políticas públicas que los cumplan. Esto permite la prevalencia de principios y disposiciones discriminatorias y contrarias al derecho internacional. Prueba de ello es que, de las 32 entidades federativas, en 20 existen legislaciones sobre derechos de la infancia que alcanzan un promedio de calificación de 2.4, en una escala de cero a 10. A esto se debe que aspectos prioritarios como el acceso a la salud sean aún insuficientes, ya que sólo la mitad de la población está cubierta por la seguridad social, y que alrededor de 50 por ciento del gasto en ese rubro provenga de los bolsillos de las familias.
Existen además grandes disparidades regionales en su financiamiento, pues el Distrito Federal y los estados del norte reciben la proporción más alta del gasto público, cuando sus necesidades -medidas con indicadores como la mortalidad infantil- son mucho menores que en los estados del sur. La limitada oferta de personal médico y paramédico, por otro lado, es también preocupante en las zonas más pobres del país, y son los niños y las niñas de las zonas indígenas y rurales quienes más enfrentan la carencia de servicios y de medicamentos. Si bien los derechos de la infancia deben atenderse con prioridad en cualquier situación, en atención al principio del "interés superior del niño", los hechos también delatan que no ha sido así. Por ejemplo, a consecuencia de las políticas económica y social la infancia migrante ha venido creciendo en la reciente década, y los riesgos de morbi-letalidad por plaguicidas y explotación laboral en el caso de los jornaleros agrícolas es ya muy elevado.
Además, la vida insalubre de los indígenas migrantes en las grandes urbes, así como la inanición y fatiga en los migrantes transfronterizos, son otros tantos ejemplos de la falta de acciones de política pública equitativas para evitar que esos niños y niñas sigan viviendo en condiciones de desigualdad. La educación es otro de los ámbitos caracterizados por la desigualdad, tanto a escala regional como en cuanto al nivel educativo. En el primer caso, el estado de México es el de menor cobertura de prescolar, con 123 puntos debajo de la media nacional. Chihuahua es el estado que tiene la menor cobertura frente a 99 por ciento de la media nacional en educación primaria, con 93 por ciento. En educación secundaria, la brecha ante la cobertura nacional y la de Guerrero es de 13 puntos porcentuales. Otro caso notable de desigualdad y discriminación es el de los adolescentes y jóvenes en general, pues el incremento de la inseguridad en nuestro país los hace ver en algunas entidades como potenciales delincuentes, argumentando que por su seguridad y desarrollo se aplican medidas que los colocan como presuntos infractores, conculcando así algunos de sus derechos más elementales. Es el caso de los denominados operativos mochila, ciertas medidas antidopaje y el establecimiento de horarios de circulación restringidos.
Estas son algunas de las consideraciones y datos que se incluyen en el Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004, denominado Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad, presentado el pasado 4 de octubre y elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, una coalición de 58 organizaciones y redes mexicanas que se ocupan de estas situaciones. El informe, que se basa en datos oficiales, muestra que la desigualdad es una característica que está presente en todos los aspectos de la vida de los niños y niñas en México. Desigualdad que se produce tanto entre los estados (seis del sur y del centro del país presentan 40.3 por ciento de la desigualdad nacional), como los municipios.
El reto es cada vez mayor, en la medida en que los logros más significativos a este nivel dan cuenta de retrocesos en aquellos grupos infantiles de la población que, si bien no veían cumplidos en plenitud sus derechos, por lo menos se acercaban a lograrlo. (Los rostros de los niños y niñas mexicanas son diversos, y conservar esta diversidad es también un reto. Pero son los rostros de la diversidad en la igualdad los que reflejarán que los derechos de los niños y niñas mexicanos se cumplen.)