También se apropió de dineros de fondos reservados
Tráfico de armas, origen de fortuna de Pinochet, según el Estado chileno
Santiago, 13 de octubre. El Consejo de Defensa del Estado chileno afirmó que existen pruebas suficientes de que la fortuna de Augusto Pinochet se originó en el tráfico de armas y el uso de fondos reservados, durante los alegatos de dos días en favor y en contra que se llevaron a cabo ante la Corte Suprema.
No obstante, el máximo tribunal del país decidió dejar en suspenso hasta la próxima semana su decisión sobre el eventual desafuero del ex dictador para someterlo a proceso, como pidió el juez Sergio Muñoz, a cargo de la investigación, luego de que así lo aprobó en principio el 7 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago.
La abogada del consejo, especie de fiscalía del Estado, María Teresa Muñoz, afirmó en su exposición que hay pruebas que indican que la fortuna de Pinochet, descubierta en el extranjero por unos 27 millones de dólares, proviene de la venta ilegal de armas en los años 90 y de las comisiones por extorsión que recibió por equipos vendidos a las fuerzas armadas chilenas.
Afirmó que el juez Sergio Muñoz logró establecer la trama que tejió el ex dictador (1973-1990) para amasar millones de dólares mediante el tráfico de armas, luego que el caso estalló en agosto de 2004 cuando el Senado de Estados Unidos detectó sus millonarias cuentas secretas en el banco Riggs y otras instituciones, que a la postre sumarían unas 130 en varios países.
"En la investigación existen antecedentes suficientes respecto de su origen, el cual por ahora podría proceder de gastos reservados, que son fondos fiscales, y que tienen que ver con negocios importantes que realizaron el ejército y las fuerzas armadas, puesto que hemos encontrado numerosos depósitos en cuentas de Pinochet de sociedades relacionadas con éste, que provienen de fábricas que se dedican a la producción de armamentos", indicó.
La abogada sostuvo que es falso que los dineros son intereses y donaciones, pues las inversiones de Pinochet recibieron intereses mínimos, además que en el expediente no existen antecedentes de regalos en metálico provenientes de admiradores.
En ese sentido, insistió, la Casa Militar creada por el propio ex dictador para el manejo de ciertos dineros del gobierno, abrió cuentas en el extranjero que finalmente fueron en beneficio del procesado.
Agregó que el Consejo de Defensa del Estado sospechó de los vínculos de Pinochet con la venta de armas tras indagatorias al contador personal del ex militar y de los manejos en la industria de guerra fiscal.
Rodrigo Véliz, abogado del Servicio de Impuestos Internos, indicó que se le debe desaforar porque no tributó en Chile sus ingresos e inversiones en el extranjero, e incurrió en evasión tributaria por 16 millones de dólares entre 1981 y 2004.
Asimismo, recalcó, la ley chilena indica que los dineros de Augusto Pinochet sí pueden ser investigados durante el lapso que estuvo detenido en Londres, entre 1998 y 2000, a diferencia de lo que afirma su defensa, y que además debería declarar por la evasión tributaria en ese periodo.
El representante de la Fundación Salvador Allende, otro de los querellantes, Víctor Araya, se centró en la legalidad del embargo que hizo el juez español Baltasar Garzón mientras Pinochet estuvo detenido en la capital británica.
El abogado defensor, Pablo Rodríguez, rechazó la vinculación de los dineros de su defendido con el tráfico de armas, sostuvo que los delitos están prescritos e insistió en que Pinochet sólo puede ser indagado por evasión tributaria entre 2000 y 2004.
Alfonso Insunza, otro de los abogados querellantes, argumentó que se tiene que confirmar el desafuero por los vínculos del ex jefe castrense con el lavado de dinero y por las declaraciones tributarias incompletas o falsas registradas entre 1980 y el 2004.
"Existen antecedentes irrefutables que acreditan su participación en lavado de dinero. Fundamentalmente, la formación de sociedades externas utilizadas para esconder esos millones de dólares", acusó.
En otro orden, un ex colaborador del presidente Ricardo Lagos, Matías de la Fuente, fue sometido este jueves a un segundo proceso bajo el cargo de desvío de recursos fiscales para financiar en 1999 la campaña electoral del hoy mandatario.